El Gobierno busca acelerar el pago del impuesto a la renta financiera por parte de los inversores extranjeros
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El Gobierno acelera la reglamentación de la reforma tributaria para empezar, entre otras cuestiones, a cobrarles a los inversores extranjeros el impuesto a las ganancias sobre la renta financiera.
Fuentes oficiales indicaron a La Nación que el primer aspecto de la reforma votada por el Congreso a fines del 2017 que se reglamentará será la aplicación de la renta financiera para las personas físicas no residentes. Cabe recordar que las empresas ya pagaban impuesto sobre esta renta antes de este cambio legislativo.
El apuro tiene su razón de ser: como se trata de un impuesto de ejercicio anual, la aplicación de ganancias a los inversores locales puede esperar, ya que si comienza a aplicarse antes del 31 de diciembre próximo, el fisco podrá retenerles toda la renta obtenida en su próxima declaración jurada anual (2019).
En cambio, en el caso de los inversores extranjeros, como no realizan una declaración jurada, la retención debe hacerse cada vez que obtienen una renta (aquí no hay declaración jurada posterior) y, por lo tanto, cuanto más se dilate la aplicación del impuesto, más recursos perderá el fisco.
En el caso de las Lebacs, los inversores extranjeros tienen el 8% del stock de 1,2 billones de pesos.
La Presidencia, el Ministerio de Hacienda y la AFIP trabajan en forma conjunta para reglamentar la reforma.
Según la ley promulgada a fines del año pasado, los bonos públicos, plazos fijos, Lebac, fondos comunes de inversión, obligaciones negociables y Letes en pesos estarán alcanzados por el cinco por ciento y por el 15 por ciento si están en dólares o indexados por UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) o CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia).
La norma fijó un mínimo no imponible de $66.917, por lo cual se empieza a pagar por arriba de esa rentabilidad, aunque esa cifra se actualizará por la inflación oficial en octubre de cada año.
Por otro lado, la reforma tributaria dispuso la modificación de la alícuota de impuestos internos, un esquema de baja de las contribuciones patronales, una reducción del impuesto a las ganancias a las sociedades que reinviertan utilidades y gravar las operaciones en plataformas digitales, entre otros ejes.
La reforma se aplicará en forma gradual en un plazo de cinco años y el Gobierno aseguró que, al final de este período, se habrá logrado una reducción del 1,5% en la carga tributaria.