Tarifas: este es el plan del Gobierno para bajar los subsidios sin aumentar el malhumor en la sociedad

En las últimas horas, el Gobierno aceleró las negociaciones con las principales empresas del sector energético para reestructurar el esquema de aumentos en las tarifas de luz y gas que había acordado Juan José Aranguren.

El flamante ministro de Energía, Javier Iguacel, lidera esas conversaciones, que en la Casa Rosada califican como "complicadas en el contexto de una coyuntura complicada".

En esos primeros contactos, Iguacel les comunicó a los empresarios que la idea es pautar un sendero de incrementos "que los consumidores residenciales y las pymes puedan pagar".

En los hechos, eso significa que, para el Gobierno, quedó archivada la posibilidad de que las tarifas queden impactadas por la última devaluación, que llevó al dólar de $20 a $27,70 el viernes pasado.

Las negociaciones se abrirán a todo el sector energético. Participarán las compañías de las tres ramas del sector: productoras y generadoras (en el caso de las eléctricas); transportistas y distribuidoras.

Lo más complicado de esta negociación pasa por la manera de compensar a las empresas a las que Aranguren se comprometió a blindarlas de la inflación y de la devaluación.

"Acá la ecuación es que, frente a la adversidad, todos ponen. Incluso las empresas", señala a iProfesional una fuente que sigue de cerca las negociaciones que acaban de empezar.

"Las empresas ya tienen un buen precio por la energía que venden. Y ahora tendrán que resignar algo de sus ganancias porque ya no hay espacio para mantener las tarifas en dólares", agrega esa fuente, que pide mantener el anonimato.

El funcionario del equipo económico insiste, ante la pregunta de iProfesional: "Los empresarios están entendiendo. El gradualismo también involucra a sus compañías. De esta situación salimos todos juntos o no salimos".

Estas definiciones contundentes implican una revisión en lo medular del esquema que se aplicaba hasta la salida de Aranguren.

El nuevo equipo encabezado por Iguacel aceptará que las tarifas se ajusten de acuerdo a la evolución de la inflación. Pero queda descartado, de ahora en más, la dolarización.

De acuerdo a proyecciones que se manejan en el sector privado, por culpa de la última devaluación, las tarifas de luz y gas deberían incrementarse entre 60% y 80%. Un ajuste que debería efectuarse en septiembre y octubre próximos.

Tras la escalada del tipo de cambio, Mauricio Macri consideró que esa adecuación sería imposible de absorber por parte de las pymes y por los consumidores residenciales. El cortocircuito con Aranguren por esta decisión sacó al ex Shell del gabinete nacional.

Ahora, Iguacel negociará con las compañías el ajuste que se viene.

La idea del flamante ministro es que no excedan la inflación acumulada, más allá del reconocimiento de que se trata de un producto como la energía, que está dolarizada en el mundo.

-¿Y quién pondrá la diferencia?, preguntó iProfesional.

-El Estado no puede incrementar los subsidios. Nuestro límite es el acuerdo con el Fondo Monetario. La diferencia la tendrán que poner las empresas. Y los consumidores, pero con el límite que imponen sus salarios. Las tarifas tienen que poder pagarse.

Las negociaciones están en marcha pero aún en su fase inicial. Por su despacho ya empezaron a desfilar las principales petroleras. Pero a la mesa se sumarán todas las compañìas del sector.

En el caso de las distribuidoras eléctricas, existe una complicación adicional para establecer las discusiones: involucran a un centenar de empresas distribuidas en todo el país.

Lo que más preocupa al Ejecutivo, no obstante, son las tarifas de gas. Las boletas se hacen muy onerosas durante el invierno.

Por eso, el Gobierno propondrá un esquema similar a la "tarifa plana", que haga más homogéneo el consumo que se paga mes a mes.

Una de las ideas que se barajan es que las boletas, directamente, tengan un valor fijo a lo largo del año. "Así la gente y los empresarios saben, de antemano, el dinero que deben separar cada mes para pagar las tarifas. Y no hay sorpresas".

Los funcionarios están buscando la manera de implementarlo en la práctica. En principio, las distribuidoras de gas ya dieron el visto bueno para poner en marcha este mecanismo pero aún requiere de una solución técnica.

A cambio de resignar utilidades en el corto plazo, el Gobierno les propondrá a las compañías mejores resultados a futuro.

El esquema está guardado bajo siete llaves, básicamente, porque es el as en la manga que tiene el Gobierno para negociar.

La clave es Vaca Muerta y las energías renovables, que -según los técnicos oficiales- se potenciarán en los próximos años y le permitirán a la Argentina exportar con alto valor agregado.

"Nos estamos preparando para que el sector energético sea tan importante como ahora lo es el sector agroindustrial. Para que acerque dólares tanto o más como ahora lo hace la soja", cuenta un funcionario del equipo econòmico a iProfesional.

"Se resignan ganancias en dólares ahora para ganar más a futuro cuando el país se potencie. Pero lo que está claro en estos momentos es que los usuarios no pueden pagar más de lo que ya lo están haciendo", añade.

El desafío del Gobierno no es nada menor. Acaso esta sea la negociación más relevante que haya encarado la administración Macri, más allá del acuerdo con los denominados "fondos buitres".