Marcela Losardo es uno de los nombres en los que piensa Alberto Fernández para interactuar con el Poder Judicial ya sea como Secretaria Legal y Técnica de la presidencia, o bien, como ministra de Justicia.

Fue su jefa de asesores cuando él era jefe de Gabinete de Néstor Kirchner, luego fue Secretaria de Justicia y representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, indicó el diario La Nación.

Además, de acuerdo al matutino, el juez federal Daniel Rafecas podría ser el nuevo Procurador General de la Nación.

Un tema central hoy es que en el Poder Ejecutivo plantean sacar de su sector el control de los testigos protegidos y trasladarlo al Poder Judicial. Hay dos problemas: uno es que las fuerzas que tienen que encargarse del control, de la protección específica, siguen respondiendo al Poder Ejecutivo. Cambiaría quién da la orden pero no quién la ejecuta. El otro problema es que la Justicia plantea: "Primero, no me avisaste y, segundo, no quiero", agregó La Nación.

En el Congreso, una Comisión Bicameral quiere hacer más estricto y específico cuándo se puede definir una prisión preventiva y cuándo no. Hoy, las condiciones básicas son dos: riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación.

Ahora plantean que, antes de dictar la prisión preventiva (lo que debería ser la solución de última instancia), se deberían respetar estrictamente los nueve pasos previos. Hay varios lógicos, como el arresto domiciliario, o bien, permitir la libertad dentro del país pero no poder acercarse a menos de 100 kilómetros de cualquier frontera, terrestre o marítima. Es un gesto del Poder Legislativo hacia el Judicial para que aflojen con las prisiones preventivas.

En el Consejo de la Magistratura se vieron dos intentos de cerrar los focos que más rispideces generaron en los últimos años: las investigaciones sobre Claudio Bonadio y sobre Rodolfo Canicoba Corral. Ambas son, por lo menos, controvertidas.

Bonadio afrontaba denuncias de Oscar Parrilli y de Carlos Beraldi, abogado de Cristina Kirchner. El problema es que intentaron cerrar estas denuncias cuando todavía había medidas de prueba pendientes. Canicoba Corral también afrontaba varias investigaciones, múltiples aristas dentro de un mismo marco general que era su evolución patrimonial dudosa y la de su familia. Otra vez, faltaban medidas de prueba. Plantearon que "las investigaciones y los datos que habían eran suficientes".