Una fiscal federal imputó a Hugo y a Pablo Moyano por lavado de dinero

La fiscal federal de Quilmes, Silvia Caballo, imputó este miércoles al líder del gremio camionero Hugo Moyano y a su hijo Pablo por presunto lavado de dinero, por negocios que no sólo atañen al club Independiente sino también por contrataciones e inscripción de empresas por parte del gremio de camioneros.

Fuentes judiciales informaron que la imputación contra Moyano, presidente del Club Independiente, y su hijo, vocal de la institución deportiva, la presentó la fiscalía en el juzgado federal de Quilmes de Luis Armella.

Meses atrás, el juez de Lomas de Zamora Gabriel Vitale dictó la prisión preventiva de Pablo "Bebote" Alvarez, de Damian Lagaronne, de Ariel Romero, Adrian Bartone, Adrian Garcia, Cesar Godoy y Noray Nakis, este último exvicepresidente de Independiente, como integrantes de una asociación ilícita.

Incluso, también dispuso la preventiva como organizador de la misma de Roberto "Polaco" Petrov, custodio habitual de Hugo Moyano.

La causa se había iniciado por una denuncia de Juan Manuel Lugones, subsecretario del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires al tomar conocimiento de distintos delitos llevados a cabo por la barra brava de Independiente.

Los hechos son el apriete a jugadores y técnicos de fútbol pidiéndole sumas de dinero a cambio de no "putearlos" en los partidos, como ser el caso del DT Ariel Holan, y con laxos en la dirigencia del club a través del dirigente Noray Nakys.

También la asociación ilícita se dedicaba a falsificar entradas y bonos de socios, reventas, costear los pasajes al interior y exterior del país de la barra brava, venta ilegal en los alrededores del estadio obteniendo réditos económicos con el manejo de parrillas y otros puestos callejeros y la presencia de "trapitos".

El tramo de la causa relacionado con Moyano por incompetencia el juez Vitale lo envió a Quilmes a cargo de Armella a partir de las declaraciones de "Bebote" Álvarez.

El barra brava dijo que los Moyano extorsionaban a varias empresas de distintos rubros utilizando al Club Independiente para "lavar y blanquear dinero" con la empresa Aconra.

Además, refirió que en el Club hacían socios a todos los integrantes del sindicato de camioneros en todo el país para "estafar las elecciones de la institución" en diciembre pasado.

La fiscalía los acusa de "haber montado una estructura, dentro de la institución deportiva, de tres o más personas destinada a cometer delitos y lavado dinero de las formas más variadas, entre las que se destacan la contratación de los servicios de la empresa de turismo "Martin Tur" sobrefacturando los viajes del equipo al interior y exterior; como así también a través de diversas extorsiones realizadas a empresas de diversos rubros para terminar obras del Club Independiente y el posterior blanqueo de dinero por intermedio de las firmas vinculadas con la cónyuge de Hugo Moyano (Aconra SA)".

Entre las medidas solicitadas, están la de determinar si las empresas mencionadas fueron víctimas de la extorsión con pedidos de dinero por parte del Club, la información de algunas financieras nombradas en el expediente, y también con pedidos de información a la AFIP y la ANSES.

Aquel, no es el único expediente que complica al camionero.

El juez federal Alejandro Sánchez Freytes citará en los próximos días a indagatoria al sindicalista Hugo Moyano, imputado por el fiscal Gustavo Vidal Lascano en diciembre pasado por presunto lavado de dinero y defraudación en la compra-venta de inmuebles en esta provincia.

Además del titular del sindicato de Camioneros hay otras tres personas imputadas.

Fuentes del Juzgado confirmaron a La Nación que la convocatoria será en breve.

En pos de alejar cualquier suspicacia, desde esa instancia como desde la Fiscalía, insistieron en que la causa "no tiene ninguna relación con el protagonismo mediático y los otros procesos" ya que esta denuncia es "de mucho antes".

La causa cordobesaVidal Lascano recibió en 2016 una denuncia de parte de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y realizó una serie de medidas "vinculadas con oficios a bancos y a empresas que demoraron" por lo que la imputación salió en diciembre.

Carlos Gonella, titular de la Procelac en ese momento, recordó que el dictamen tiene unos cuatro años y se originó en un reporte del Registro Público de la Propiedad que detectó "diferencias" en el valor de inmuebles y lo elevó a la Unidad de Información Financiera (UIF), de donde lo recibió la Procuraduría.

La UIF envía a la Procelac el material el 24 de octubre de 2014; el primer decreto de la Fiscalía es el 15 de marzo de 2015 y el dictamen de imputación data del 29 de diciembre de 2017. Llegó al juzgado después de la feria, el 5 de este mes.

El eje de la causa es la compra de terrenos en La Falda (en Punilla, a unos 70 kilómetros de la capital provincial) por parte del Sindicato de Choferes de Camiones, en diciembre de 2013.

Pagó $6 millones por cinco inmuebles que habían sido adquiridos por otra persona dos meses antes por unos $310.000. La base imponible de los terrenos era de $964.553 pesos. La brecha entre las operaciones es lo que origina la sospecha que terminó en una denuncia.

La imputación por supuesto lavado de dinero alcanza a Moyano, Pablo Villegas (también del sindicato), Carlos Mesías, Jorge Cappucchio y Enrique Mariñansky, todos partícipes en las distintas etapas de las operaciones.

Mesías fue quien vendió los inmuebles a Camioneros. Los miembros del sindicato también están acusados de presunta "administración fraudulenta".

"En la indagatoria podrán explicar si todo es una confusión; ejercer su derecho a la defensa", apuntó Vidal Lascano. La sospecha apunta a que se simularon operaciones y fueron aumentándose los valores de los terrenos.

Según el texto de la denuncia, se hace un depósito el 5 de diciembre en el Santander Río por los $6 millones y en las dos jornadas siguientes se registran seis extracciones cada una por encima de los $200.000.