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No todo es grieta: Alberto prevé reformular convenios laborales para adaptarlos a los cambios productivos y la tecnología

El kirchnerismo hizo campaña con el rechazo a "la reforma laboral del FMI". Ahora sus equipos técnicos prevén un marco para adecuarse a los nuevos trabajos
09/08/2019 - 07:05hs
No todo es grieta: Alberto prevé reformular convenios laborales para adaptarlos a los cambios productivos y la tecnología

La discusión del modelo laboral resurgió con fuerza en vísperas de las elecciones. Alimentada por el Gobierno pero también por la oposición, una parte de la agenda estuvo enfocada en los últimos días en el futuro del trabajo, las leyes laborales y las políticas para generar empleo.

Estos temas generan controversia en el marco de una economía aún en recesión y con inflación, que deterioró el empleo y los salarios reales, y sobre todo frente a una campaña hiperpolarizada en la que los candidatos extreman cada vez más sus posiciones para ganar el voto de los indecisos.

Pero no todos las propuestas han caído dentro de la grieta. Además de defender el pago de la deuda con el FMI, Macri y Alberto Fernández comparten el interés por reformular los convenios laborales, uno de los principales blancos de críticas del sector empresario.

Si bien el equipo de Fernández rechaza la reforma laboral impulsada por el macrismo, proponen rediscutir la organización del trabajo y las tecnologías en los convenios, entre otros puntos sensibles para los sindicatos, hoy en buena medida alineados con el candidato peronista.

"Hay muchos aspectos que aún faltan actualizar, la propuesta es dar una discusión integral dejando inalterados los derechos y garantías establecidos en los convenios", explicó a iProfesional Diego Schleser, director del centro de estudios de la Universidad de San Martín (Cetyd) y miembro del equipo de técnicos encabezado por el exministro de Trabajo, Carlos Tomada, que el mes pasado presentó una agenda "urgente" de medidas en materia laboral. 

Lo hizo junto al sindicalista bancario Sergio Palazzo; el titular de la CTA de los Argentinos, Hugo Yasky, y la extitular del Banco Central, Marcó del Pont. Y en la elaboración de las propuestas participaron exfuncionarios de su gestión e investigadores de centros de estudio cercanos al kirchnerismo como Atenea, Cetyd y Cifra, así como el instituto ITE Germán Abdala y el observatorio de políticas públicas (Opepp).

Tomada es uno de los nombres que suena por estas horas para ocupar la cartera laboral en un eventual gobierno de Fernández. De fluido diálogo con el postulante a la presidencia, el legislador porteño viajó en julio en su representación a una cumbre de líderes latinoamericanos en México, junto con Jorge Taiana y Felipe Solá. Y, aunque durante 12 años negoció con gremios y empresas en el gobierno de Eduardo Duhalde, Néstor y Cristina Kirchner, ya avisó que está dispuesto a volver al cargo si se lo piden.

Su plan en ese caso contempla un nuevo esquema de paritarias con el acuerdo de pautas "indicativas" sobre salarios y precios, cambios en la legislación para regular las plataformas digitales y la tercerización, y un nuevo sistema de contribuciones patronales con un incremento de las cargas a las empresas más grandes y una disminución a las más chicas; así como una ley de licencias parentales y la derogación de la reforma previsional para establecer un nuevo índice de actualización de las jubilaciones.  

El diagnóstico es que el empleo sufrió cambios acelerados a nivel global, entre ellos un retroceso en la distribución del ingreso y las condiciones en las últimas décadas por las nuevas formas de producción. Y en los años recientes, por las políticas de Cambiemos, cuyos efectos sobre el mercado laboral fueron "demoledores", según el documento que fue auspiciado además por la Fundación Friedritch Ebert, de la socialdemocracia alemana.

En ese marco, consideran que los convenios se han renovado desde 1975 en forma parcial debido a la posición defensiva de los sindicatos frente a una "ofensiva" que plantea recortar los derechos, lo que dificultó la incorporación de los cambios ocurridos en los procesos productivos. Esto, según los técnicos, puede resultar "perjudicial" para los trabajadores, ya que al ser encuadrados en tareas diferentes a las realizadas aumentaría la discrecionalidad empresaria para definir la organización laboral.

"El objetivo es generar una mayor correspondencia entre la regulación que ellos estipulan (los convenios) y las nuevas formas de organización productiva bajo las cuales efectivamente se realizan las tareas, sin que esto afecte los derechos y garantías de los trabajadores", reza el documento elaborado por el equipo de Tomada.

Los ejes propuestos para discutir son las ocupaciones, tareas, funciones y nuevas categorías; la igualdad de género, y la formación y capacitación laboral; así como la participación de los trabajadores en las ganancias; la salud y seguridad, y los riesgos psicosociales en el trabajo; así como la introducción y gestión de la tecnología y la organización del trabajo.

Los últimos dos puntos en particular son sensibles ya que estuvieron en el centro de la reciente pelea que enfrentó al dirigente bancario con el CEO de Mercado Libre, Marcos Galperin, por el encuadramiento de los empleados de Mercado Pago, la pata financiera de la plataforma que esta semana cumplió 20 años y lidera las acciones tecnológicas en Wall Street. En los últimos días hubo señales de acercamiento.

Palazzo dejó entrever la posibilidad de crear un nuevo convenio el jueves y viernes de la semana pasada en el 13° encuentro de trabajadoras bancarias, del que participó Cristina Kirchner. "Hay que discutir el avance tecnológico, si tenemos que realizar un convenio especial finteh, hay que hacerlo. Somos de mente abierta, pero de condiciones firmes", dijo el bancario, y sostuvo que al igual que los call center "mas tarde o temprano ese sector va a terminar regularizando".

El otro dirigente enfrentado a Galperin es el camionero Hugo Moyano por los empleados de logística, que el empresario finalmente encuadró en el convenio firmado en diciembre con la Unión de Trabajadores de Carga y Descarga. El acuerdo es similar a la reforma de Macri: desdibuja la jornada laboral, al fijar un límite de 192 horas mensuales y de seis días por semana, con turnos fijos o rotativos; elimina las horas extras y las reemplaza por un banco de horas, y permite la polivalencia, sin límite en las tareas.

Unicornios, Vaca Muerta y elecciones

El modelo laboral inaugurado por el principal unicornio de la Argentina es cuestionado dentro del equipo de Tomada, donde consideran que el convenio de carga y descarga "es total flexibilidad de tareas y jornada". "Si por acá viene el empleo del futuro es increíble que ese trabajo tenga una jornada laboral que regía en las leyes de 1929, mientras que los convenios actuales fijan una jornada acotada de 170 horas con horas extras", advirtió Schleser. 

Por otra parte, la adenda firmada por los petroleros de Vaca Muerta en 2017 también genera críticas en el entorno de Alberto Fernández. Si bien el asesor Guillermo Nielsen y el candidato a gobernador bonaerense Axel Kicillof ven el yacimiento como un motor de crecimiento, tanto en el grupo Callao como entre los técnicos del exministro de Trabajo advierten que la firma del convenio provocó un fuerte incremento de la muerte de obreros en accidentes por el deterioro de las condiciones de trabajo y seguridad.

El Gobierno decidió avanzar en una estrategia por sectores a través de la revisión de los convenios frente a la resistencia que encontró en los sindicatos duros y el peronismo en el Senado para modificar la legislación laboral. Por estas horas, sin embargo, Macri busca retomar con fuerza el blanqueo laboral, la reducción de las indemnizaciones y un nuevo sistema de pasantías en caso de triunfar en las elecciones, cuya primer batalla serán las PASO de este domingo.

Según pudo saber iProfesional, el candidato a vice Miguel Pichetto le aseguró esta semana a la CAME que ya recibió el guiño de gobernadores para avanzar en esa senda, incluso de aquellos cercanos a Fernández, como el formoseño Gildo Insfrán. El éxito del plan oficial descansa en una eventual implosión de la fórmula Fernández-Fernández, detrás de la cual hoy se encolumna tanto el sindicalismo duro encabezado por Palazzo y el camionero Hugo Moyano como los principales gremios de la CGT.

En caso de una derrota de la oposición, el macrismo apuesta a neutralizar definitivamente al sindicalismo peronista, que durante la gestión llevó adelante cinco huelgas generales, y traccionar el apoyo de legisladores del Frente de Todos vinculados a Sergio Massa y Diego Bossio, así como del espacio de Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey. Buena parte del peronismo dialoguista que en diciembre de 2017 permitió la sanción de la Ley de Movilidad jubilatoria, tras la victoria del oficialismo en las elecciones legislativas.

La jugada, con todo, desencadenó la mayor crisis política durante la gestión de Cambiemos, provocada por las manifestaciones frente al Congreso en rechazo a la primer reforma del sistema previsional. Y forzó al Gobierno a cambiar de táctica con la fragmentación de la reforma laboral en varios proyectos y el avance en parelelo en mini reformas sectoriales a través de los convenios, como ocurrió en el sector lácteo, automotor y el metalúrgico en Tierra del Fuego.

En los últimos días, los empresarios volvieron a quejarse de que los convenios no se actualizan desde 1975, pese a que en los 90 muchas actividades flexibilizaron las condiciones laborales en lo contractual, salarial y en las tareas, según el libro "Trabajo y Negociación colectiva". Allí, la investigadora del Conicet Clara Marticorena sostiene que entre 2003 y 2015 hubo un aumento de los acuerdos centrados en lo salarial, por lo que muchos convenios -sobre todo de empresa- mantuvieron las cláusulas de productividad de los 90.