El peronismo sigue enfocado en sacar su ley contra el tarifazo

Con la cuestión tarifaria ya instalada en la opinión pública y el diagnóstico de que el Gobierno transita una crisis política, el peronismo está percibiendo la oportunidad de cohesionar fuerzas y reconciliarse con el electorado de clase media. 

Es por eso que existe una convicción de que -más allá de las revisiones de política tarifaria que Macri esté dispuesto a otorgar- las iniciativas legislativas presentadas por la principal fuerza opositora no deben "diluirse" en una negociación parlamentaria. Más bien al contrario, ya está en marcha la estrategia para aprobar el proyecto de ley que ata las subas tarifarias a la evolución salarial. 

En principio, la calculadora del Congreso marca que los votos estarían, siempre que el kirchnerismo acompañe la iniciativa. Y esa situación pondría a Macri en la situación de tener que vetar la ley, asumiendo el consiguiente costo político.

El peronismo dialoguista junto con el sector que responde a la expresidenta Cristina Kirchner y la Izquierda estuvieron a un diputado de lograr que se debatan en el recinto los distintos proyectos que buscaban retrotraer o poner un tope al precio de las tarifas de luz, gas y agua.

Ante esta situación y tras recibir a algunos de sus socios políticos, el macrismo acordó realizar una suerte de “aplanamiento” de las facturas de gas correspondientes a los dos bimestres de mayor consumo: mayo-junio, y julio-agosto, pudiendo posponerse el pago del último aumento en tres cuotas bimestrales. Eso será para las facturas emitidas entre el 1 de julio y el 31 de octubre, siendo ese el período de mayor consumo.

“Las cuotas se pagarán en los tres bimestres de menor consumo, el último bimestre de 2018 y los dos primeros de 2019”, explicó el radical Mario Negri, aclarando que eso será optativo por parte del consumidor.

Este anuncio provocó un estallido dentro del kirchnerismo. Las críticas no se hicieron esperar y planean seguir adelante con los proyectos en el Congreso. Por lo pronto, en la cámara de Diputados, se reunirán distintas comisiones para tratar de emitir dictamen al texto que propone “tarifas razonables”, es decir, que su incremento siga el mismo ritmo que los salarios.

Los miembros de la cámara baja que responden a Cristina Kirchner presentaron una iniciativa para retrotraer los precios al 1 de enero del 2017, pero ante la imposibilidad de conseguir los votos, acompañarían el texto impulsado por los bloques Argentina Federal y el Frente Renovador.

Esa misma iniciativa será tratada por el Senado durante la primera reunión plenaria del cuerpo, que tendría lugar el miércoles 2 de mayo. 

Voceros de las fuerzas opositoras le confirmaron a iProfesional que, pese al anuncio del oficialismo, seguirán insistiendo para aprobar los topes a las tarifas y que –en caso de llegar al veto- sea el Gobierno que pague el costo político.

Los diputados del Frente para la Victoria-PJ, bloque que preside Agustín Rossi, rechazaron las medidas que el Gobierno adoptará sobre el pago de tarifas, al considerar que “se propone la facilidad de pagos en cuotas y con intereses, manteniendo así los exorbitantes aumentos”.

“La propuesta de Mauricio Macri es una tomada de pelo a todos los argentinos agobiados por la suba de tarifas”, advirtieron los legisladores en un comunicado tras la reunión en Casa Rosada, de la que participaron los jefes parlamentarios de Cambiemos.

Los diputados kirchneristas sostuvieron que “desdoblar la factura y dar cuotas con interés no resuelve el principal dolor de cabeza que tienen hoy las familias, las pymes y los comercios”.

El gobernador mendocino y titular del radicalismo, Alfredo Cornejo, aclaró que el Gobierno no va a suspender los incrementos. En declaraciones al periodismo, el gobernador señaló que “el monto del aumento está perfectamente informado en las audiencias públicas, hay un sendero de precios que fue informado a la opinión pública y tratado en las distintas audiencias”.

La iniciativa que cuenta con chances de ser aprobada en el Senado, presentada por el titular del bloque peronista Miguel Pichetto, consta de 17 artículos, divididos en cuatro títulos, que tiene por objeto proteger a los usuarios residenciales, micro, pequeñas y medianas empresas, cooperativas de trabajos o empresas recuperadas, clubes de barrios y usuarios beneficiados por la tarifa social.

La iniciativa retrotrae a los valores de noviembre de 2017 y establece que los aumentos no deben exceder el Coeficiente de Variación Salarial acumulado desde tres meses anteriores a la fecha de la vigencia de la última actualización tarifaria, hasta los tres meses anteriores a la aplicación de la nueva tarifa. Esas tarifas tendrán una estabilidad mínima de 24 meses, período durante el cual no se podrá incrementar el monto por ningún mecanismo de actualización tarifaria.

Las tarifas alcanzadas son las de los servicios de energía eléctrica, gas, agua, y transporte público automotor y ferroviario, y aquellos que hubieran abonado a partir del 1 de noviembre pasado un monto mayor al establecido por la norma, por el valor del excedente se generará un crédito a favor del usuario computable al próximo período del consumo.

En materia impositiva, se exceptúa del pago del IVA a las ventas de gas, luz y agua para aquellos beneficiarios de la tarifa social. La alícuota del IVA será del 50% de la establecida por ley para los usuarios residenciales; también se incluye una modificación en el mismo sentido para micro, pequeñas y medianas empresas.