Para bajar tensiones, Mauricio Macri visitó ayer la exposición de La Rural y trato de enviar de esa manera un gesto político al campo.

Fue una recorrida de perfil bajo, sin acto oficial y que se prolongó por apenas 10 minutos, en la que el Presidente ratificó su decisión de mantener intangible la baja gradual de las retenciones al sector frente a las presiones internas y externas para equilibrar las cuentas fiscales, al tiempo que destacó a la actividad como el principal motor de las exportaciones argentinas.

"Ya he dicho que no es un impuesto inteligente que no favorece exportar cada día mas, porque eso genera trabajo. El campo ha liderado en la tarea de exportar, lo tienen que seguir acompañando el resto de la industria, minería, petróleo y gas, con valor agregado", afirmó, y concluyó: "Lo que hemos comprometido es lo que hay que cumplir".

La presencia del mandatario en la feria de Palermo, junto al ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, coincidió con la difusión del INDEC de lo que podría ser el inicio de la recesión pronosticada por el propio gobierno. El Estimador Mensual de Actividad Económica mostró en mayo una caída del 5,8%, la mayor desde el 2004, por el impacto de la devaluación y la fuerte sequía que azota al campo, en donde la actividad se hundió un 35,2%.

Con su visita confirmada a último momento, Macri volvió a intervenir en la pelea que sacude al oficialismo por los cambios a las retenciones que impulsa un sector de funcionarios y gobernadores provinciales aliados para cumplir con el acuerdo con el FMI. Ese es el caso del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, que el fin de semana estuvo con la directora del organismo, Christine Lagarde, y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien pidió días atrás "revisar el tema" mientras dure la crisis.

Según un informe que maneja Dujovne difundido por este medio la semana pasada, el Estado ahorraría entre u$s1.500 y $2.000 millones si se suspendiera la baja de los derechos de exportación a los granos en 2019. La puja por los recursos para disminuir el déficit fiscal a 1,3 en 2019 también divide al peronismo en momentos que las provincias negocian cómo repartir el ajuste con Nación. En las últimas horas, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, pidió "sostener las reglas".

Frente a la interna política, buena parte de los empresarios del campo evitan confrontar con las autoridades y optaron por canalizar su preocupación en reuniones cara a cara con los funcionarios. En la Bolsa de Comercio de Rosario estiman que la pérdida de más de 28 millones de toneladas de granos (20 millones de soja y 8 millones de maíz) por la seca equivale a una caída de u$s8.500 millones en ingresos por exportaciones.

"Nosotros apoyamos la decisión del Gobierno de bajar las retenciones", dijo a iProfesional el presidente de la BCR, Alberto Padoán.

El empresario, hombre fuerte de Vicentín -una de las principales cerealereas del país- fue uno de los representantes de la agroindustria que participó el martes de la semana pasada del acto que encabezó la Mesa de Enlace en La Rural para conmemorar los 10 años del rechazo a la Resolución 125, impulsada por el gobierno de Cristina Kirchner, que fijaba las retenciones móviles.

Incertidumbre y quejas empresarias

El Gobierno intentó llevar calma al agro en los últimos días. Ayer declaró la emergencia agropecuaria por sequía en zonas de Chaco, Santa Fe y Córdoba, una medida que le permite acceder a los productores a créditos a una tasa del 27%.

Etchevehere recibió la semana pasada a las entidades rurales para abordar los problemas de la cadena de la carne, donde denuncian que hay un 20% de la faena de vacunos en la informalidad. Las tratativas continuarán la semana que viene con el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

En el marco de las mesas sectoriales, los frigoríficos le plantearon la semana pasada a Macri que los precios "no se van a incrementar en los próximos meses", debido a que "hay un aumento de oferta muy importante, que ha generado que se pudieran elevar las exportaciones en un 60%".

Con todo, algunos de los principales, como BRF, iniciaron un proceso de achique, por el que despidió a 160 empleados y se espera que Quickfood siga el mismo camino.

En La Rural, mientras tanto, ven insuficientes las medidas oficiales. "La mayoría no toma los préstamos al 27% porque después a esa tasa no los podés pagar y muchos ya están endeudados", señaló un empresario rural de Entre Ríos a este medio. Tampoco tienen certezas sobre el rumbo económico de Cambiemos, que ya consumió u$s2.200 millones de los u$15.000 millones otorgados por el FMI.

"Están shockeados, no saben a dónde ir. La plata del FMI la están usando para contener el dólar y la inflación", advirtió otro representante del sector agrícola desde la feria en Palermo. Según los ruralistas, la devaluación del más del 60% que favorece las exportaciones se ve compensada por el impacto de la sequía y una inflación que, según los cálculos del memorándum con el FMI, puede llegar hasta el 32%.

Por la sequía y el menor consumo, algunas consultoras privadas ya prevén un estancamiento de la economía en 2018, mayor al estimado en la Carta intención con el FMI de entre 0,4 y 1,4%.

"El impacto de la sequía fue clave a la hora de explicar la caída de los últimos dos meses, y ya comienza a sentirse el efecto negativo del salto cambiario en el resto de los sectores productivos, cuyo mayor impacto se sentirá en la segunda mitad del año", advirtió Ecolatina.

Menos pesimista, el Banco Francés estimó que la economía crecerá 0,5% en el año debido al desempeño positivo del primer trimestre. Para la entidad financiera, el Gobierno logró evitar un ajuste "desordenado" en el nivel de actividad, pero pronosticó que "en los próximos meses, se verá un deterioro en la economía y el empleo, junto con una aceleración de la inflación que podría repercutir sobre la conflictividad social".

Por último, el banco tampoco descartó que las autoridades revean en el futuro las medidas impositivas en favor del sector empresario. "El mayor riesgo para la economía es que la atención de las urgencias coyunturales, junto con el costo político de reequilibrar la economía hacia un mayor ahorro, lleve al gobierno no solo a pausar las reformas estructurales (como la laboral) sino a dar marcha atrás con los pactos fiscales ya alcanzados, poniendo en peligro la reducción de impuestos distorsivos", indicó el BBVA.