Se suman quejas antes las designaciones en el Tribunal Fiscal

El Centro de Estudios de Derecho Financiero y Derecho Tributario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires -Centro que reconoce como miembros activos a los profesores titulares y adjuntos regulares así como a los profesores eméritos o consultos de la asignatura Finanzas Publicas y Derecho Tributario, o que hayan revestido tal calidad )- frente al trámite y resultado de los concursos de antecedentes sustanciados para proveer los cargos vacantes en distintas Salas del Tribunal Fiscal de la Nación, como a los cuestionamientos levantados desde distintos ámbitos profesionales ante las designaciones practicadas, que han adquirido estado público, se ve en la imperiosa necesidad de expresar su preocupación, sobre un tema de su indiscutida incumbencia.

Desde el 1960, en que se dejó inauguralmente integrado, dicho Estrado Tributario se nutrió en sus Vocalías de profesores regulares de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas -profesores regulares que constituyen el principal núcleo de la enseñanza e investigación dentro de la Universidad de Buenos Aires y son designados por su Consejo Superior después de superar las exigentes y minuciosas pruebas de los respectivos concursos públicos de antecedentes y oposición sobre la base de las propuestas y órdenes de mérito elaborados por prestigiosos jurados, nacionales e internacionales.

En tal sentido, entre muchos otros que, desde la Ciencia del Derecho, han prestigiado y, aún hoy, dan lustre al Órgano Jurisdiccional de referencia, corresponde mencionar a los profesores Mario Rafael Micele, Gustavo Augusto Krause Murgiondo, Roberto Mario Mordeglia, Norberto Julián Godoy, Carlos Antonio Porta, María Isabel Josefina Sirito, Catalina García Vizcaíno, Graciela Leonor Télerman de Wurcel, Ricardo Xavier Basaldúa, Ignacio Josué Buitrago y Esteban Juan Urresti.

A los nombrados cabe añadir, sin abrir juicio -por razones elementales de delicadeza- sobre la actuación que les cupo, a dos de los firmantes de esta declaración (profesores Jorge Héctor Damarco y Agustín Torres).

Como dato objetivo sorprende que en el actual concurso convocado para cubrir siete vocalías vacantes del Tribunal Fiscal de la Nación, y revistando entre los aspirantes profesores titulares y adjuntos regulares por concurso de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, así como un nutrido número de docentes -auxiliares y/o adjuntos interinos-, todos con sobrados méritos que certifican su idoneidad en cuestiones impositivas y/o aduaneras según el caso ninguno de ellos haya logrado, según surge de las designaciones efectuadas por el decreto 391/2011, el merecido reconocimiento de sus antecedentes, más aún cuando no se han podido conocer los criterios asumidos por el Jurado para valorar los antecedentes de los concursantes y formular su propuesta al Poder Ejecutivo.

En el convencimiento de que el más de medio siglo de fecundo funcionamiento del Tribunal Fiscal de la Nación estuvo abonado por la idoneidad académica y profesional, como por la trayectoria de quienes detentaron las vocalías en sus distintas integraciones, nos vemos obligados hoy a reclamar que sus cuadros se sigan conformando con quienes de mejor manera puedan seguirlo prestigiando con capacidad probada e imparcialidad.

En tales circunstancias no podemos acallar nuestra preocupación al no haber sido considerado ninguno de los profesores de nuestra Casa de Altos Estudios más allá de sus aquilatados antecedentes e idoneidad técnica.

Ello nos ha guiado a hacer pública esta declaración elevándola a la consideración de los Consejos Directivos de las Facultades de Derecho y de Ciencias Económicas como al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires quienes, a no dudarlo, sabrán actuar como celosos custodios de los merecimientos académicos y aptitudes profesionales de quienes integran sus respectivos claustros de profesores.