Denuncian "irregularidades" en Armada para reparación del ARA San Juan

Una investigación realizada por el Ministerio de Defensa entre 2015 y 2016 determinó que la Armada Argentina no habí­a cumplido con los estándares normativos y operativos para la reparación de media vida y recambio de baterí­as del submarino ARA San Juan.

El informe señala que se buscó direccionar la compra de suministros para beneficiar a ciertos proveedores, lo que derivó en la compra de componentes con garantí­as vencidas y a través de delitos, según La Nación.

"La información colectada resulta contundente al menos para sostener no sólo que esas contrataciones no se ajustaron al procedimiento administrativo reglado, sino además que el personal militar a cargo de las mismas posiblemente haya incurrido en conductas ilí­citas que beneficiaron a las empresas adjudicadas, Hawker Gmbh y Ferrostaal AG", aseguran los investigadores.

Los autores del trabajo también alertaron sobre la situación a funcionarios del kirchnerismo y que lo mismo ocurrió con los sumergibles Salta y Santa Cruz. Aunque el Gobierno actualmente sólo tiene como prioridad el rescate del submarino y de sus tripulantes, antes de abrir una "investigación completa".

Esta información coincide con otros informes, como los llevados a cabo por una auditorí­a interna del Ministerio de Defensa y también de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), de acuerdo con el mismo medio.

Irregularidades

Según los técnicos de la SIGEN, los planes para la ejecución de la obra provocaron demoras de hasta cuatro años, que hicieron que se expirara la garantí­a de las baterí­as. Lo mismo sucedió con los motores, cuya demora fue de 314 dí­as.

Por su parte, la investigación interna del Ministerio de Defensa halló que los remitos de entrega de materiales no coinciden ni con el número ni con el monto de las facturas acompañadas a las órdenes de pago por 1.312.214 euros.

Los técnicos además remarcaron que en los procesos de la Armada para las reparaciones de los submarinos San Juan, Santa Cruz y Salta, y la Fragata Libertad se contrataron a las mismas empresas (Hawker y Ferrostaal), se descartaron las propuestas de otras empresas y se demoró la entrega de datos para las firmas que quisieran participar de las licitaciones.

También denunciaron que se aceleró el proceso de adjudicación, se adulteraron ciertos tramos del expediente para legalizar una decisión que ya estaba tomada, se evitó estudiar la razonabilidad de los montos que cotizaron las proveedoras y se demoró (o no se realizó) la notificación a la empresa rival para evitar que interpusiera impugnaciones, según La Nación.

Finalmente, el informe exigió al Ministerio alertar a la Oficina Anticorrupción sobre lo ocurrido y radicar una denuncia penal contra los oficiales y funcionarios de la Armada responsables, pero la cartera no siguió ninguna de las recomendaciones.