Tras escándalo y freno de Carrió, Macri paga costo polí­tico: arriesga "diluir" la reforma para mantener gobernabilidad

Fue la postal que Mauricio Macri quería evitar que se viera justo cuando la Argentina está en la vidriera de la atención global, al ser anfitrión de eventos como la reunión de la OMC o la próxima cumbre presidencial del G20.

Por un lado, piedras, balas de goma, carros hidrantes, gases lacrimógenos, corridas, gente herida, manifestantes encapuchados en batalla campal con los gendarmes. Por otro, una reforma previsional trabada desde las entrañas del Gobierno por la propia Elisa Carrió, ante la falta de apoyo peronista.

La imagen que circuló por los medios de comunicación de todo el mundo, en fin, es la diametralmente opuesta a la de un país que deja atrás los enfrentamientos internos y donde se privilegian los acuerdos en un marco de paz social.

La primera lectura política resulta obvia: sea quien sea el que haya empezado los incidentes, el Gobierno paga un costo político por esta situación. Y el operativo represivo de la Gendarmería terminó siendo el hecho político de la jornada, junto con la fractura expuesta del Gobierno.

Es decir, la jornada dejó la sensación de una derrota política para el macrismo: no logró sacar adelante su proyecto y lo ocurrido resulta funcional al discurso opositor en el sentido de que el modelo económico macrista no puede ser puesto en práctica sin violencia social.

Por caso, la diputada Graciela Caamaño, del sector que dirige Sergio Massa, habló sobre una represión entre poderes del Estado, con el Ejecutivo vulnerando el legislativo: "Ellos denuncian intentos golpistas, pero toman la actitud de apretar gobernadores e intendentes. Y ahora se violaron inmunidades parlamentarias. Es algo institucionalmente muy grave".

Esa percepción se vio reforzada anoche por la propia Carrió y la CGT que salieron a rechazar la posibilidad de resolver la reforma por decreto, tal como dejó trascender el Gobierno. La legisladora advirtió que un DNU "violaría gravemente la Constitución", mientras la central anunció que iría a un paro en ese caso.

Consciente de que ahora viene la "batalla por la interpretación" de los incidentes, el Gobierno intentó más temprano dar su versión de los hechos. En conferencia de prensa, Marcos Peña acusó al kirchnerismo de generar los incidentes y justificó el accionar de la Gendarmería.

El discurso oficial -en una rara coincidencia con el que en otro momento sostuvo Cristina- eligió plantear la situación en términos de una mayoría pacífica que apoya al Gobierno y una minoría violenta que, ante su impotencia en las urnas, elige el camino del caos.

"La mayoría de los argentinos están asqueados y hartos de esa violencia e intolerancia. El país eligió un cambio que les dijo basta", dijo el jefe de Gabinete.

La gobernabilidad y la calle

En medio del nerviosismo por la tensa jornada, Peña no logró evitar que quedara al descubierto el costo político: primero, se agudizaron las fuertes desavenencias internas entre los socios de la coalición Cambiemos, a tan sólo dos meses de las elecciones de medio término.

Y segundo, hay una toma de conciencia sobre el limitado apoyo del peronismo. Ahora queda en claro que un consenso no será tal simple de lograr y que un acuerdo saldrá más "caro" de lo previsto.

Esto también incluye al sindicalismo, que anoche en conferencia de prensa salió a repudiar la "militarización" del Congreso.

En definitiva, lo que se evidenció para el macrismo fue que el concepto de "gobernabilidad" en la Argentina va mucho más allá de un resultado electoral.

A pesar de la victoria en octubre del macrismo, que sumó un 41% a nivel nacional, el Gobierno empieza a tener pruebas de que la autoridad de las urnas no es suficiente para impulsar una agenda de reformas que afecte muchos intereses sectoriales.

Como siempre recuerdan los historiadores del peronismo, una parte esencial de la habilidad de un gobernante consiste en "el control de la calle", en un país que ha construido una cultura de la protesta.

Cada vez que un gobierno perdió ese control tuvo problemas, y eso incluyó a peronistas como Cristina Kirchner, que sufrió derrotas políticas como consecuencia de las manifestaciones por la resolución 125 y luego por los "cacerolazos".

De hecho, el temor a los incidentes fue lo que la llevó en su momento a dar marcha atrás con un tarifazo ya anunciado.

El panorama, entonces, es que el macrismo modificará la medida original. "Se está analizando y no se descarta un DNU con un cambio de fórmula y un bono compensatorio por empalme", dijeron anoche a iProfesional fuentes oficiales.

Es un reconocimiento de que, a pesar de haber alcanzado acuerdos en el Senado, el macrismo no había logrado convencer a la opinión pública de que la nueva fórmula de reajuste jubilatorio sería la principal variable del ajuste fiscal.

Una reforma costosa

Fracasada la sesión en el Congreso, el Gobierno volvió la mirada sobre dos actores clave: Carrió y los gobernadores peronistas . Es que gracias a ellos, la reforma previsional se volvió más costosa para el oficialismo.

No solo por las escenas de violencia sino también por los parches que deberá implementar el Gobierno para resolver la crisis política en ciernes. Se trata de cambios para calmar a su aliada de la Coalición Cívica y, en paralelo, considerar más fondos para las provincias.

La encargada de dinamitar el proyecto fue la propia Carrió, quien ayer en medio de los gritos dentro del recinto y ante un quórum inestable pidió que se levantara la sesión y sorprendió a propios y ajenos con el pedido de una "compensación" a los jubilados.

"Voy a pedir que se levante la sesión...nosotros no vamos a contestar a su violencia con nuestra violencia. Vamos a ganar la votación, será esta semana o la otra, pero la vamos a ganar" aseveró Carrió. Y a continuación disparó: "¿Va a haber compensación a los jubilados? Si, por eso estoy sentada acá. Así que no asusten más a la gente".

De ese modo, la diputada electa por la Ciudad con más del 50% de los votos hizo valer su creciente influencia y condición de "árbitro" del oficialismo, que había adelantado para este jueves la sesión en Diputados con la expectativa de obtener un triunfo ajustado pero seguro, tras llegar a un acuerdo con el peronismo de las provincias.

Fue ella quien percibió la dificultad de Cambiemos para lograr un quórum estable de 129 diputados y, ante un ambiente caldeado por las denuncias de la oposición sobre la presencia de dos "diputruchos" que no habían realizado la jura, Carrió sentenció que "no iba a a haber votos" en un clima de violencia.

El giro de la diputada no tardó en golpear al macrismo. Caída la sesión, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, anunció que se reunirá con los diferentes espacios de Cambiemos para "ver alternativas" al pedido de Carrió, que exigió retocar el empalme de las fórmulas de movilidad jubilatoria.

"Se está estudiando una compensación por el descalce de marzo, pero aún no está claro cuándo ni cómo", informaron a iProfesional desde la Coalición Cívica.

En efecto, el proyecto oficial modifica el índice de actualización vigente, que es de carácter semestral y se ajusta en base a un 50% de la evolución de los salarios y 50% de la recaudación, por uno trimestral definido por un 70% de inflación y 30% de suba de los ingresos.

El cambio implica que en marzo de 2018 en lugar de obtener una suba del 12%, los jubilados percibirán un 5,7% con seis meses de demora. Para el Estado, a su vez, significaría un ahorro de casi $100.000 millones.

En los despachos oficiales minimizaron ayer el desplante de la legisladora al señalar que ya conocían sus diferencias, pero la reacción posterior de la líder de la Coalición Cívica en rechazo a un eventual DNU volvió a exponer con mayor fuerza la dimensión de la crisis interna.

La diputada venía de poner reparos en su cuenta de Twitter, donde admitió que había "un pequeño problema que se puede subsanar o compensar el año que viene" y que "la ley es muy buena para el futuro, no en el cortísimo plazo".

Pero ese no fue el único motivo de diferencias internas. En otra muestra de su capacidad para desafiar las órdenes presidenciales, la legisladora también apuntó ayer contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich por hacer "ostentación de fuerza" con su operativo de seguridad.

"No se necesitan tantos gendarmes, la ministra tiene que parar", se despachó.

Un poder disperso

El otro flanco débil que dejó la jornada de ayer al descubierto es la dispersión en el reparto del poder. Ya no dentro del oficialismo, sino además entre las fuerzas políticas y las organizaciones de la sociedad civil, como el sindicalismo y los movimientos sociales.

Esa amalgama de intereses fue la que impidió ayer una victoria express del macrismo. Los enfrentamientos en las calles -con una presencia protagónica de la izquierda- y la presión dentro del recinto hizo tambalear los votos peronistas, necesarios para alcanzar el quórum.

El interbloque Argentina federal, con 35 votos, era quien debían garantizar el grueso de los 21 que necesitaba Cambiemos para lograr 129 voluntades durante toda la sesión. Pero, con solo 108 legisladores propios, Carrió vio rápidamente evaporarse el respaldo alcanzado previamente.

En ese escenario frágil y tumultuoso, el peronismo volvió a demostrar su influencia decisiva en la definición de leyes clave para el Gobierno. Así lo hizo saber ayer el bloque justicialista al reclamar la apertura del diálogo y, por otra parte, la CGT al amenazar con un nuevo paro.

"La Argentina necesita urgente abrir canales de diálogo para encontrar una solución al problema previsional porque quedó demostrado que no sirve la imposición de una idea desde el Ejecutivo", dijo ayer en un comunicado el presidente del Bloque Justicialista de Diputados, Pablo Kosiner.

Dicho bloque, con 19 votos, aprovechó también para exponer las fisuras en el oficialismo. "Si el Gobierno tiene una propuesta de solución alternativa, sería importante que la presente porque la erupción de la diputada Elisa Carrió con anuncios de beneficios sorprendió hasta al bloque Cambiemos", dijo el legislador.

El ala política de Cambiemos había acordado con Argentina Federal blindar la reforma previsional. A ello se habían dedicado el miércoles Macri, Peña y el ministro de Interior, Rogelio Frigerio. Pero la tensión vivida ayer y la reacción de Carrió terminó por hacer estallar un entendimiento que evidentemente estaba atado con alambres.

"Desde nuestro bloque habíamos planteado no apresurar la sesión y analizar el proyecto con la seriedad que se merecía. Ellos decidieron acelerar los tiempos y de repente aparecen con parches alternativos. Nos preguntamos, si verdaderamente tenían esto en mente, por qué no lo plantearon antes y dejaron llegar a este clima de tensión", advirtió Kosiner.

La actual configuración de poder requiere tanta pericia como una negociación con gobernadores provinciales para alcanzar un pacto fiscal. En el inicio de la gestión, el macrismo había logrado un resultado aceptable en este renglón, gracias a un trabajo de diálogo con la dirigencia sindical.

Lo que ahora queda en duda es si, entusiasmado por su victoria electoral, el macrismo puede haber subestimado la importancia de la opinión pública. Es lo que se está insinuando desde dentro del propio Gobierno.

Prueba es la actitud desafiante de Carrió, quien una vez más volvió a rebelarse contra sus aliados. En más de una ocasión se enfrentó con el Gobierno al cuestionar a figuras como Silvia Majadalani, Daniel Angelici, Franco Macri, Duran Barba, Calcaterra, Jorge Macri, y Cristian Ritondo, entre otros.

Pero nunca había llegado a hacerlo de una manera tan evidente como ayer. En una misma jornada, la diputada frenó dos veces en seco al oficialismo. Primero dentro del Congreso, al exigir que se levante la sesión, y luego al rechazar la intención oficial de avanzar con un DNU.

Ahora, resta por ver si como en otras oportunidades el Gobierno llega a un acuerdo con la legisladora. O, por el contrario, esta puja anticipa un conflicto mayor que podría llevar a Macri a hacer más concesiones, diluyendo sus medidas económicas y las promesas ofrecidas en Wall Street a los inversores.