El contraataque de Macri: le pasa al peronismo la responsabilidad de definir alivio en las tarifas
Decidido a dar vuelta la situación política y transformar su debilidad en fortaleza, Mauricio Macri cantó "retruco" cuando todo hacía parecer que tenía el partido perdido.
Encontró la forma para que un tema en el que parecía destinado a pagar un alto costo político ante la ciudadanía, quede del lado del peronismo y que sea este espacio el que deba encontrar una solución.
Con su "casi cadena" televisiva desde el yacimiento petrolero de Vaca Muerta (que por su tono y producción hizo recordar por momentos a los mensajes con los que Cristina Kirchner marcó su estilo de gobierno), el Presidente hizo mucho más que confirmar que la actualización de las tarifas no tiene marcha atrás.
Planteó que si las facturas que llegan a los hogares son caras no es tanto por el costo de la energía propiamente dicha sino por cómo los gobiernos provinciales las recargan de impuestos y tasas.
Más aun, la estrategia de Macri apunta a poner al peronismo en una encrucijada. La primera prueba de esto se vincula con lo anunciado por la gobernadora María Eugenia Vidal: parte de la rebaja impositiva deberá ser aprobado por ley de la legislatura provincial. Y ahí leste espacio opositor tendrán una disyuntiva compleja:
- Si acompaña el recorte de impuestos en Buenos Aires pero se resiste a la reducción en otras provincias, su actitud parecerá contradictoria e incoherente
- Si no acompaña, quedará expuesto ante la opinión pública como el responsable de que no se pueda dar de inmediato un alivio del 15% en las facturas de electricidad y del 6% en las de gas de los ciudadanos bonaerensesUna pelea por la cajaSegún cálculos del Gobierno nacional, la suma de esos recargos significa 20% promedio de los importes a abonar en las facturas de luz y gas.
Incluso se dan casos de algunas situaciones extremas, como la de la provincia de San Juan, en donde ese costo llega a representar 40% del importe de las boletas, que traen como "regalo" la friolera de ocho impuestos.
Las facturas que la distribuidora Energía San Juan envía a los usuarios incluyen:
- Una contribución municipal
- IVA del 27%
- Ingresos Brutos
- Lote Hogar (no está vigente)
- Tasa Alumbrado Público (que curiosamente también se cobra en el impuesto inmobiliario)
- El Fondo Plan de Infraestructura (PIEDE)
Pero esto no es todo, ya que aparecen dos fondos solidarios especiales:
- "Fondo para la línea de interconexión de 500 kilovatios" (LEY 7.480); la ley no está vigente pero igual se sigue cobrando
- A eso hay que agregarle el denominado Valor Agregado de Distribución
Macri vio en esta "parva" de impuestos y recargos su oportunidad para matar varios pájaros de un tiro.
Primero, es una forma de presionar a los mandatarios provinciales a que asuman una postura de mayor disciplina fiscal, objetivo que todos los gobiernos se plantean y en el que suelen fracasar.
Pero segundo y principal, al plantear el tema impositivo logra correr el eje de la discusión política, de manera que la población no perciba a su administración ni a las empresas prestadoras de servicios como los villanos, sino que pone el peso sobre la voracidad fiscal de las provincias.
Es decir, del peronismo, que tiene en sus manos 17 de los 24 distritos políticos del país.
Por eso Macri, en su mensaje desde Vaca Muerta, no se limitó como se había especulado previamente a pedirles que compartieran a medias con la Nación el costo de $800 millones que surgirá al posponer el recorte de beneficios en la "tarifa social".
Directamente, pidió eliminar los impuestos provinciales y municipales que engrosas las facturas de servicios. En ningún momento aludió a rebajar el IVA de las boletas.
En otras palabras, que si a alguien le cabe la responsabilidad de aliviar el peso sobre los usuarios es a las distintas provincias.
Desde el punto de vista político, es una jugada fuerte y no exenta de riesgos. Es probable que la reacción de los gobernadores sea un rechazo de plano. De hecho, la propuesta de financiar la postergación del recorte de la tarifa social ya había sido calificada como imposible de cumplir por algunos jefes provinciales.
Por caso, el mandatario de Chaco, Domingo Peppo, afirmó antes del discurso de Macri: "Si hoy no estamos pudiendo cumplir con nuestras boletas, hacernos cargo del 50% del costo de la tarifa social implicaría un caos", advirtió.
Explicó que en esa provincia el principal sistema energético es el eléctrico, y que por eso se observa "un consumo residencial que está por encima de la media del país".
El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, uno de los exponentes del peronismo "dialoguista", también puso reparos.
"Tenemos que sentarnos a rediscutir cuál es la relación fiscal entre la Nación y las provincias, porque si las provincias se van a hacer cargo, como se hacen cargo de la salud, de la educación, de la seguridad, de la Justicia, y aparte de todo eso, el Gobierno nacional se queda con el 75% de los recursos, y te van a plantear que te hagas cargo de subsidio de las tarifas, hay algo que a mí no me cierra", expresó el mandatario salteño.
"Hay que sentarse a discutir para qué está el Presupuesto, porque si todos los gastos, en definitiva, centrales del Estado, vos lo vas a ir descargando en las provincias, vas a ir concentrando cada vez más el ingreso y aparte vas a ir eliminando subsidios, hay algo que no cierra en esta ecuación", insistió.
En una línea parecida, el gobernador socialista de Santa Fe, afirmó: "Quien tiene que revisar las políticas tarifarias de los servicios es el Gobierno nacional. A partir de ahí podemos sentarnos a conversar en estrategias comunes, que es lo que reclamamos desde el principio".
Así, Lifschitz a la Casa Rosada por los incrementos de las tarifas de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y Litoral Gas.
"Cuando se arma el lío, parece que la culpa la tienen las provincias. La verdad es que la política tarifaria claramente la fija el Gobierno nacional, primero porque es el que establece el precio de la energía mayorista", sostuvo.
responsabilizó
"Ese es el costo fundamental que nosotros después, a través de la EPE, trasladamos a los usuarios. En el caso del gas más todavía, porque el servicio es de jurisdicción de la Nación. Es decir que las provincias no tenemos nada que ver con el tema del gas", completó.El riesgo de romper con los gobernadoresEstas declaraciones están dando la pauta del tono que tendrá la próxima negociación con los mandatarios de las distintas jurisdicciones.
Los gobernadores, que ya por lo bajo se venían quejando de que Macri no estaba cumpliendo su parte del Pacto Federal -firmado a fin del año pasado-, difícilmente acepten un sacrificio en sus ingresos.
Pocas veces el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, tuvo una misión más difícil. En su rol de funcionario encargado de hacer de nexo con los gobernadores, hasta ahora siempre tuvo algo para ofrecer a cambio en cada negociación.
Esta vez, a priori, todo indica que para los gobernadores no hay ningún incentivo a llegar a un acuerdo: el beneficiario político del alivio en las facturas de los servicios será Macri y las que sufran el sacrificio de un menor ingreso serán las provincias. Políticamente, no cierra.
Para el Gobierno nacional, la estrategia implica riesgos, porque puede llevarlo al borde de una ruptura. Y hay que recordar que los gobernadores han sido siempre quienes han socorrido a Macri en los momentos difíciles.
Por ejemplo, para aprobar el blanqueo o dar marcha atrás con el proyecto peronista de Impuesto a las Ganancias. O, sin ir más lejos, con las recientes reformas, impositiva y jubilatoria.El partido que se juega en el CongresoEn la Cámara de Diputados la oposición estuvo muy cerca de "marcarle la cancha" al Gobierno y castigarlo con un proyecto que limita las subas de tarifas de los servicios públicos. La ausencia de un solo legislador lo impidió.
Ahora volverá a intentarlo. El interbloque Argentina Federal solicitó junto con el Frente Renovador UNA y el Movimiento Evita, una sesión especial para el miércoles 25 para tratar una propuesta que establece que el precio de los servicios públicos deberá incrementarse en el mismo porcentaje que lo hacen los salarios.
Previo a ello, el peronismo "dialoguista" que responde a los gobernadores y el massismo buscan que ese proyecto, denominado "tarifas razonables", se trate y obtenga el apoyo de las comisiones.
"Estamos impulsando con fuerza esta iniciativa porque el Congreso de la Nación tiene que ocuparse con rapidez de las demandas de la sociedad. Los argentinos no pueden seguir esperando respuestas, queremos dar una solución al problema de las tarifas y a las dificultades que atraviesan los sectores productivos", afirmó el diputado Pablo Kosiner, titular de Argentina Federal.
Si bien convocaron a las comisiones de Obras Públicas y de Defensa del Consumidor, que presiden Sergio Ziliotto (Justicialista) y Marcela Passo (FR), inexorablemente un proyecto de ese tipo debería contar con el aval de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el macrista Luciano Laspina.
Si bien la iniciativa no tendrá el dictamen formal en el corto plazo, la oposición cree que este miércoles sí logrará reunir los 129 diputados necesarios para comenzar el debate plenario.
Además, señalan que la decisión oficial de prorratear los precios de las tarifas a los meses de menos consumo y la posibilidad de pagar en cuotas con intereses no deja conforme a ninguno de los usuarios.
Tampoco ven con buenos ojos la idea del Gobierno nacional de trasladar algún costo a las provincias para amortiguar el impacto de la suba de tarifas.
Los primeros que rechazaron esa posibilidad fueron los peronistas Urtubey y Peppo.
Pero si hay quórum y el proyecto no logra dictamen de comisión, la oposición necesita -luego del quórum- dos tercios de los votos para pedir que se trate en una sesión especial. Solo con sus integrantes, el oficialismo puede bloquear el tratamiento.
El peronismo prepara un plan B en el Senado. Es que el bloque peronista que responde a Miguel Pichetto avisó que si no avanza la iniciativa en Diputados, ellos empujarán en esa Cámara uno similar, presentado el jueves pasado.
En la última sesión votaron darle preferencia a otro de Cristina Kirchner, que retrotrae las tarifas al 1 de enero de 2017. Esta propuesta no tiene la posibilidad de avanzar pero abre la puerta para que se debata en el recinto.
En esa Cámara Cambiemos no tiene número para abortar nada, a pesar de ser desde el miércoles pasado primera minoría, tras pasarse Silvina García Larraburu del bloque Justicialista al de Cristina.
El senador oficialista Federico Pinedo buscó aplaca los ánimos sobre este tema y reiteró que este es "el último aumento de tarifas; luego aumentarán según la inflación, como cualquier precio".
El presidente provisional del Senado explicó que el Gobierno ha tenido que actuar así, recomponiendo los valores, porque "llegó un punto de colapso y estamos saliendo de esa mentira hacia una realidad con esfuerzo".
En ese contexto, consideró que este tema "es una de las catástrofes argentinas".
"Siempre alguien paga las tarifas y siempre lo hacen los mismos, porque el costo de la energía se puede afrontar de distintas maneras; una es que pague quien lo consume, que es la tarifa; otra es que la pague la inflación", concluyó.