Vacunas Pfizer: revelan las insólitas exigencias que la empresa impuso a Argentina y otros países
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Pfizer, la farmacéutica estadounidense, impuso condiciones abusivas a Gobiernos de Latinoamérica cuando debió sentarse a negociar las millonarias compras de vacunas contra el coronavirus.
Así lo dio a conocer un reciente informe de la organización periodística The Bureau of Investigative Journalism (TBIJ), en conjunto con el medio peruano Ojo Público, en donde se reveló que, entre las exigencias de la compañía, se pidió colocar en forma de garantía activos soberanos de países, incluyendo propiedades públicas, como embajadas y bases militares, o reservas de bancos federales.
Estas garantías son como una manera de resguardarse ante eventuales demandas por posibles resultados adversos tras la aplicación de las dosis. Frente a ello, una fuente anónima calificó la postura de Pfizer como una "intimidación de alto nivel".
En cuanto a las condiciones de cada país, el infome reveló que funcionarios de Argentina y otro país latinoamericano detallaron que los representantes de la empresa exigieron una indemnidad adicional contra cualquier reclamo civil que los ciudadanos pudieran presentar si experimentaban efectos adversos después de ser vacunados.
La farmacéutica le solicitó al país que contratara un seguro internacional ante eventuales conflictos. Y en diciembre, llegó la condición que terminó quebrando la negociación: pidieron que Argentina colocara sus activos en forma de garantía, algo que podía incluir inmuebles estratégicos y fondos del Banco Central.
Un conflicto similar se produjo en las negociaciones entre Pfizer y Brasil. A este país le habrían planteado que, además de disponer de activos soberanos, tendría que depositar dinero en una cuenta bancaria del extranjero para crear otro fondo de garantía. Estos requisitos fueron definidos como "abusivos" por el Ministerio de Salud. Igualmente, el ente regulador brasileño ya aprobó el uso de estas inyecciones a gran escala, aunque la compra está trabada.
A pesar de esta situación, en América Latina y el Caribe Pfizer logró vender su vacuna a nueve países: Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Uruguay y Perú, aunque los detalles de los acuerdos no se hicieron públicos.
Garantía: glaciares y permisos para pescar
Ya en diciembre del año pasado, el médico cirujano, sanitarista y asesor del gobierno bonaerense Jorge Rachid indicó que en la negociación por las vacunas, Pfizer pidió como garantía "una nueva ley con bienes inembargables que incluía glaciares".
"Argentina le ofreció el Hospital Militar Central, que es del Estado; ofreció al mejor equipo científico con el doctor Fernando Polack a la cabeza; se hicieron 6.000 ensayos clínicos de argentinos sin que a Pfizer le cueste un solo peso, para poder colaborar como hizo todo el mundo", dijo uno de los médicos que integra el Comité de Expertos que asesora al gobernador Axel Kicillof para definir las políticas en la Provincia.
En este contexto, señaló que una de las condiciones del laboratorio Pfizer-Biontech para distribuir las vacunas en el país fue una ley "que al gobierno le pareció lógica porque es como el consentimiento informado que usted firma antes de entrar a un quirófano, por ejemplo".
"Esto sucede porque la fase tres dura de dos a cinco años y entonces estamos aprobando todos los países del mundo temporariamente porque la fase va a seguir. Ahora ya tenemos siete meses de constatación semanal que la vacuna no hace daño y genera anticuerpos. Además, es confiable y no vamos a permitir que se mueran dos millones de personas cuando tenemos una herramienta como esta", continuó.
Pero luego dijo que cuando aprobaron la ley, desde el Gobierno se opusieron "a que haya bienes embargables en la Argentina" en la negociación y añadió: "Ellos pidieron como garantía una nueva ley con bienes inembargables que incluía glaciares y permisos de pesca".
"La fase tres de investigación dura entre 3 y 5 años. Ellos pidieron bienes naturales como garantía. Vienen acá a pasearse como si fuese una colonia", cuestionó.
Además, contó en declaraciones radiales que Pfizer se volvió a reunir con el presidente Alberto Fernández y "aceptó que no vamos a ceder en eso y se está buscando un contrato".
Posteriormente, afirmó que "cuando digo los glaciares no es casual, porque hace dos semanas el agua dulce comenzó a cotizar en Wall Street. No nos olvidemos que el dueño de Pfizer es el fondo Black Rock, el mismo que trató de impedir la reestructuración de deuda argentina".
Condiciones inaceptables
Ginés González García, quien era en ese momento ministro de Salud, había asegurado entonces no entender "las exigencias de Pfizer" para concretar la venta de vacunas contra el coronavirus a la Argentina y había afirmado que "pareciera que no le tienen fe" a la misma.
Pfizer fue uno de los primeros laboratorios del mundo que inició conversaciones con el gobierno argentino para concretar la venta de vacunas contra el coronavirus cuando todavía no había vacunas ni certezas sobre el momento en que estarían disponibles. Incluso, en el Hospital Militar de la Ciudad de Buenos Aires se realizó uno de los ensayos clínicos más importantes del mundo.
Después de muchos meses, el desarrollo científico empezó a tener la aprobación de los entes reguladores de todo el mundo para empezar a ser inoculado, pero una controversia impidió que la Argentina estuviera en la lista de países con acceso a esas dosis.
En ese contexto, González García había argumentado que desde el laboratorio pidieron "condiciones inaceptables" para firmar los acuerdos, pero evitó dar detalles porque -argumentó- rigen cláusulas de confidencialidad que invisten la negociación.
Sin embargo, trascendió que los impedimentos están vinculados con la inmunidad jurídica que Pfizer pretendía tener en el país ante eventuales consecuencias adversas de la dosis en la población.
"Les ofrecimos la estructura para que hicieran el estudio clínico acá, hubo condiciones contractuales para las cuales hicimos una ley y hubo alguna cosa de la ley local que no encaja con lo que ellos quieren. Y la verdad es que es muy difícil para nosotros hacer otra ley, más allá de que no sería lo más digno para un país", había insistido el exministro.