La fórmula Pichetto achicó el ahorro fiscal a $60.000 millones y el Gobierno piensa en la reforma estructural

El mismo funcionario del equipo económico que hasta hace unas semanas "decoraba" su despacho con la fórmula que le permitía determinar si había atraso cambiario, ahora cambió de ecuación. 

La pizarra es la misma, también mantuvo el color del marcador (azul), pero en lugar de sacar cuentas sobre el dólar, hoy día está abocado al tema que más lo obsesiona: la reforma del sistema previsional.

Esto va en línea con un Gobierno que está muy focalizado en los cambios que debe implementar en jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales para así poder cerrar un poco mejor las cuentas del próximo año. 

Muy lejos quedó el momento en que Nicolás Dujovne presentó la reforma tributaria, como así también el revuelo que trajeron las modificaciones en los impuestos internos.

Claramente, ahora el "verdadero" interés del Palacio de Hacienda es sacar por ley los cambios en materia jubilatoria, porque es precisamente en este ítem donde se esconde buena parte del ahorro fiscal. 

En palabras de un miembro del equipo económico, este rubro es la clave del "ajuste estructural" de la economía. Además, se trata de erogaciones que se ahorran de acá en más y con efecto inmediato.

De acuerdo con la fórmula escrita en el pizarrón del funcionario, ese ahorro alcanzaría los $60.000 millones, equivalente al 0,6% del PBI. 

Es un monto que, al día de hoy, tiene un componente "aspiracional", ya que el proyecto debe convertirse en ley. En otras palabras, no descarta que esa cifra se reduzca cuando sea tratado en Diputados.

Para el Gobierno, la disminución del desembolso en el rubro jubilaciones y pensiones pasó a ser un tema prioritario, por una sencilla razón: es el renglón más grande del gasto público (57% del total). 

Más aun, si se le suma las erogaciones del PAMI, el número trepa otros tres puntos adicionales para situarse en un 60%.

La pelea por el método de ajusteDespués de su paso tranquilo por el Senado, en el Gobierno sospechan que la reforma previsional generará resistencias en la Cámara baja.

Por eso mismo, los funcionarios ya están dándole forma a la defensa de los cambios. 

Saben que los principales cuestionamientos vendrán por el lado de la nueva fórmula de actualización y, sobre todo, por el modo en que se hará el "empalme" entre la anterior y actual propuesta.

El próximo aumento de jubilaciones y pensiones tendrá lugar en marzo, y para su determinación se tendrá en cuenta la inflación del trimestre y el RIPTE de julio-septiembre último.

¿Qué es el RIPTE? La sigla significa "Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables", y da cuenta del total de empleados afiliados al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.

Su cálculo surge del cociente entre los sueldos sujetos a aportes y el total de asalariados del sector privado con más de 13 meses de antigüedad.

En cuanto al incremento jubilatorio de marzo, calculado en base de estos dos parámetros (inflación trimestral y RIPTE), rondará el 5,7%.

El próximo será en junio y, de acuerdo con la expectativa oficial, será de una magnitud similar (ya que el índice inflacionario de octubre fue 1,5%; el de noviembre del mismo orden y el de diciembre saltaría al 2%).

"En junio van a recuperar lo perdido en marzo. No hay quebranto ninguno", asegura la fuente a iProfesional. Sin embargo, no es lo que argumentan los principales constitucionalistas del país. 

Felix Loñ y Daniel Sabsay alertan que los cambios podrían provocar una ola de juicios contra el Estado, tal como sucedió otras veces, producto de jubilados que se sintieron perjudicados.

"La nueva fórmula prevista en el proyecto oficial no puede ser aplicada retroactivamente a los actuales beneficiarios. Implica una seria violación al principio respectivo y a la seguridad jurídica en la que se asienta el derecho de propiedad", sentencia Sabsay.

Desde Hacienda responden con dureza a esos argumentos: "Todos hablan sobre los derechos adquiridos sin reparar en la realidad de la economía del país". 

"Los sistemas jubilatorios sufren serios inconvenientes para financiarse en todo el mundo, no sólo en la Argentina. Nosotros, como funcionarios, tenemos el deber de resolver los problemas que estamos advirtiendo a futuro", insiste.

"No hay magia""Gastamos más que Italia. Estamos por encima de España o de Francia. No quiere decir que nuestras jubilaciones sean mejores. Significa que, en términos de recaudación, nosotros destinamos más fondos que ellos", afirma el funcionario. 

"No hay magia. Algo hay que hacer", sintetiza, con la frialdad de quien sigue al pie de la letra lo que manda la ecuación fiscal.

Para tener una idea más precisa sobre el monto que está en juego, indica que en los primeros diez meses del año las prestaciones a la Seguridad Social le significaron al Estado una erogación de $797.000 millones. 

Esa cifra es 39,8% más elevada que la de un año atrás, de acuerdo con el registro de la ASAP.

Tal repunte está directamente relacionado con el costo de la "reparación histórica", la polémica medida tomada por Macri apenas asumió y que provocó un gran agujero fiscal. Incluso, fue muy criticada por quien ahora es su ministro de Hacienda.

El ahorro con el que se entusiasman Dujovne y equipo equivale, cuanto mucho, al 7,5% de lo que se pagó en jubilaciones y pensiones entre enero y octubre.

Semejante salto en las erogaciones está provocando un enorme bache en el patrimonio de la Anses. Dujovne estimó que ese agujero "supera tres puntos del PBI". Sin embargo, los últimos cálculos que llevan en Hacienda se ubican por encima de esa estimación.

Este año, la asistencia del Tesoro nacional a la ANSES alcanzará al 4% del PBI, unos $400.000 millones en números redondos.

Para 2018, ese agujero será más grande, siempre de acuerdo al borrador que guarda (y preocupa) a Dujovne: treparía a 4,6% del Producto.

Esto significa que, de aprobarse la ley tal como la envió el Gobierno al Congreso, el "ahorro" previsto para el próximo año apenas servirá para evitar que ese agujero fiscal se siga profundizando.

Tras la fórmula, el cambio de sistema"Hay una realidad: si la economía no crece, la discusión será a quién le voy a sacar para darle a otro. Sería cómo administrar la pobreza", indica el funcionario.

"Por eso es tan importante poner las cuentas en orden, para que la actividad económica sea sustentable a mediano y largo plazo", afirma el funcionario.

Luego de esa definición, el integrante del gabinete económico sincera el plan para los meses que vienen: "Si bien tenemos que lograr un ahorro en el gasto público del próximo año, el ojo está puesto en los cambios estructurales del sistema previsional". 

La fuente consultada anticipa que eso "implicará la eliminación o bien cambios sustanciales en los llamados regímenes especiales, como el de los jueces y docentes".

Hoy en día, benefician a 375.000 personas pero al Estado le significa un costo sideral: $79.000 millones, al menos este año. 

Los regímenes contemplan a asalariados de distintos sectores, desde diplomáticos y judiciales hasta bancarios estatales, empleados de Luz y Fuerza y, sobre todo, docentes.

Para tener una idea de esta erogación, la fuente consultada indica que  los judiciales tienen una jubilación promedio de $97.000, que equivale a 13 mínimas. En el caso de los docentes, la media es $24.000 mensuales. 

Los gremios del sector defienden ese sistema especial argumentando que los maestros tienen una vida útil menor que la de otros trabajadores. Y afirman que obtienen haberes superiores porque realizan aportes más elevados durante la etapa activa.

Según la visión oficial, estos regímenes especiales provocan grandes "inequidades" en el sistema. Asimismo, los funcionarios consideran injusto que el desbalanceo que generan deba cubrirse con el "esfuerzo" del universo de jubilados y pensionados.

En el equipo económico no lo admiten abiertamente, pero la sensación es que el Gobierno trabaja con un esquema de corto plazo y otro de más largo alcance.

En lo inmediato, figura la agenda que ya está a la vista: ahorro de $60.000 millones (sólo en jubilaciones y pensiones) para el próximo ejercicio y la introducción de una fórmula indexatoria más sustentable.

Para el largo plazo, la hoja de ruta es más ambiciosa y está asociada a la comisión bicameral, que analiza una modificación integral del sistema jubilatorio. Macri ya advirtió que esta discusión se dará antes de 2019. 

"Tiene que tomar en cuenta la evolución de la medicina y la longevidad, que es un debate en el mundo", adelantó el Presidente pocos días después de su triunfo electoral, al tiempo que marcó la agenda de lo que viene.

"Vamos a instrumentar los cambios con la mayor velocidad que podamos", completó. 

Hay algo que va quedando claro: la reforma previsional ocupa un espacio central en la agenda del Ejecutivo. Los funcionarios lo saben, al punto que el cronómetro del largo plazo, para ellos, ya inició su cuenta regresiva.