Inminente decisión de la Corte por las clases presenciales: Maqueda y Rosatti ya votaron
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La Corte Suprema podría ratificar la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires en la pelea que tiene con el Gobierno Nacional por la suspensión de clases presenciales. Hasta el momento, los ministros Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti han presentado un escrito en el que emitieron su opinión y reafirmaron que el distrito tiene una autonomía similar a la de cualquier provincia.
Todavía faltan los votos de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton y Carlos Rosenkrantz, pero es importante tener en cuenta que el entorno cercano al máximo tribunal de la Nación descuentan que el Presidente votará en contra de la suspensión de clases presenciales.
Cabe recordar que Maqueda y Rosatti se desempeñaron como convencionales constituyentes en 1994, cuando se hizo la reforma. En esta ocasión, emitireron su postura a favor del "espíritu" de la Constitución sancionada durante el menemismo tras un acuerdo entre Raúl Alfonsín y Carlos Menem.
Según se ha podido saber hasta el momento, Elena Highton de Nolasco se va a excusar porque ella había planteado en un principio su disidencia.
Cabe mencionar que la integrante del máximo Tribunal de Justicia había votado en disidencia respecto de la intervención de la Corte en el planteo del jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
"Este fallo se va a conocer en el día de mañana y será muy importante porque marcará las decisiones que tome el Gobierno nacional respecto de la pandemia y las restricciones", destacó radio Mitre.
La causa fue iniciada el 16 de abril por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En su presentación, el Gobierno porteño pidió que la Corte declarara inconstitucional el artículo 2 del decreto de Fernández que suspendió las clases presenciales en el área metropolitana (AMBA) por dos semanas y que dispusiera una medida cautelar.
El dictamen de la Procuración
La Procuración General de la Nación consideró inconstitucional el decreto del presidente Alberto Fernández que suspendió las clases presenciales, en el dictamen que presentó ante la Corte Suprema de Justicia por el conflicto entre el Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires en torno al tema.
El dictamen, que es de carácter no vinculante, fue entregado a la Corte, que quedó en condiciones de decidir sobre la acción de inconstitucionalidad presentada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en contra de las medidas adoptadas por el gobierno nacional.
En el dictamen, el procurador general interino, Eduardo Casal, evaluó que "los argumentos expuestos en la norma impugnada no alcanzan para fundar un estado de necesidad que permita legitimar la suspensión de la concurrencia a los establecimientos educativos en todos sus niveles".
El procurador señaló que la orden dictada en el DNU 241 "a la que la actora atribuye ilegitimidad y lesión al régimen de autonomía de la Ciudad, representa una conducta explícita de la demandada, con entidad suficiente para sumir a la peticionante en un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance y modalidad de una relación jurídica".
La Ciudad ratificó su defensa de las clases presenciales
Por otra parte, más temprano, la Procuración General porteña realizó este jueves una presentación ante la Corte Suprema de Justicia en la que ratificó la postura de la administración de Horacio Rodríguez Larreta de mantener las clases presenciales en ese distrito y habló de "falta de coordinación" entre el Ministerio de Educación de la Nación y el resto del Gobierno.
La presentación se hizo efectiva en el marco de la disputa entre el Gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires por la presencialidad en la aulas, tras el decreto del presidente Alberto Fernández que dispuso su suspensión en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y la cautelar que presentó luego el jefe de Gobierno porteño.
En el escrito, la Procuración a cargo de Gabriel Astarloa recordó "la postura en favor de la continuidad de las clases presenciales sostenida ante la prensa por el titular de la cartera educativa, horas antes de que el Presidente de la Nación anunciara en cadena nacional los lineamientos del decreto 241".
De esa manera aludieron a lo que había manifestado el ministro Nicolás Trotta antes del anuncio presidencial, al tiempo que señalaron que en el expediente judicial el Gobierno nacional no presentó informes con la opinión técnica del Ministerio de Educación de la Nación.
"A nuestro entender esta omisión refleja no sólo la falta de coordinación en la articulación de una medida tan importante como es suspender la presencialidad en las escuelas, sino también la arbitrariedad del decreto aquí cuestionado", expresa el escrito de la Procuración porteña.
