España pidió la detención europea de Puigdemont y crece la preocupación por una recesión económica
La Justicia española emitió este jueves una orden europea de detención contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y sus cuatro exconsejeros –quienes se encuentran en Bruselas, Bélgica– por no presentarse a su citación por rebelión, sedición y malversación.
La fiscalía solicitó a la jueza de la Audiencia Nacional de Madrid, Carmen Lamela, que emita una orden de detención contra ellos. Puigdemont pidió este miércoles a través de su abogado declarar por videoconferencia, pero el recurso fue desestimado.
El pedido de petición afecta, aparte de al expresidente catalán, a los exconsejeros Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura).
Por su parte, el vicepresidente cesado, Oriol Junqueras, y otros siete exministros prestaron este jueves declaración ante la jueza.
Asimismo, la magistrada decretó prisión condicional con una fianza de 50.000 euros para el exconsejero del gobierno catalán Santi Vila, quien dimitió de su cargo el día antes de que el Parlamento catalán realizara la declaración de la independencia el viernes pasado.
Vila fue el único que respondió a las preguntas de la jueza y del Fiscal durante el interrogatorio que tuvo lugar en la mañana del jueves en la Audiencia Nacional de España.
"Constan reiterados intentos de entregar la citación en su domicilio, así como reiteradas llamadas telefónicas, a las que se ha hecho caso omiso", señaló la Justicia española sobre los cinco exfuncionarios.
La magistrada, que adoptó las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía, considera que existe un riesgo de reiteración delictiva, de alteración y destrucción de pruebas y destacó que, debido a su alto poder adquisitivo de la mayoría de los imputados, se incrementaba el riesgo de fuga, según indicaron las fuentes.
Riesgo recesivo Cataluña se expone a caer en una recesión económica si la tensión política se prolonga, a la vez que el crecimiento de España en su conjunto podría verse seriamente desacelerado, advirtió el jueves el Banco de España.
Un escenario de tensión política "más severo y prolongado" desembocaría en "una recesión de la economía catalana durante buena parte del periodo analizado", es decir desde finales de 2017 hasta finales de 2019, estimó el banco central en un informe.
El crecimiento previsto para la economía española para ese periodo sería un 60% inferior a las previsiones actuales, para un impacto de unos 2,5 puntos porcentuales.
En un escenario más optimista, con un clima de tensión solamente "transitorio", el impacto en el PIB sería únicamente de 0,3 puntos hasta finales de 2019.
El Banco de España no modificó por el momento sus previsiones de crecimiento oficiales para el PIB español, estimado en 3,1% en 2017 y 2,5% en 2018. El gobierno de Mariano Rajoy ya revisó a la baja sus cálculos para 2018, a 2,3% contra 2,6% esperado anteriormente.
El banco central advierte sin embargo del riesgo de una "pérdida de confianza" de las familias españolas, que podrían decidir ahorrar y posponer la adquisición de bienes durables, como vehículos o viviendas.
Las empresas podrían por su parte "retrasar la realización de nuevos proyectos de inversión", mientras que los bancos otorgarían menos créditos.
"La pronta normalización de esta situación podría mitigar la incidencia de los riesgos para la economía", indica no obstante el informe.
Más de 1.900 empresas han transferido su sede social fuera de Cataluña desde el 1º de octubre, según el último balance del Colegio de Registradores.
Cataluña, que representó el 19% del PIB español en 2016, se disputa codo a codo con Madrid (18,9%) el título de región más rica del país.