En uno de los 28 allanamientos llevados a cabo por la Policía, en el marco de la presunta extorsión por parte de dirigentes sociales, podría ser un instrumento clave para desenmarañar toda una trama que incluye a piqueteros, beneficiarios de planes sociales e intermediarios.

Es que en un primer análisis, se lograron comprobar inscripciones manuscritas con listados de nombres que -en principio- corresponderían a asistentes a las últimas manifestaciones contra el Gobierno y a un registro de entrega de mercadería.

Comedores fantasma: qué dice el cuaderno que encontró la Policía

La novedad llega luego de que se viralizaran conversaciones de WhatsApp, presentadas por las propias víctimas a la Justicia, en las cuales se podía ver que para mantener un beneficio estatal había que involucrarse directamente en las movilizaciones y quienes no se presentaban comenzaban a ser catalogados como "castigados", y luego serían multados y apartados del grupo que recibiría la mercadería gratuita del Estado.

Una fuente judicial dejó trascender que este hallazgo "le empieza a dar un sentido a lo que aparecía más disperso". 

Los casi 30 operativos se desplegaron este lunes en domicilios particulares, comedores, sedes de organizaciones sociales y comedores del Polo Obrero, Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), las tres organizaciones que están siendo investigadas.

Además del cuaderno en cuestión, el juez federal Sebastián Casanello -a cargo de la investigación- cuenta con celulares, anotaciones y otros elementos tecnológicos que deberán ser peritados dentro de los próximos cinco días.

Solano y Belliboni denunciaron que los allanamientos de la Policía se llevaron a cabo de noche y sin cámaras de seguridad.

En esta línea, el magistrado ordenó declarar la inhibición de bienes a todos los imputados y beneficiar con un programa de protección a las víctimas que denunciaron el ilícito.

 "Ha podido comprobarse preliminarmente que, al amparo de la apariencia de una actividad solidaria como es la administración de un comedor popular, se montaron al menos tres (3) grupos de personas que, valiéndose de las facultades que les otorgara el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del Plan Potenciar Trabajo, se dedicaron sistemáticamente a exigir dinero a los beneficiarios de dicha prestación social —personas en situación de alta vulnerabilidad social—, bajo diversos conceptos —'cápitas', 'cuotas', 'alquiler de comedor', etc.—, cobrarles por la entrega de alimentos —pese a que los recibían gratuitamente del Gobierno Nacional—, obligarlos a vender por la zona la comida recibida del Estado Nacional —quedándose los acusados con la ganancia— y/o forzarlos a participar de "movilizaciones" de las agrupaciones políticas a las que pertenecen —e incluso en algún caso repartir volantes de candidatos a comicios electorales—; todo ello bajo la expresa amenaza de que, en caso de no cumplir con esas exigencias, se les daría de baja de la prestación social y/o se les negarían los alimentos y la mercadería", indicó el fiscal federal Gerardo Pollicita en su acusación.

Además, el Instituto Nacional del Asociativismo y Economía Social (INAES) llevará a cabo una auditoría sobre las cooperativas en los últimos dos años, ya que una hipótesis plantea que el dinero de las maniobras se obtenía por este tipo de organismos.

En cuanto a los acusados, 13 miembros del Polo Obrero se presentaron en el expediente y designaron como abogados a Liliana Alaniz, Claudia Ferrero y Eduardo Penello.

Denuncian que cientos de "comedores fantasma" recibían fondos de Alberto Fernández

El Ministerio de Capital Humano presentó una nueva denuncia penal contra funcionarios de la administración anterior al comprobar que cerca del "50% de los comedores a los que asistía el Gobierno eran inexistentes y uno de ellos 'funcionaba' en un country".

La denuncia, presentada por la cartera que conduce Sandra Pettovello, es por "incumplimiento a los deberes de funcionario público y fraude a la Administración Pública". Es que, de acuerdo a la legislación, los funcionarios que autorizaban la salida de alimentos para los sectores vulnerables debían controlar a qué lugar iba la comida y a cuántas personas se asistían.

Sandra Pettovello inició la investigación en el marco de una estricta regulación de los planes sociales.

De acuerdo a la denuncia presentada en la justicia, la Subsecretaría de Capital Humano a cargo de Leila Daniel Gianni realizó un relevamiento en el que encontró que muchos de los comedores a los que el Estado enviaba asistencia, en realidad no existen o ya no funcionan como tal. Incluso dio algunos nombres, que quedaron reflejados en la presentación judicial.

"Conquistando Sonrisas", "Pequeños Gigantes de Quilmes", "Cielos Abiertos", "Luz de Luna de Pereyra", "Esperanza", "Los Peques de San Alberto", "Luz y Esperanza", son algunos de los lugares que, según el escrito, "no funcionaban como tal". En algunos casos, incluso, no existían los domicilios declarados como ssupuestos comedores.