Reforma laboral: Gobierno y CGT tratan de acordar blanqueo, despidos, licencias y tercerización

Malas noticias en materia de inflación, sindicatos que endurecen sus posturas negociadoras y, para colmo, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, en el ojo de la tormenta por el escandaloso episodio de su empleada "en negro".

Así como están las cosas, no parece ser el mejor momento para que el oficialismo impulse su postergada reforma laboral. Sin embargo, la "mesa chica" del Gobierno no pierde las esperanzas.

De hecho, ya está en marcha un "plan B" que implica dejar de lado algunos puntos que generan escozor entre la dirigencia sindical y concentrar el esfuerzo negociador en otros que gozan de cierto consenso.

El operativo tiene esa rara mezcla de negociación y de "mano dura" que es marca registrada del macrismo: al mismo tiempo que avanza en medidas que afectan la "caja" de las obras sociales sindicales, emite señales de pacificación hacia los dirigentes más proclives al diálogo.

Minis reformas laborales

Luego de la elección legislativa de octubre, la idea inicial del Ejecutivo era impulsar varias iniciativas clave, para así sacar rédito de la típica "luna de miel" que llega cuando los resultados son favorables.

Sin embargo, a la hora de definir prioridades, creyó conveniente apuntar los cañones a la nueva fórmula jubilatoria, a la reforma tributaria, al Pacto Federal de la Coparticipación y al Presupuesto.

Como contrapartida, la falta de apoyo del peronismo "dialoguista" (que busca una postura unificada de la CGT) lo llevó a dejar de lado el plan de avanzar rápido con la reforma laboral.

En un primer momento, pensó en convocar a sesiones extraordinarias para febrero. El propio jefe de Gabinete, Marcos Peña, fue el encargado de realizar ese anuncio.

Pero, al prever que no iba a contar con las adhesiones suficientes, el macrismo dejó de lado esa premisa y comenzó a considerar como más propicio un debate cerca de abril.

Luego optó por dar otro "volantazo": particionó la ambiciosa iniciativa laboral para así transformarla en varias "mini" reformas.

Así, la nueva iniciativa oficial "fragmentada" tendría tres pilares: blanqueo laboral, sistema de prácticas formativas y la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud.

Para Héctor Daer, integrante de la conducción cegetista, así "tendría que haber hecho de entrada, ya que permite desagregar los contenidos y debatirlos más profundamente."

En lo que sí hay consenso político y gremial es en que, sin el visto bueno de la CGT, la reforma impulsada por Macri no avanzará.

En tal sentido, hay voces disidentes -dentro de la propia entidad- que tienen la fuerza suficiente para complicar los planes oficiales.

Es, en este contexto, que el Gobierno se propuso disociar el proyecto original para analizar, con una alta dosis de gradualismo, estos aspectos:

- Regularización del empleo no registrado (blanqueo)

- Modificaciones al Régimen de Contrato de Trabajo

- Cambios al Régimen de Convenciones Colectivas para limitar los pagos no remunerativos

- Fondo de cese laboral

- Capacitación continua, con nuevo régimen de pasantías

En otro orden, se dejaría de lado la figura del "trabajador independiente", que contemplaba la posibilidad de que una persona cuente con con la colaboración de hasta otras cuatro para darle impulso a un emprendimiento. Además, que pudiese estar habilitada legalmente para a acogerse a un régimen especial unificado, para así realizar un solo aporte mensual a la Seguridad Social.

Por lo pronto, la mirada de los distintos sectores involucrados está puesta en la negociación de los futuros convenios colectivos.

Es que buena parte de los cambios que el macrismo pretendía introducir a través del Parlamento, pueden ser impulsados directamente en los acuerdos sectoriales. Es decir, sin necesidad de alterar la normativa vigente.

Entre ellos aparece el "multitasking" (multiplicidad de tareas), como también las prácticas para mejorar la productividad, bonos y premios por presentismo.

Blanqueo: semáforo en verde

La propuesta oficial vinculada con el blanqueo prevé otorgar beneficios a los empleadores que "sinceren" trabajadores que cobran en negro o reciben parte de sus ingresos en situación irregular.

Uno de ellos es la extinción de la acción penal: no correrán riesgos de ser condenados por haber omitido el ingreso de aportes y contribuciones.

La condonación de multas y salida del REPSAL (registro público de empleadores con sanciones laborales), son dos temas que ya quedaron resueltos recientemente, a partir del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) sobre desburocratización del Estado.

Es decir, el DNU contempla la reducción de penalidades previstas en el régimen como también los tiempos de permanencia de las compañías inspeccionadas dentro del registro, considerado una suerte de "veraz laboral".

El blanqueo a tratarse en el Parlamento es visto con buenos ojos por los sindicalistas, ya que redundará en una mayor cantidad de fondos para gremios y las obras sociales.

Multas y destinos de los fondos: luz roja gremial

Uno de los temas resistidos por la CGT son los cambios planteados sobre las multas por empleo mal registrado.

El Gobierno propone que, en lugar del salario completo del trabajador, el monto a considerar se estipule sobre la base del 25% del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), lo que redundaría en cifras menores.

Además, quiere cambiar el destino de esos fondos: que sean derivados a los organismos de la Seguridad Social y no al bolsillo del empleado afectado, tal como ocurre en la actualidad.

Este punto no cuenta con el aval sindical y los legisladores del peronismo "dialoguista" ya mostraron sus reparos.

Además, los jueces laborales ya comenzaron a señalar los problemas que puede ocasionar una norma de estas características.

"Me parece desfavorable e incorrecto que se impongan multas que luego tengan como destino final los organismos de Seguridad Social y no a los trabajadores, ya que estos no tendrán incentivos para denunciar", afirma Héctor Guisado, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

Licencias: luz amarilla empresaria

Hay apoyo de centrales obreras en las modificaciones e incorporaciones de licencias:

- Paternidad: si bien ya es ley, se extendería de dos días a quince corridos.

- Razones personales: se incorporaría a la legislación, sin goce de sueldo y por 30 días.

- Trámites de adopción o reproducción asistida: también se sumaría a la normativa: 10 días anuales, en el primer caso, y 5 en el segundo

En lo que respecta a estas licencias, las cámaras empresarias se oponen a los cambios aduciendo que generarán problemas de índole operativos.

Irrenunciabilidad: luz roja sindical

El proyecto oficial plantea como posibilidad que un empleado pueda renunciar a sus derechos.

Esto, siempre y cuando cuente con una homologación administrativa y disponga de asistencia letrada o sindical.

Este ítem también es resistido tanto el sindicalismo como por el peronismo, por lo que es poco probable que prospere.

Tercerización: luz roja sindical

El Gobierno busca que la responsabilidad solidaria por subcontratación no aplique para algunos servicios.

En particular, a aquellos vinculados con actividades complementarias como suelen ser limpieza, seguridad, gastronomía, prestaciones médicas o de transporte, montaje de instalaciones, entre otros.

Como el rechazo de las centrales sindicales es "unánime", se apuntará a moderar este planteo, circunscribiéndolo a unas pocas tareas.

Despidos: luz amarilla

Inicialmente, el Gobierno apuntó a quitar del cálculo de las cesantías:

- La parte proporcional del aguinaldo

- Los bonos abonados sin periodicidad mensual

- Toda compensación o reconocimiento de gastos de la empresa

Para algunos gremios (no todos), este ítem no debe prosperar, ya que afecta los derechos de asalariados.

Sin embargo, las cámaras empresariales insisten en mantenerlo y argumentan que ayudará a dar certidumbre al costo indemnizatorio.

Sobre este tema, no hay postura unificada de los sindicatos. Algunos, como por ejemplo Comercio, lo tienen bajo estudio.

Quedaría a consideración de los gremios la creación del fondo de cese laboral, que prevé que las compañías aporten dinero a modo de "reserva" que le permita afrontar el día de mañana un juicio derivado de un despido.

Sumas no remunerativas: luz verde

El Gobierno plantea como posibilidad que las compañías puedan otorgar sumas no remunerativas, siempre que sean de carácter excepcional y por tiempo determinado.

En este sentido, hay un principio de acuerdo entre las partes (sindicatos, Gobierno y cámaras empresarias) para darle el visto bueno a la iniciativa planteada por el gobierno de Macri.

De confirmarse, las firmas verán reducidos sus pasivos contingentes, en el marco de una mayor "flexibilidad" legal.

Pasantías: luz amarilla

El Gobierno plantea que esta modalidad esté sujeta a plazos más largos y a una mayor cantidad de horas.

Concretamente, de las cuatro (horas) actuales a seis, para que así los estudiantes puedan insertarse más fácilmente en el mercado de trabajo.

El Gobierno quiere lograr consenso lo más pronto posible y propone una mesa tripartita compuesta por ministerios, cámaras empresarias y sindicatos.

También se contempla un banco de horas, vacaciones fraccionadas y una menor cantidad de delegados por planta, solo por mencionar alguno de los puntos en los que se buscará avanzar.

"Este año, el Gobierno se propuso no sufrir desgastes innecesarios en el Congreso", confiesa a iProfesional una fuente que habitualmente transita los pasillos de Casa Rosada.

La modificación a la fórmula jubilatoria, aprobada recientemente, dejó algunas heridas abiertas.

Así, los cambios planteados a la actual ley de empleo deben hacerse sin agitar demasiado las aguas y evitando que el Ejecutivo sufra un traspié en el Congreso.

Como en otros órdenes, el "gradualismo" también se ha extendido a la reforma laboral.