El plan antievasión se enfocará en mayoristas y empleo doméstico

La nueva conducción de la AFIP, liderada por Leandro Cuccioli, está pronta a ejecutar un plan contra la evasión que aspira a un mayor control sobre sectores como el comercio mayorista, el mercado de alquileres, la cadena agroalimentaria y la construcción.

Respecto del monotributo, el organismo tributario formó una mesa de trabajo en la que se integraron los ministerios de Producción y de Trabajo para analizar un sistema que facilite el tránsito de ese régimen al general o de autónomos, indica La Nación.

Cuando por el nivel de facturación un contribuyente debe salir del monotributo, se encuentra con que el régimen impositivo general le resulta muy caro. "El costo de cumplir es muy alto -admiten en la AFIP- y queremos encontrar un sistema más progresivo, en el cual el salto entre uno y otro régimen no sea tan grande".

Los técnicos vienen encontrando que, cuando se produce ese cambio, lo más común es que el contribuyente que mientras fue monotributista tuvo un nivel de cumplimiento muy bueno, empieza a pasar parte de su facturación a la informalidad, lo que, obviamente, reduce la recaudación y lo pone en riesgo de castigo. De paso, se busca profundizar la informatización de los trámites para que la mayoría se puedan hacer on line sin tener que concurrir a las agencias del organismo.

"Cuando uno mira cómo trabajan las agencias se da cuenta de que el flujo de trabajo es casi todo la atención al monotributista. Tenemos que digitalizar ese flujo y facilitarle el cumplimiento al contribuyente", dicen en la AFIP. De todas formas, cualquier cambio en este sentido implica modificar la ley, lo que llevará la discusión al Congreso.

La otra herramienta a la que apuestan es el llamado "factoring", más conocido en la jerga comercial como descuento de facturas. El régimen, que apunta a facilitar el financiamiento de las Pymes, aunque es universal, existe desde hace años pero su uso es sumamente limitado, porque exigía que el emisor de una factura la conformara especialmente para que el receptor (el caso típico son las empresas proveedoras de supermercados) pudiera cobrarla en un banco (con algún descuento) y hacerse del dinero más rápidamente.

El fondeo se utiliza para alimentar capital de trabajo, sobre todo en las Pymes. Con la sanción de la reforma de la ley de mercado de capitales, esas facturas quedarán conformadas de oficio a los 15 días de entregadas y desde ese momento podrán ser descontadas en el mercado financiero, explica La Nación.

La AFIP deberá certificar que no sea apócrifa, para que el banco o la entidad financiera de que se trate pueda descontarla. El régimen, confían en la AFIP, estará plenamente vigente desde el próximo 1º de enero. "Se dará así una transferencia de capital de trabajo de las grandes empresas a las Pymes", anticipó la fuente consultada.

En busca del blanqueo

En cuanto al empleo doméstico, una alta fuente de la AFIP confió que se enviaron correos electrónicos a unos 650.000 contribuyentes cuyo nivel económico (ingresos, propiedad de bienes inmuebles y autos, por ejemplo) indicaría que son potenciales empleadores de ese tipo de personal y no lo tienen declarado.

"Cartas de inducción", denominan en la conducción del organismo de recaudación a estos correos, con un tono que destacan como "no agresivo ni de intromisión". Los resultados que tuvieron hasta ahora son alentadores, según destacan: en la última campaña de blanqueo, en la que se enviaron 450.000 correos, al día siguiente de finalizada fueron registradas o blanqueadas 25.000 nuevas empleadas.

El organismo tiene expectativas sobre el resultado de las investigaciones entre los mayoristas. No tanto los que están más cerca de los centros urbanos importantes, sino en los más alejados, donde, sospechan, gran parte de sus ventas están en negro. En este sector apuntarán a cruzar información entre las ventas físicas y la información tributaria de esos contribuyentes, detalla La Nación.

La recaudación tributaria ya muestra efectos de la devaluación. De los $295.000 millones de mayo, unos $8.000 millones fueron por el aumento de los derechos de exportación y de importación, y se sumaron unos $2000 millones por las retenciones. Pero lo que movió la aguja fue el nivel de actividad, que sorprendió a las autoridades de la AFIP. Por eso, el organismo se apresuró a implementar nuevos planes de pago y facilidades para levantar embargos de las Pymes.