Preocupa al mercado el riesgo de los "fondos blanqueadores"

El dilema no termina de cerrarse para los inversores más experimentados del mercado, aún con las últimas soluciones que acercó la Secretaría de Finanzas en las reuniones con el sector: el dinero que llegará al país, a partir del blanqueo de capitales, podría provocar serios riesgos cuando sea canalizado a través de los fondos comunes de inversión (FCI).

Hoy todas las entidades trabajan en los detalles para estructurar esta alternativa que acercará el Gobierno para ingresar al sistema los ahorros no declarados: son los llamados "fondos blanqueadores", que mantendrán congelado por cinco años el dinero "no declarado" de los argentinos, y que deberán tener como destino de sus inversiones proyectos inmobiliarios, de infraestructura o de la economía real.

El problema: en el mercado consideran que muchos de ellos se encontrarán, tarde o temprano, con la dificultad de no encontrar en la plaza local un destino seguro y solvente para sus recursos. Y que, cuanto más exitosa sea la propuesta para blanquear capitales mediante esta alternativa, las entidades encontrarán mayor escasez de instrumentos y se expondrán a mayores riesgos. 

Ante esta preocupación, desde la Secretaría de Finanzas ya adelantaron a la cámara de fondos comunes de inversión (CAFCI) que darán un "período de gracia" de entre 6 y 18 meses durante el que puedan colocar su dinero en títulos de corto plazo, como Letras del Tesoro en dólares, para luego tener que destinarlo al objetivo específico del fondo. Más allá de esto, en las mesas creen que llegará el momento crítico en el que, finalmente, una parte del dinero tenga que colocarse en proyectos inmobiliarios y de infraestructura poco solventes.

En el mercado está latente, aún, el recuerdo de los bonos "inciso K", que eran títulos de deuda vinculados a la economía real. Estos instrumentos le permitían a una buena parte del mercado (FCI y compañías de seguro) cumplir con una normativa que les exigía tener colocado un porcentaje de su patrimonio en proyectos productivos.

La regulación terminó provocando un desorden y un desarbitraje en todo el mercado: ante la falta de instrumentos, las tasas de interés de estos bonos se acercaron a cero; y al mismo tiempo, el Gobierno anterior, que era el que debía aprobar cada emisión de deuda de este tipo, terminaba por colocar el sello de "inciso k" a compañías pequeñas de dudoso patrimonio que no siempre orientaban sus proyectos al sector productivo.

El encargado de hacerlo era un comité de elegibilidad conformado por el Ministerio de Economía y la Superintendencia de Seguros, que terminó aprobando un título e incluyendo en este grupo, por caso, los bonos de Impsa, la metalúrgica del empresario Enrique Pescarmona que luego cayó en default. El mercado entero aún conserva estas cosas, señala Ámbito Financiero. 

Para mitigar estos riesgos, y evitar que las entidades estructuren los fondos a medida de un proyecto en particular, la ley del blanqueo también forzará al sector a tener en su cartera al menos tres proyectos de infraestructura, de un mínimo de u$s10 millones cada uno. Y exigirá un número mínimo de 10 clientes, que aporten desde u$s250.000 hasta u$s10 millones.