¿Se privatiza Arsat?: la empresa explicó el rol de una firma de EE.UU. para financiar el tercer satélite

En el medio de la polémica en torno al futuro de la empresa estatal Arsat, el Gobierno aclaró que se avanza en una carta de intención con empresas privadas para la construcción del satélite Arsat-3. Y que esta iniciativa no significa ni la privatización de la compañía ni la de ninguno de sus activos.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña sostuvo que es falso que el Gobierno nacional tenga intenciones de privatizar el satélite y aseguró que se trata de “otra mentira más” del kirchnerismo. “Eso es falso, otra mentira más. Mintieron gobernando todo el tiempo, siguen mintiendo como oposición”, sentenció Peña y confirmó que la dependencia estará bajo la órbita del Ministerio de Modernización, de Andrés Ibarra.

Luego de que circulara en varios medios que el Gobierno encaraba su primera privatización, en este caso de la empresa satelital, la propia compañía debió salir a explicar las conversaciones que se mantienen con Hughes, un proveedor de servicios satelitales con base en los Estados Unidos.

Según el informe periodístico, que fue retomado por dirigentes del kirchnerismo, desde el Ejecutivo se había permitido a la compañía Hughes a que se quede con "al menos" el 51% del ARSAT 3, mediante la creación de un joint venture llamado "Newco".

"Con Hughes se firmó una carta de intención que establece condiciones generales de una colaboración entre empresas, que debe ser detallado y trabajado más adelante mediante un acuerdo definitivo. El objetivo final de esta carta de intención es que un tercer satélite construido por la industria nacional reciba inversión directa para su confección", aseveró Arsat a través de un comunicado.

La cartera admitió las negociaciones para la producción del nuevo equipo y, de hecho, ratificó que se concretará esa tarea. También que "las órbitas que ocupará el tercer satélite, se realice con o sin inversión de Hughes, serán del Estado argentino", tal como está dispuesto en las normas que rigen al sector.

También confirmó que tanto el INVAP como otras empresas nacionales del sector tendrán a su cargo la construcción del futuro artefacto y que, una vez que esté fabricado, las pruebas ser harán en el Centro de Ensayos de Alta Tecnologías (CEATSA), otra empresa nacional a cargo de este tipo de tareas.

"No está en discusión la participación de Hughes ni de ningún otro operador privado en la explotación de ninguno de los activos de la empresa Arsat, sean sus satélites o su red de fibra, data center o infraestructura de televisión", agregó la empresa.

Pero también aclaró que "nuestras misiones satelitales no puede seguir financiándose en un 100% con el impuesto de los argentinos. Por eso, ARSAT-3 busca viabilizarse también a través de inversiones o aportes privados".

Para la compañía, avanzar en un acuerdo de este tipo, más allá de quién sea el actor que esté sentado en la mesa de negociación, permitirá "exportar nuestra producción satelital al mundo" y que es una muy buena señal que Hughes o cualquier otra empresa esté interesada en ello.

Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Arsat había logrado construir los dos satélites, Arsat-1 y Arsat-2, y ya se habían sentado las bases para la construcción del Arsat-3. Pero, por caso, el Arsat-2 se puso en órbita sin un plan de negocios, aún cuando se trataba de un artefacto con grandes posibilidades de generar ingresos dada su capacidad para "iluminar" a todo el continente americano. Es decir, dar servicios satelitales desde Canadá hasta Tierra del Fuego.

Por esa razón, uno de los objetivos de la gestión de Rodrigo de Loredo, presidente de Arsat, fue vender esa capacidad. Para ello, una de las primeras tareas fue salir a pedir permisos de aterrizaje en distintos países de la región. Los primeros se obtuvieron en Canadá, Brasil y Estados Unidos.

A finales de junio la compañía informó que, en el marco de la segunda misión comercial a Estados Unidos logró venderse la capacidad total del Arsat-2, hecho que permitió consolidar la autosustentabilidad de la empresa.

De hecho, para lograr ese objetivo, la compañía argentina participó de una "licitación privada donde Arsat compitió con otras empresas mundiales, ganando el proceso por las condiciones ténicas de nuestros servicios y los precios ofrecidos", detalló el mismo de Loredo en aquella oportunidad.

Hasta junio, la empresa había logrado recaudar 2,3 veces más lo hecho en enero pasado, al pasar de u$s581.000 a más de u$s1,3 millón en junio pasado, según lo informado por la misma empresa.

En base a estos números, en la empresa estimaron que, de continuar así, la compañía podrá generar ingresos por u$s110 millones en cinco años, gracias a la exportación de servicios satelitales, es decir, a la venta de las capacidades que brindan los satélites Arsat.

No confundir empresa con satélites

La empresa estatal Arsat y los satélites Arsat están regidos por leyes distintas, aunque complementarias.

La compañía se creó en 2006 a través de la ley 26.092 aprobada por el Congreso. Luego está la ley 27.208 de desarrollo de la industria satelital, también con el visto bueno del Poder Legislativo y que busca el impulso de este sector a través, por ejemplo, de la construcción de satélites. El ejecutor de esta política es el Poder Ejecutivo a través de Arsat.

La norma que crea a Arsat señala en su artículo 2 que estará facultada "para suscribir convenios con empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras para el cumplimiento de su objeto social". Y sometida, asimismo, a los controles interno y externo del sector público en los términos de la ley 24.156 que refiere a la administración financiera y sistemas de control del sector público nacional.

El objeto social de Arsat es "realizar por sí, o por cuenta de terceros o asociada a terceros" el diseño, desarrollo, construcción en el país, lanzamiento y puesta en servicio de satélites geoestacionarios de telecomunciaciones, además de la "correspondiente explotación, uso, provisión de facilidades satelitales y/o comercialización de servicios satelitales".

Para cumplir este objeto, tal como figura en los artículos 4 y 5 del Estatuto de Arsat, la sociedad tiene capacidad para celebrar todos los actos admisibles por las leyes. Esto la habilita a asociarse con otros actores públicos o privados, nacionales o extranjeros, "y realizar cualquier operación financiera", con las limitaciones de la ley de entidades financieras. Es decir, está habilitada a buscar financiamiento para lograr los objetivos que tiene como empresa pública.

Por otro lado, la ley de desarrollo de la industria satelital 27.078 apunta a impulsar el sistema argentino, es decir, a que se construyan estos equipos en el país. Allí se fija que el Estado argentino debe hacer las adecuaciones presupuestarias pertinentes para implementarlo. Y le ordena a la empresa Arsat a que mantenga actualizado el plan.

Desde el inicio de la nueva gestión, de Loredo puso el foco en lograr que la empresa se financie con sus propios ingresos, sin depender del Estado nacional. Es lo que consiguió a partir de la venta total de las capacidades de los satélites en órbita.

En el artículo 8 de la norma en cuestión se señala que el capital social de ARSAT "estará representado en un cincuenta y uno por ciento (51%) por acciones clase A", cuya transferencia está prohibida sin previa autorización del Congreso. Es decir, que en caso de que el Estado argentino decida abrir a privados, sólo debería hacerlo hasta un 49%.

Si este Gobierno o cualquier otro hiciera algo en ese sentido estaría violando la ley. Pero nada tiene que ver esto con realizar un acuerdo con una compañía para financiar la construcción de un satélite, posibilidad que además está contemplada por la otra norma mencionada.

Cuando asumió la nueva gestión, la construcción del Arsat III también generó polémica. En 2016 se señaló que la fabricación del nuevo equipo se realizaría cuando se tuviesen los fondos suficientes. Esa declaración avivó airados comentarios de parte de ciertos sectores políticos que aventuraban la desaparición de la compañía. Eso no ocurrió.

En esta oportunidad la misma empresa manifestó la intención de avanzar con ese objetivo pero buscando financiación bajo otro esquema. Una alternativa podría ser con Hughes y por eso se firmó la carta de intención. Que, a su vez, habilitaría de manera previa la venta de las nueva capacidades que tendría el futuro satélite. Uno de los planes es que el tercer satélite argentino pueda brindar internet satelital a menor costo.

"Se está logrando que se mantenga la participación del INVAP para llevar a la plataforma de Arsat a un 50% más de capacidad y que la industria espacial argentina tenga presencia internacional", dijo a iProfesional una fuente del sector.

Para los informantes consultados, que haya interesados en invertir en tecnología argentina, tal como representa Arsat, es positivo. Y que si se logra seducir a inversores extranjeros en el desarrollo satelital argentino la industria argentina tendrá un nuevo impulso. Por supuesto, siempre en el marco de las leyes que rigen a la compañía estatal y el complejo satelital nacional.