La Justicia Federal ordenó a la Ciudad suspender las clases presenciales hasta que defina la Corte Suprema
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El Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo declaró la incompetencia de la justicia porteña y envió el expediente a la Corte Suprema, medida que deja sin efecto la cautelar planteada por padres y madres de alumnos contra el DNU de suspensión de las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires.
El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Esteban Furnari pidió al Gobierno porteño que "se abstenga de aplicar o ejecutar la medida dispuesta el pasado fin de semana", en referencia al fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires que había ordenado mantener las clases presenciales en el distrito.
La resolución del juez fue emitida ante un pedido del procurador del Tesoro, Carlos Zannini, de admitir la competencia federal, declarar la inhibitoria para entender o resolver sobre el tema de la Justicia de la Ciudad y enviar el expediente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por ser de competencia originaria.
Esta es la resolución del Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo:
Pedido de inhibición de la justicia porteña
El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, había dicho a la mañana que esperaba que en los "próximos días" la Corte Suprema de Justicia dictamine sobre la presentación de la Ciudad de Buenos Aires contra la suspensión de las clases presenciales por 15 días dispuesta por el Gobierno nacional entre las medidas para mitigar la segunda ola de coronavirus.
"La Corte ya le dio traslado al Gobierno nacional para que informe, luego de tomar todos nuestros argumentos, así que lo que corresponde es esperar que dictamine en los próximos días", dijo el funcionario.
"Vamos a acatar el fallo de la Corte Suprema; eso está fuera de discusión", agregó luego. "A nivel nacional, el caso de las clases presenciales lo tiene la Corte Suprema, que dictaminó que es competente para dictaminar en un tema como este, ya que es una discusión entre el Gobierno nacional y un gobierno local, con lo cual no debería actuar un juzgado federal", consideró el mandatario porteño.
Luego de que el domingo la sala IV de la Cámara en lo Contencioso y Administrativo y Tributario de la justicia porteña ordenara la continuidad de la presencialidad educativa en la ciudad, la Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de Carlos Zannini, pidió la inhibitoria de la justicia porteña y que se mantenga la aplicación del decreto presencial en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires.
Al exponer sus argumentos en favor de las clases presenciales, Rodríguez Larreta subrayó hoy que, "respecto de la educación, la Constitución nacional dice que quien es competente y quien es responsable, es el Gobierno de la Ciudad, y ,si hay una discusión de interpretación de alguna norma, lo tiene que dirimir la Corte".
En ese punto, agregó que "la Ciudad tiene estatus de provincia, es autónoma, eso está fuera discusión" y sostuvo que, "de hecho, la Corte tomó el caso; si no, no lo hubiera hecho".
En ese marco, subrayó: "Acataremos el fallo que la Corte disponga, pero, por otro lado, yendo al fondo de la cuestión, para nosotros es fundamental que los chicos estén en las aulas, y las clases presenciales se abrieron porque hubo un fallo de la Justicia que nos ordenó habilitarlas".
De todos modos, resaltó que, dada la preocupación transmitida por el Gobierno nacional, decidieron "fortalecer los cuidados y el control alrededor de las escuelas, para que no haya aglomeraciones". Insistió con que "la educación es una prioridad" y es "lo último que hay que cerrar".
Docentes de colegios privados rechazaron la presencialidad
La seccional porteña del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) ratificó este martes la continuidad de la retención de tareas presenciales y el dictado de clases virtuales hasta el 30 de abril próximo, cuando expire el decreto presidencial, y ratificó de plano su rechazo a la insistencia del Gobierno porteño para que los trabajadores regresen a las aulas.
"El Sadop cumplirá hasta el 30 de abril próximo el contenido del decreto presidencial 421/21, que determinó durante dos semanas el regreso a la virtualidad para dictar clases en la ciudad", explicó el secretario de Prensa, Javier Mauad.
La decisión del gremio, que el lunes último había paralizado las tareas junto con la UTE, la Ademys y otros sindicatos, se fundamentó en "la necesidad de cumplir las leyes" ante el incremento de contagios por la Covid-19 y el polémico fallo de la justicia metropolitana.
La conducción sindical aplicará hasta el 30 "una retención de tareas presenciales", porque un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) es "una ley nacional y, como toda ley, es preciso cumplirla, y nadie puede obligar a los trabajadores a no hacerlo".
El gremio reclamó a las autoridades metropolitanas "responsabilidad" y sostuvo que a la insistencia oficial para regresar a la presencialidad "se suma el deficiente plan de vacunación, que está muy lejos de lo resuelto por el Consejo Federal de Educación (CFE)".