Atención inquilinos: así será el descongelamiento de alquileres que comienza el 1º de abril
El decreto de congelamiento de alquileres y prohibición de desalojos estuvo vigente durante un año, pero ese período llegará a su fin este miércoles. Es por eso que el Gobierno puso en marcha un protocolo que apunta a brindar asistencia a las familias que tienen problemas habitacionales.
Así, luego de un año de congelamiento de los valores de los alquileres, a partir del 1º de abril los contratos podrán actualizarse. En este contexto, quienes hayan acumulado deuda deberán acordar planes de pago de hasta 12 cuotas contemplados en la normativa o, de lo contrario, enfrentar juicios de desalojo. Cabe recordar que la medida se tomó como parte de las decisiones de emergencia que llegaron como consecuencia de la pandemia.
A principios de marzo, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, había anticipado a Télam esta decisión, es decir, que no se extendería el decreto. En aquellas declaraciones había dicho, además, que a partir de abril "no habrá posibilidad de desalojos sin mediación", una instancia que se creó en la nueva Ley de Alquileres.
Además, el Gobierno implementó la obligatoriedad de registrar los contratos de alquiler en AFIP, lo cual de no cumplirse es un impedimento para el propietario en caso de querer avanzar en un desalojo.
El protocolo de riesgo temprano de desalojo
Por otra parte, esta semana se creó el "protocolo de riesgo temprano de desalojo". La meta de esta medida es asistir a todas aquellas personas que se encuentren en situación de desalojo ante el inminente vencimiento del decreto.
A través de la Resolución 88/2021, publicado el pasado 26 de marzo, se estableció la elaboración y aprobación del Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres Formales.
Se establecerán los criterios de priorización de las personas, teniendo en consideración a las familias monoparentales, en situación de violencia de género, a las personas con discapacidad, mayores o en situación de vulnerabilidad, entre otros.
En este sentido, el secretario de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini, aseguró a Télam que "esta decisión representa un Estado sensible que no mira para el costado ante una circunstancia que todos deseamos que no se produzca, que tiene que ver con el desalojo de familias".
"Vamos a trabajar en articular el esfuerzo del Estado en revertir esta situación habitacional a partir de una oferta de viviendas, y mientras tanto tener una respuesta, con un protocolo con pasos concretos, para atender la situación de cada familia y dar una solución habitacional a partir del financiamiento que el Estado hace de los programas de viviendas", mencionó el Secretario.
Finalmente, el funcionario de la cartera dirigida por Ferraresi informó que se hará "un relevamiento de información fehaciente de sentencias que se podrían llegar a ejecutar, con un criterio de prioridad de situaciones de mayor vulnerabilidad". Al mismo tiempo, agregó: "También vamos a realizar un relevamiento con las unidades ejecutoras de soluciones habitacionales de todo el país que arman el listado de adjudicatarios de viviendas para que dentro de esos listados se priorice a personas en situación de desalojo".