Piqueteros instalan ollas frente a los supermercados y adelantan a junio pedido navideño de alimentos

El Gobierno sumará esta semana otra preocupación a su agenda de temas candentes. Se trata de las medidas previstas por los movimientos sociales, que el próximo jueves retomarán protagonismo con una jornada nacional de movilización y la instalación de 1.000 ollas populares frente a las principales cadenas de supermercados para exigir alimentos, la actualización de planes y una reunión con la ministra de Desarrollo, Carolina Stanley.

La protesta es impulsada por el denominado "triunvirato piquetero" integrado por el Movimiento Evita, Barrios de Pie y CCC, quienes tras la marcha federal de principios de junio buscan intensificar sus denuncias sobre el deterioro de los planes y el nivel de vida en los barrios. Para paliar esa situación, piden un mesa de diálogo con el fin de discutir un aumento del 25% en los programas de empleo, un refuerzo a los comedores y un ajuste de urgencia en las asignaciones, como la AUH.

"A pesar del llamado de atención de la Iglesia y su pedido de que el ajuste no recaiga sobre los pobres, la masiva marcha federal de las organizaciones sociales y el fuerte acatamiento al paro nacional de la CGT; la ministra de desarrollo social Carolina Stanley todavía no ha convocado a una mesa de diálogo para discutir políticas sociales para los sectores vulnerables", dijo Daniel Menéndez, líder de Barrios de Pie.

Los programas de empleo, que involucran a 500.000 personas, están atados a la actualización del salario mínimo vital y móvil, hoy de $9.500. Entre ellos figuran los 100.000 beneficiarios del salario social complementario, a partir de la Ley de Emergencia Social que se aprobó a fines de 2016 y que dispuso fondos por $30.000 millones hasta el 2019. En todos los casos, se estableció que los perceptores cobren la mitad del mínimo, lo que equivale a $4700.

El reclamo apunta también al Ministerio de Trabajo, encabezado por Jorge Triaca, de quien depende la convocatoria al Consejo del Salario, el organismo tripartito encargado de definir el nuevo piso salarial de la economía. Luego de las recientes críticas de la Iglesia y el paro de la CGT, ahora el trío de organizaciones pretende elevar el ingreso social a $6250, un 25% de aumento, mientras que otras reclaman incluso llevarlo a $7.500.

Hasta el lunes a la noche, Trabajo no tenía definida una fecha para convocar el Consejo del Salario, según informaron desde Trabajo a iProfesional. El último ajuste fue en junio del 2017, cuando Triaca decretó un 24% en tres tramos por la falta de acuerdo entre la parte sindical y empresarial. Así la semana próxima, en julio, el piso salarial llegará a $10.000. 

En el Gabinete siguen con cautela la evolución de la situación social y los funcionarios aseguran que los movimientos son recibidos con frecuencia. "Siempre hay reuniones, puede que no este la ministra (Stanley) pero hubo reuniones. Ahora, no vamos a hacer reuniones porque nos corten la calle", señalaron desde el Ministerio de Desarrollo Social.

En simúltaneo las autoridades reconocen que se preparan para un escenario "complicado". De hecho, en su memorándum entregado al FMI, el Ministerio de Hacienda proyectó para este año un PBI sin crecimiento (0,4%), un piso mínimo de inflación del 27% y un fuerte recorte del gasto, cercano a los $200.000 millones, incluida la obra pública.

Si bien el Gobierno se comprometió con el FMI a reforzar los fondos destinados a programas sociales y asignaciones en caso de un agravamiento de la situación social, lo cierto es que los indicadores sociales ya comenzaron a dar señales de deterioro. Por caso, la distribución del ingreso empeoró en el primer trimestre de 2018.

La mayor desigualdad se reflejó en las mediciones difundidas ayer por el INDEC, que muestran que el Coeficiente de Gini exhibió 0,440 puntos en los primeros tres meses del año frente al 0,437 registrado en el mismo período de 2017 y al 0,417 del trimestre previo. El índice es un número entre 0 y 1, de modo que cuánto más se acera a 1 mayor es la brecha de ingresos.

La tensión con el triunvirato piquetero comenzó a escalar en los últimos meses. Luego de la aprobación de la Emergencia social, que permitió sellar una tregua entre el Gobierno y los principales movimientos, los cambios en el manejo de los planes sociales y la aceleración del ajuste, impulsada por la devaluación y el acaercamiento al Fondo, volvieron a poner distancia entre ambos.

El Ejecutivo lanzó en febrero el programa "Hacemos Futuro", en el que se integraron tres planes creados por la gestión kirchnerista: "Argentina Trabaja", "Ellas Hacen" y "Desde el Barrio". En total suman $17.000 millones y 260.000 beneficiarios, según informó Infobae. La fusión apunta a generar un ahorro de recursos, pero también a reducir la intermediación de las organizaciones territoriales.