¿Por qué Argentina no compró vacunas de Pfizer?: esta es la respuesta oficial del Ministerio de Salud
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El Gobierno respondió de manera oficial los motivos por los que finalmente no compró vacunas del laboratorio Pfizer contra el coronavirus.
A través de un escrito del Ministerio de Salud, la administración de Alberto Fernández dio explicaciones en las horas previas a la presentación de las farmacéuticas en el Congreso.
El texto incluye tres preguntas que los diputados nacionales Juan Manuel López y Rubén Manzi de la CC-ARI le hicieron al Ministerio a través de un pedido de informe de acceso a la información pública y que, por primera vez, desde el Gobierno decidieron responder.
La primera de ellas pide que la cartera sanitaria indique "cuáles fueron los motivos" por los cuales el país decidió, hasta este momento, no adquirir vacunas contra el covid-19 a dicho laboratorio.
Los diputado del partido de Elisa Carrió explican que lo preguntan "dado el conjunto de hipótesis y especulaciones que se han brindado" sobre el frustrado intento por adquirir dosis de Pfizer que van desde ceder glaciares y recursos naturales, pasando por denuncias de irregularidades, hasta "cosas indignas", según palabras del exministro Ginés González García.
En esa respuesta, Salud indicó que "distintos proveedores de la industria farmacéutica solicitaron al gobierno argentino condiciones tales como la prórroga de jurisdicción, indemnidad patrimonial y confidencialidad, en observancia de la situación en el mercado internacional de vacunas" y que por esa razón "el Congreso sancionó la Ley 27.572 de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra la Covid-19".
Pero en el caso puntual del laboratorio de la polémica, advirtió: "No obstante, luego de publicada esta ley, Pfizer expuso en sus negociaciones la necesidad de contemplar cláusulas con mayores requerimientos que superaban las excepcionalidades previstas en la mencionada normativa".
"Las dificultades en relación a la compañía norteamericana radicaron en dos problemas. El primero, fue el planteo de excluir la negligencia no sólo del contrato, sino también de la ley mencionada, lo que implicaba la modificación de una norma. El segundo problema se relaciona con los criterios para la aceptación de la garantía con contragarantía de ejecución en el exterior", agregó el informe.
El cierre de la primera respuesta señaló que esos "son los dos puntos sobre los que no se ha llegado a un acuerdo". Pero destaca que "durante el mes de abril y al día de la fecha, Argentina retomó las conversaciones con el laboratorio Pfizer para avanzar en un posible acuerdo para la provisión de vacunas contra el Covid-19".
La segunda pregunta de los legisladores de la oposición apuntó a las exigencias que fueron requeridas por el laboratorio, cuáles los ofrecimientos realizados por la República Argentina, y toda aquella información que pudiera abonar a dar transparencia pública al proceso de negociación. Pero la respuesta del Gobierno fue que eso ya había sido mencionado en la primera.
Otro dato que revelan las respuestas de Salud es la confirmación de que Argentina no firmó ningun acuerdo de confidencialidad con Pfizer, argumento que es usado por funcionarios para dar explicaciones escuetas sobre lo sucedido con ese laboratorio.
López y Manzi preguntaron allí "si el Estado argentino celebró con el laboratorio Pfizer -a través del Ministerio de Salud- acuerdos o cláusulas de confidencialidad".
"No se celebró con el laboratorio Pfizer a la fecha, ningún contrato ni acuerdo de compra o adquisición, conforme lo facultado por el artículo 4 de la Ley 27.573 de Adquisición de Vacunas contra la Covid-19", fue la respuesta oficial del informe firmado por Mariana Giacobbe Goldberg, asesora de la Dirección Nacional de Desarrollo de Políticas Públicas.
En el cierre, además, añade que "se encuentran publicados en el Registro Único de Audiencias de Gestión de Intereses todos los datos de audiencias llevadas a cabo con los representantes de la firma Pfizer en Argentina, detallados por representante en nombre de este Ministerio de Salud como Sujeto Obligado, solicitante de la audiencia, otros participantes, fecha, hora y motivo de la audiencia".
El pedido de información de López y Manzi se presentó días después de que Ginés González García dijera que a Pfizer le había propuesto algo indigno para obtener sus vacunas. "Hasta le llegamos a ofrecer una cosa casi indigna, una firma de responsabilidad individual, de cada uno de los vacunados diciendo que no iban a hacer ningún reclamo", señaló el exministro, echado del Gobierno tras el escándalo del vacunatorio VIP.
El martes 1 de junio, con pocas expectativas de respuestas firmes, los parlamentarios de la CC-ARI hicieron el pedido de información pública. Y la velocidad de la respuesta, que llegó apenas 6 días después, hasta los sorprendió a ellos mismos. Es que los funcionarios tienen un plazo de 15 días para contestar, prorrogable por otros 15.
La contestación por escrito y de manera oficial repite los argumentos que expusieron funcionarios de la ministra de Salud Carla Vizzotti el 6 de abril pasado. Sin embargo, contradice algo dicho por Mauricio Monsalvo, subsecretario de Gestión Administrativa, que señaló que el país había firmado un convenio de confidencialidad.
"Respecto a la gross negligence -o negligencia grave, como se traduce del inglés- y a las dificultades que tuvimos con Pfizer, en virtud del convenio de confidencialidad que hemos firmado -si bien el contrato no prosperó el convenio sí y tiene un alcance-, me limitaré a los comentarios vertidos por el ministro Ginés González García en la reunión previa ya que es información de público conocimiento. Entiendo que de ese modo no violaré la confidencialidad", sostuvo el Monsalvo.
Y detalló: "Hubo dos problemas con la compañía norteamericana. El primero tenía que ver con el planteo de excluir la negligencia no solo del contrato, sino también de la ley, lo que implicaba la propia modificación de una norma. Les pido disculpas, pero no tengo autoridad suficiente para explicar por qué no se propuso al Congreso la modificación de esa ley. Es un tema que hemos conversado muchísimo, pero el problema concreto por el que no se pudo firmar está vinculado con el marco legal vigente en la República Argentina y, fundamentalmente, con la negligencia".
"El segundo problema se relaciona con un tema un poquito más complejo que el ministerio planteó en una nota que responde a un pedido de acceso a la información pública. Me refiero a los criterios para la aceptación de la garantía con contragarantía de ejecución en el exterior. Estos son los dos puntos sobre los que no hemos llegado a un acuerdo", argumentó.