Cristina y Lázaro Báez, cerca del juicio oral por la obra pública en Santa Cruz

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este jueves por "inadmisibles" los recursos extraordinarios presentados por las defensas de la expresidenta Cristina Kirchner y el empresario Lázaro Báez contra el fallo que confirmó sus procesamiento y embargos en la causa por la adjudicación de obras públicas viales al Grupo Austral en la provincia de Santa Cruz.

Así lo decidió la Sala IV –integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Hernán Borinsky y Ana María Figueroa– y, de esta manera, quedó expedita la vía para la realización del juicio oral y público, indicó el Centro de Información Judicial (CIJ).

Los recursos de Casación habían sido interpuestos contra la Sala I de la Cámara Federal que confirmó el procesamiento y embargo por $10.000 millones que habían sido dispuestos por el juez federal Julián Ercolini.

En la causa se investiga a la exmandataria y al empresario detenido por el delito de asociación ilícita y administración fraudulenta agravada por haber sido contra la administración pública.

El hecho que se les adjudica es haber conformado una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos a través de la asignación de la mayor parte de las obras viales de la provincia de Santa Cruz a favor de Báez por más de $46.000 millones.

En este proceso también se encuentran procesados el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Obras Públicas José López, ambos detenidos por otras causas.

El lunes pasado, los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron que la expresidenta, a Báez y otros exfuncionarios de su Gobierno sean enviados a juicio oral y público por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.

El pedido fue hecho a Ercolini luego del planteo de las querellas de la causa, la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF), y todo indica que antes de fin de año el caso pasará a un Tribunal Oral Federal.

"Se montó una organización criminal orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80 por ciento de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz en favor de las empresas de Lázaro Antonio Báez, lo que representó la contratación del Estado por más de 46 mil millones de pesos", sostuvieron los fiscales en el requerimiento.