El salto de Electroingeniería de la pequeña empresa de barrio a un emporio constructor

Electroingeniería es uno de los casos de grandes grupos empresariales argentinos engordados al calor de la cercanía con el Estado. Durante décadas, cuando se habló de emporios construidos no tanto a golpe de inversiones y jugadas de riesgo empresarial, sino de cabildeo en despachos gubernamentales, se mencionaba que una misma línea de conducta unía a los más importantes grupos económicos nacionales.

En los dos tomos de su libro Los dueños de la Argentina: la cara oculta de los negocios, publicado en la década de 1990, el periodista Luis Majul analizó cómo empresas industriales ligadas a la construcción y a sectores vinculados hicieron una “exhibición impúdica del concubinato entre los grupos económicos y los gobiernos de turno”.

Electroingeniería, que sigue siendo cabeza del grupo Eiling, ha hecho méritos para obtener la membresía en ese club exclusivo.

La creó Osvaldo Acosta, santiagueño de Añatuya, quien le abrió la puerta a la empresa a Gerardo Ferreyra, su viejo amigo de la Facultad de Ingeniería de Córdoba, cuando este fue liberado en 1984, tras ocho años de cárcel.

Ferreyra había militado en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), la organización marxista leninista liderada por el santiagueño Mario Roberto Santucho. Según dijeron compañeros de prisión, habría sido detenido por su participación en el ataque del 20 de agosto de 1975 a la División Informaciones de la Policía de Córdoba, que funcionaba en el Cabildo de la capital provincial.

En la penitenciaría de barrio San Martín, Ferreyra compartió la detención con Carlos Zannini, quien luego fue secretario Legal y Técnico de la Presidencia durante los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, y quien por aquellos años era un militante de la agrupación maoísta Vanguardia Comunista.

El directivo de Electroingeniería también compartió esa cárcel con el actual ministro de Obras Públicas y Financiamiento de Córdoba, Ricardo Sosa, quien es uno de los vínculos más fuertes que tiene Ferreyra en el actual gobierno de Juan Schiaretti.

Según confirmaron dos exmilitantes de aquellos años, Sosa, a quienes todos ya conocían como “Chaucha”, entre fines de 1975 y principios de 1976, fue trasladado del pabellón 8 al pabellón 6 de la penitenciaría, donde también estaban Ferreyra y Zannini, según La Voz.

A diferencia de los otros dos detenidos, Sosa militaba en las Fuerzas Armadas Peronistas, que tenían fuerte presencia en la fábrica Transax (actual Volkswagen), mientras que el gobernador Schiaretti, luego del paso por el cristianismo integralista, militaba por aquel tiempo –según las mismas fuentes– en el Peronismo de Base, organización crítica hacia Juan Perón que terminó acercándose a las FAP.

Estos contactos privilegiados, forjados en el frío de la prisión, le permitieron a Ferreyra muy buenos vínculos con los gobiernos kirchneristas, en la Nación, y con las administraciones de José Manuel de la Sota y de Schiaretti, en la provincia, ya que Sosa fue funcionario de ambos gobernadores, tanto en la presidencia del Banco de Córdoba como en las áreas de obras públicas y búsqueda de financiamiento.

El primer gran salto de Electroingeniería lo dio en 2001, durante el primer gobierno delasotista. La UTE CPC-Electroingeniería resultó ganadora en una muy cuestionada licitación para construir 110 escuelas, pese a que carecía de antecedentes en el rubro. Fue tal el escándalo que la Provincia terminó dando de baja reparticiones completas donde los profesionales a cargo señalaban las carencias y elementos “ilícitos” de la propuesta de la empresa.

Todo el personal del Registro de Constructores de Obras fue suspendido por ese motivo y la institución fue intervenida por el entonces secretario de Obras Públicas, Hugo Testa. No obstante, el gobierno consiguió que el Colegio de Arquitectos y la Universidad Tecnológica dieran un aval técnico a la capacidad de Electroingeniería.

Los principales funcionarios que en aquel momento participaron en ese proceso de construcción de las escuelas fueron, además de De la Sota, el fiscal de Estado, Domingo Carbonetti; el entonces ministro de Educación y actual miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Juan Carlos Maqueda, y el ministro de Obras Públicas y actual senador nacional Carlos Caserio, con el agregado de que Ricardo Jaime, quien luego saltaría al estrellato de la corrupción kirchnerista, en aquel momento era secretario del Ministerio de Educación de Córdoba, designado por De la Sota a pedido de Kirchner.

Electroingeniería ganó la obra. Pese a los avales anteriores, terminó denunciada por numerosas Pyme que fueron subcontratadas para construir las escuelas y no recibieron su pago.

Varias de estas empresas cerraron por el ahogo financiero y en algunos casos, a falta de dinero, debieron aceptar que Electroingeniería les pagara con departamentos y bonos correntinos. La empresa figuraba con más de 1.200 cheques impagos.

El presupuesto oficial para las escuelas, de 63,7 millones de pesos de entonces, acabó superando los 100 millones. Entre otras cosas, Electroingeniería no había cotizado los timbres o los tanques de agua de las escuelas, y la Provincia debió habilitar fondos extras.

Pese a todos esos inconvenientes, Electroingeniería resultó adjudicada en la segunda licitación por otras 100 escuelas, que lanzó De la Sota en 2002.

Para que no le embargaran los fondos de las certificaciones de la nueva obra que le pagaba la Provincia, Electroingeniería creó otra empresa, Adfisa SA, para administrar las obligaciones de la primera licitación. “No somos destructores de empresas”, se defendía Osvaldo Acosta por aquellos días.

“No somos destructores de empresas”, se defendía Osvaldo Acosta, fundador de Electroingeniería, años atrás

Luego, su historia es más conocida. La llegada del matrimonio Kirchner a la Nación le dejó a la empresa un camino dorado para ganar algunos de los contratos más suculentos: centrales térmicas en Campana y Timbúes, tendidos eléctricos, dos enormes represas en Santa Cruz, medios de comunicación, etcétera. Al mismo tiempo, siguió ganando grandes obras en Córdoba, como la construcción del nuevo Centro Cívico, la central eléctrica de Pilar y tramos de los gasoductos troncales.

La pequeña empresita que fabricaba tableros eléctricos en barrio San Martín había dado el salto.

Ahora, desde el miércoles a la madrugada, por orden del juez federal Claudio Bonadio, están detenidos Gerardo Luis Ferreyra, vicepresidente de la empresa, y Jorge Neira, gerente. Ayer, ante la prensa, Ferreyra dijo que todo era un “show”, mientras que Neira no abrió la boca.