El Gobierno arrincona a Moyano: detalles de la denuncia por lavado y evasión de más de $4.000 M

Los Moyano viven, por estas horas, su momento de mayor tensión con el Gobierno.

La familia sindical más poderosa del país fue denunciada este viernes ante la Justicia por supuesta evasión de impuestos y posible lavado de dinero, operaciones que totalizarían $4.100 millones entre diversas empresas, entre las que se incluye OCA, además del sindicato de Camioneros, que lideran Hugo y Pablo Moyano.

La denuncia penal fue iniciada por el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Gabriel Pérez Barberá, a partir de un informe de inteligencia de la Unidad de Información Financiera (UIF), encabezada por Mauro Federicci, que fue elevado al organismo del Ministerio Público Fiscal el 21 de diciembre pasado.

La presentación cobró impulso en las últimas horas, en un contexto de cruces con el sindicalismo por detenciones de dirigentes involucrados en casos de corrupción y extorsión. 

A esto se suma el inicio de las paritarias del 2018, en las que el Gobierno busca fijar una pauta del 15% y la intención oficial de avanzar con varias iniciativas legislativas, entre ellas la reforma laboral, trabada por los Moyano.

La causa fue sorteada en el juzgado N°3 del fuero penal económico, encabezado por Rafael Caputo, quien delegó la investigación en la Fiscalía Nº8, a cargo de Alicia Sustaita.

Ahora, el próximo paso que aguardan en el Gobierno es el inicio de la instrucción. "Lo más probable es que empiece la investigación y que no sea rechazada", señaló a iProfesional una fuente oficial.

En el documento al que pudo acceder este medio, la Procelac apunta contra Hugo y Pablo Moyano, el empresario Patricio Farcuh -titular del Grupo Rhuo, el Grupo Damasco y de la empresa de correo postal OCA-, así como Alejandro Ginevra y Ernesto Améndola, todos ellos investigados por hechos que "podrían resultar constitutivos de lavado de activos de origen ilícito y evasión tributaria".

Según la denuncia, se trata de "múltiples operaciones y movimientos financieros, comerciales y societarios" efecutados por un grupo de empresas que conformaron un entramado a través del cual habría circulado un volumen de fondos significativo desde 2008 en adelante.

Entre 2014 y 2016, de acuerdo con la presentación, Farcuh y Camioneros cruzaron fondos por $100 millones.

En paralelo, OCA, la principal empresa del Grupo Rhuo, es investigada por la presunta evasión fiscal de $4.000 millones en concepto de contribuciones patronales.

A esto se suman donaciones efectuadas por 6,6 millones a la Asociación Mutual de Trabajadores de Camioneros 15 de diciembre y al Club Atlético, Social y Deportivo Camioneros, y el vínculo de la compañía con Pablo y Hugo Moyano.

"En tal sentido, no resulta razonable el hecho de que $2,85 millones de esas donaciones (todas referidas al club) se realizaran entre los meses de julio y octubre de 2016, momento en que la firma atravesaba serias dificultades financieras y fiscales que atentaron incluso contra el pago en tiempo y forma de los salarios de sus empleados", señala la Procelac.

Por otra parte, las empresas Guía Laboral y Pertenecer, del Grupo Rhuo, "evidenciaron un crecimiento patrimonial exponencial al menos hasta el año 2013, pese a lo cual, al año siguiente, habrían entrado en concurso preventivo de acreedores".

La sospecha radica en que, en sólo cuatro años, se expandieron un 1.000% por medio de operaciones con empresas pertenecientes al mismo holding.

En cuanto al Grupo Damasco, la UIF detectó inconsistencias en los estados contables, los movimientos financieros y la compra de acciones del hotel de Pinamar Raviens.

En octubre de 2014, Camioneros lo vendió por $77 millones al Grupo Damasco SA, de Farcuh. Fue a través de una compleja operación en la que las acciones pasaron primero a manos de Beldora, cuyo presidente sería Ginevra, para luego ser transferidas a Damasco.

"Ante tales circunstancias, no pueden dejar de ser tenidos en cuenta los estrechos vínculos comerciales e incluso personales observados y que diversas fuentes públicas le atribuyen al presidente y principal accionista del grupo económico investigado, Patricio Farcuh, con las personas que conducen las instituciones sindicales vendedoras (Hugo y Pablo Moyano)", precisa la denuncia de Barberá.

El futuro del líder camionero

La sospecha de las autoridades gira en torno al crecimiento patrimonial de las empresas a través de la retención inapropiada de impuestos y la recurrente creación y uso de sociedades (con mismos domiciolios y accionistas de aquellas nuevas).

Este accionar -razonan-, tendría la finalidad de registrar operaciones inconsistentes o inexistentes para eludir embargos judiciales, reclamos de acreedores y limitaciones crediticias.

La investigación judicial deberá resolver además si hubo lavado de dinero y si las personas denunciadas recurrieron a esa maniobra para aparentar un origen legal de los fondos utilizados.

"Hay indicios de lavado de dinero porque la mutual y el club de Camioneros recibieron fondos millonarios de OCA en un momento crítico de la empresa", explicaron a este medio fuentes cercanas a la causa.

El delito de evasión tributaria tiene una pena de dos hasta 6 años de prisión, mientras que en el lavado es de 3 a 9 años, según su gravedad.

Pero cerca de Moyano minimizan la posibilidad de que las denuncias afecten al camionero.

El abogado del sindicalista, Daniel Llermanos, aseguró que hay "cero posibilidades" de que el referente gremial o su hijo Pablo "vayan presos o sean procesados" en una causa por presunto lavado de dinero en Independiente.

El barra Pablo "Bebote" Álvarez, que se encuentra procesado y detenido, apuntó esta semana contra Hugo y Pablo Moyano al reconstruir un circuito que incluía una cuenta en una guarida fiscal, operaciones en una mesa de dinero y la compra de jugadores lesionados en el club de Avellaneda, en donde el camionero fue reelecto el 18 de diciembre pasado.

En el entorno del gremialista ven la mano del Gobierno detrás de las denuncias en contra de la familia sindical.

"Se han ganado el odio del poder económico por defender a los trabajadores", dijo Llermanos el miércoles, antes de que se conociera la presentación hecha por la Procelac en la Justicia penal.

Tensión gremial

En la CGT perciben un intento de disciplinar al sindicalismo en su conjunto frente a los próximos reclamos salariales y el plan de reformas macristas.

La central obrera viene de realizar un paro en diciembre en rechazo a la reforma jubilatoria, una medida que si bien fue parcial por la negativa de varios sectores gremiales a acatarla, provocó furia en los funcionarios del macrismo.

El líder gastronómico Luis Barrionuevo alertó en los últimos días sobre el "ataque al sindicalismo" y recordó que los expresidentes Raúl Alfonsín y Fernando De la Rúa no terminaron su mandato.

"Por eso digo, cuidado, no sigan pisando la cola al león, porque no todos somos iguales y no se puede generalizar con las mafias sindicales", dijo Barrionuevo. 

La denuncia contra los Moyano surge en medio de la detención y la investigación de otros sindicalistas. Humberto Monteros, jefe de la UOCRA de Bahía Blanca, fue apresado el jueves junto con otros nueve integrantes del gremio acusados de extorsionar a empresarios del sector. Lo encontraron con bolsas de billetes, armas y droga.

Con su encarcelamiento, Monteros se sumó a la lista engrosada por el extitular del sindicato de empleados municipales, Marcelo Balcedo, quien fue detenido el 4 de enero pasado en una chacra de la costa uruguaya, donde la policía halló varias armas de fuego y municiones, u$s500.000 en efectivo y autos de lujo.

También están presos Juan Manuel "Pata" Medina, exlíder de la UOCRA-La Plata, y Omar "Caballo" Suárez, del sindicato marítimo SOMU.

Desde el Gobierno, sin embargo, intentaron despegar a Moyano de los otros casos recientes.

"La denuncia penal no tiene la contundencia de un caso como el de Balcedo o el "Pata" Medina, no es lo mismo", señaló un funcionario a iProfesional.

En rigor, hasta ahora no hubo allanamientos ni operativos policiales, con excepción del ocurrido en Independiente, que concluyó con la detención del vicepresidente Norai Nakis y 20 barras, entre ellos el "Polaco" Petrov, cercano a los camioneros.

La nueva denuncia contra la familia sindical nació en la UIF y fue concretada por la Procelac, dos organismos formalmente independientes del Gobierno pero en la práctica sus intervenciones suelen ser más estrictas con aquellas instituciones o personalidades que están en la vereda opuesta al poder de turno.

Así ocurrió durante el kirchnerismo, cuando la gestión de Macri en la Ciudad o los empresarios enfrentados al "modelo nacional y popular" fueron objetos de denuncias por parte de dichos organismos.

Ahora, la balanza parece haberse inclinado para el otro lado y amenaza con destronar al principal referente del sindicalismo. O al menos, forzarlo a que modere sus reclamos y mantenga a sus afiliados lejos de las calles por un buen tiempo.