Formosa: tremendo informe de Human Rights Watch contra las políticas de Gildo Insfrán
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La organización de derechos humanos Human Rights Watch acusó al gobierno de Gildo Insfrán en Formosa de usar "medidas frecuentemente abusivas e insalubres" para prevenir la propagación del coronavirus, y de restringir el trabajo de la prensa para cubrir la situación en la provincia.
El informe señala que el gobierno de Insfrán habría "empleado excesivamente la fuerza contra quienes protestaban por las medidas relacionadas con el Covid-19 y, durante meses limitaron severamente la posibilidad de la población de la ciudad de Clorinda de trasladarse y acceder a atención médica",
"Los centros insalubres y hacinados como los de Formosa pueden propagar la transmisión del coronavirus, menoscabar derechos humanos básicos y debilitar la confianza en las autoridades de salud pública, lo cual resulta crítico para una respuesta adecuada al Covid-19", indicó la doctora Kathleen Page, médica y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins.
"Aislar a ciudades enteras puede generar más problemas que beneficios para la salud en el largo plazo", profundizó.
Coronavirus Formosa: qué dice el informe de Human Rights Watch
En efecto, Human Rights Watch entrevistó a 45 personas en Formosa, incluidas 30 que habían estado confinadas en centros de aislamiento o cuarentena, así como a distintos profesionales.
"La mayoría de los entrevistados temen sufrir represalias en Formosa y accedieron a dar su testimonio con la condición de que no divulgáramos sus nombres y otros datos que permitiera identificarlos. Algunos manifestaron ser empleados públicos y temían perder su trabajo", señaló la organización.
"En enero, tras un marcado aumento en los casos confirmados de Covid-19, el gobierno incrementó sustancialmente el número de personas retenidas en centros de cuarentena y de aislamiento. Muchas de ellas reportaron abusos", indic a el informe.
El documento de la entidad norteamericana de derechos humanos señala como hecho testigo de la dureza de las restricciones el caso de Zunilda Gómez, de 33 años, quien cursaba el tercer mes de embarazo de su cuarto hijo cuando, el 19 de diciembre, la policía se llevó a su familia de su vivienda en la ciudad de Clorinda.
Las autoridades terminaron encerrando a la mujer y a sus tres hijos, de 12, ocho y cinco años, en una habitación de hotel. El 5 de enero, Gómez pidió ayuda y fue trasladada a un hospital: había sufrido un aborto espontáneo. Sus hijos permanecieron aislados en el hotel hasta el día siguiente.
Su esposo, que fue trasladado a un centro de aislamiento a 120 kilómetros de distancia tras resultar positivo, se enteró de la pérdida del embarazo cuando lo llamó un familiar.
Entre agosto de 2020 y marzo de 2021, las autoridades formoseñas impusieron en Clorinda un "bloqueo sanitario", donde suspendieron el transporte público y exigieron que todos quienes pretendan salir de la ciudad presenten una prueba negativa de Covid-19 y obtengan autorización de la policía, lo que impidió la posibilidad de una atención médica adecuada, ya que los tratamientos son escasos en la ciudad.