El Gobierno español calificó la expropiación como "arbitraria, hostil y discriminatoria" y advirtió que tomará medidas

Tras una "reunión de urgencia", el Gobierno español brindó una conferencia de prensa en la que advirtió que tomarán medidas a raíz del anuncio de la presidenta Cristina Kirchner de expropiar YPF.

El canciller ibérico José Manuel García Margallo enfatizó que se "condena con energía la decisión del gobierno argentino" y advirtió que "se rompe el clima de coordialidad y amistad con la Argentina".

También remarcó que "España acudió al socorro de la Argentina en sus peores horas", haciendo referencia a los tiempos de crisis.

Y destacó que, tras la decisión oficial, "se quiebra el acuerdo verbal del 28 de febrero" por el cual "los posibles contenciosos entre ambos países se resolverían por la vía de la negociación".

"El gobierno español adoptará las medidas convenientes porque la decisión perjudica a millones de pequeños accionistas, que invirtieron en Repsol", indicó el funcionario.

También calificó de "arbitraria" la resolución del gobierno nacional.

En tanto, el ministro de Industria español Manuel Soria aseguró que "la decisión es discriminatoria para los socios de la compañía y para los operadores de hidrocarburos en la Argentina porque se anuncia una ley de nacionalización pero se adoptan medidas en relación a una sola empresa".

Y remarcó que "incumple el acuerdo verbal al que llegamos ambos gobiernos" del cual, indicó, particiapron el ministro de Planificación Julio de Vido y el ministro de Economía Hernán Lorenzino.

"Cualquier diferencia sobre YPF debería ser resuelta por grupos de trabajo constituidos por ambos gobiernos", afirmó.

Por último, el funcionario destacó: "Contacté por escrito al gobierno argentino para fijar hora y día para iniciar conversaciones, pero nunca hubo respuesta".

"Esta decisión afecta a una empresa aisladamente considerada y a los miles de accionistas propietarios de Repsol, de modo que es una decisión contra ellos", sostuvo.

Y concluyó que "cualquier gesto de hostilidad contra una empresa española es también contra el gobierno español".

En este sentido, Soria adeñantó que "las autoridades españolas están trabajando desde esta tarde en las medidas que tomarán en relación a esta decisión "que serán dadas a conocer en estos días", confirmó Soria.