Electrónica fueguina, en peligro: Gobierno analiza cortar transferencias

La ley dispone que el presidente Mauricio Macri debe enviar el presupuesto 2019 el 15 de septiembre.

Por otro lado, el acuerdo con el FMI lo obliga a incluir una baja del gasto que va entre los 200.000 y los 270.000 millones de pesos, para que el déficit primario pase de 2.7% a 1.3% del PBI, como se comprometió Nicolás Dujovne ante Christine Lagarde.

Este esfuerzo, como es obvio, no tiene destino posible sin acuerdo al menos con una parte del peronismo. Hasta ahora más allá de la retórica acuerdista del macrismo, lo único concreto fue un reciente encuentro de Rogelio Frigerio y Marcos Peña, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal con Miguel Angel Pichetto y Juan Schiaretti, entre otros.

En esa reunión, los funcionarios de Macri deslizaron una propuesta audaz: cortar todas las transferencias discrecionales a la Patagonia, lo que implicaría un ahorro -según las cuentas de la Casa Rosada- de unos 140.000 millones. Esto indignó a Pichetto, que representa a la patagónica provincia de Río Negro.

La propuesta del gobierno es cortar a cero la asistencia al régimen de promoción de la industria electrónica de Tierra del Fuego, los reembolsos a puertos patagónicos y hasta los plus que se pagan en planes sociales, jubilaciones y asignaciones familiares a los que viven en la Patagonia, por las más duras condiciones de vida que implica instalarse en esa región.

Pero el debate está planteado. la Casa Rosada hace rato que viene coqueteando con cortar todas las transferencias no automáticas a las provincias. Es una de las tres patas del diseño del ajuste que tantea el Gobierno

Dujovne ya le anticipó a los legisladores de Cambiemos que el ajuste se completará con recortes a los subsidios a energía y transporte y a la obra pública. Esto contradice las declaraciones de Frigerio y Guillermo Dietrich sobre la continuidad de la obra pública y del flamante ministro de Energía, Javier Iguacel, sobre el freno al recorte de subsidios.

Como sea, el tema se empezó a discutir muy por arriba con Pichetto y con el diputado el diputado Pablo Kosiner.

Pero las contradicciones están en la Casa Rosada. Como adelantó LPO, en los próximos días Iguacel anunciará una reducción aún más gradual de los subsidios a la energía, para paliar los efectos de la devaluación y hasta analiza la posibilidad de imponer una suerte de tarifa plana para darle "certidumbre" a los usuarios.

El transporte es el rubro más asistido por la Nación, la mayor parte a la Ciudad y el Gran Buenos Aires. Los gobernadores presionan para disminuirlo al máximo. Pero serían unos 60 mil millones de piso que deberían absorber los dos distritos estrella que gobierna el PRO. O trasladarlos a tarifa, con su consiguiente costo político.

También en esa región funciona con fondos nacionales Aguas y Saneamientos Argentinos (Aysa) y los gobernadores piden que Vidal y Larreta paguen parte del costo de mantenimiento de la empresa. Ya se descartó transferirla por la complejidad técnica de dividirla, cuando la región metropolitana es una en los hechos, consigna LPO.

Los giros discrecionales que se quieren cortar son programas de salud, educación, empleo o producción que la Nación ejecuta en el país y se hacen sentir en provincias chicas.

En algunas representa hasta 15% del presupuesto local y no será fácil recortarlo de un plumazo. "Tampoco podemos tener déficit y las provincias superávits", repiten los referentes de la mesa económica.

Un caso: este viernes los tabacaleros de Salta denunciaban demoras en la asistencia que reciben entre las cosechas. Son las partidas que Dujovne quiere recortar y exigirle al gobernador que se haga cargo.

Tampoco será tan sencillo recortar obras públicas, porque el presidente promete reemplazarlas con Programas de Participación Pública Privada (PPP) pero no convence a todos. "Hasta ahora sólo licitó corredores centrales y nada en el interior", se quejó ante LPO Kosiner.

Esta semana comenzará un contacto entre los ministros de economías de las provincias para coordinar estrategias conjuntas, porque sus jefes no quieren ser abordados de a uno por la Casa Rosada. Quieren saber cuál es el plan de ajuste. Nadie lo conoce.