Petrobras acordó pagar u$s2.950 millones para desactivar una demanda colectiva en un juzgado de Nueva York presentada por inversores que consideran que fueron perjudicados por el escándalo de corrupción que estalló en la compañía, informó este miércoles la petrolera.
"El acuerdo, que será sometido a la apreciación del juez, busca cerrar todas las demandas actualmente en curso", señaló Petrobras en una nota publicada por la Comisión de Valores, organismo regulador del mercado de capitales de Brasil.
La petrolera bajo control estatal propuso al abogado Jeremy Lieberman, que firmó en representación de todos los demandantes, dividir el pago en dos cuotas de 983 millones cada una y en una tercera de u$s984 millones.
El primer desembolso se realizaría hasta 10 días después de la eventual aprobación preliminar del juez Jed Rakoff, a cargo del caso; la segunda, hasta 10 días después de que obtenga la luz verde definitiva y la última en un máximo de seis meses posteriores a esa decisión o el 15 de enero de 2019.
No hay un plazo definido para que Rakoff juzgue si lo firmado cumple los requisitos necesarios como para extinguir la demanda, pero se espera que se expida preliminarmente en los primeros meses de 2018.
"El convenio elimina el riesgo de un juicio desfavorable que, conforme fue reportado anteriormente al mercado, podría causar efectos materiales adversos a la compañía y a su situación financiera. Además, pone fin a las incertidumbres, cargas y costos asociados a la continuidad de esa acción colectiva", señaló la nota de Petrobras.
La acción colectiva fue iniciada en diciembre de 2014 y, en caso de cerrarse favorablemente para Petrobras, aún le quedarán otros 13 casos individuales.
La petrolera brasileña, que informó que el monto del acuerdo impactará en su resultado del cuarto trimestre del 2017, dijo que ya había cerrado otros 21 acuerdos con inversores particulares en Estados Unidos y que aún le quedan causas abiertas en Brasil y Holanda.
Para Petrobras, el acuerdo millonario "no constituye un reconocimiento de culpa o de la práctica de actos irregulares", ya que se considera "una víctima" de los delitos revelados por la "Operación Lava Jato" (lavadero de autos), investigación que echó luz sobre una gigantesca red de corrupción y sobornos a políticos a cambio de obras en la estatal.
El caso se regó por todos los niveles de la administración pública sin distinguir partidos ni ideologías y llevó a prisión a parte de la élite empresarial y política de la mayor economía latinoamericana.
La demanda fue presentada por particulares y fondos de pensión, que habían invertido en la petrolera a través de productos financieros complejos.
Esos papeles habían sido adquiridos a un precio elevado basado en el valor estimado de los activos de la empresa brasileña, pero luego de que estallara el escándalo, la petrolera debió depreciar sus activos y generó pérdidas en los portafolios de numerosos inversores.
La firma registró como pérdidas más de u$s2.000 millones en su balance 2014 por ese caso.