Reforma laboral "invisible": empresas y gremios ya avanzan con cambios en los convenios colectivos

La reforma laboral avanza de manera silenciosa. Mientras el Gobierno ultima proyectos con la CGT bajo la promesa de evitar una "flexibilización a la brasileña", por lo bajo empresas y sindicatos tomaron nota de las señales enviadas por Mauricio Macri y ya negocian cambios en las condiciones de trabajo.

Las mismas apuntan a disminuir costos y aumentar la productividad, sin pasar por el Congreso.

A través de las negociaciones colectivas, se discuten o ya comienzan a aplicase:  

-La polivalencia (o multitarea)

-Adicionales por presentismo más estrictos

-Intercambio de planteles entre empresas

-Pago por objetivos

-La reducción de los tiempos muertos

-El reemplazo del trabajo humano por máquinas con "garantías de empleabilidad". 

La "agenda recargada" de productividad alcanza a los peajes, la energía y el sector aeronáutico, sacudido por la llegada de las "low cost".

También comprende a la industria del software, junto con el rubro automotor y audiovisual.

Además, se siente en actividades más intensivas en mano de obra, como los supermercados y sanidad, cuyo gremio es liderado por Héctor Daer, uno de los triunviros de la CGT y representante de los "gordos".

En muchos casos, los sindicalistas están dispuestos a rediscutir aspectos clave de los convenios.

La interna gremial por acaparar la interlocución con el Gobierno motivó a que algunos gremios de las 62 organizaciones analizaran un proyecto para reemplazar premios por presentismo por aquellos vinculados a la productividad.

Se lo iban a presentar a Mauricio Macri, pero quedó suspendido por las elecciones y la reapertura del diálogo con la central obrera.

En otros casos surgen conflictos por el incremento en los ritmos de trabajo, como ocurre en el sector del neumático y la alimentación, o porque las cámaras buscan negociar salario por beneficios.

La industria farmacéutica, en tanto, no firma paritarias con los visitadores médicos desde el año pasado. Una de las condiciones es reducir la cifra de delegados.

Pero como la Asociación de Agentes de Propaganda Médica se resiste, las firmas llevaron en transporte propio a sus empleados a desafiliarse del gremio. 

Con todo, los asesores corporativos se muestran optimistas. Sobre todo por los guiños que encuentran del lado sindical en la mesa de negociación.

"Hay un doble discurso, públicamente los gremios se muestran duros, pero después se sientan a discutir porque se generan nuevos puestos de trabajo", explicó a iProfesional el abogado de empresa, Héctor García.

La estrategia "invisible" sintoniza con los acuerdos sectoriales promovidos por el Gobierno, como el firmado con los petroleros de Vaca Muerta y el que busca cerrar en la lechería.

La vía del "consenso" reduce el riesgo de que el oficialismo sea acusado de "menemista" o se tope con un brote de conflictividad en plena campaña electoral. Por ello, las autoridades sostienen que profundizarán este tipo de acuerdos sectoriales.

Ese es también el objetivo de las conversaciones que encabezó el lunes el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, con el triunvirato y la mesa chica de la CGT.

A cambio de la paz social, el Gobierno incorporó al sindicalismo a la discusión del proyecto de blanqueo laboral (un perdón a las empresas en infracción para que registren a su personal) y la reintroducción de las pasantías, iniciativas con las que el oficialismo busca bajarle el tono a la "reforma laboral".

La batalla por los conveniosMientras tanto, el sector privado avanza con cambios de fondo.

En los próximos días, el líder de los empleados de comercio, Armando Cavalieri, aspira a cerrar un acuerdo con Autopistas Urbanas (AUSA) para incorporar el autopase, una tecnología que automatiza el proceso mediante barreras inteligentes y reemplazará del todo a los operarios que todavía predominan en la actividad.

El avance será introducido en el convenio colectivo junto con una cláusula de reubicación de los trabajadores desplazados por máquinas.

"La tecnología genera nuevos puestos porque hay que controlar flujos y multas", señaló una fuente cercana a la negociación.

Será el puntapie inicial de una iniciativa que luego se extenderá a otras rutas y autopistas del país, y que podría traer conflicto: el Sindicato único de Trabajadores del Peaje liderado por Facundo Moyano quedó afuera. 

En los supermercados, la "flexibilización" se impuso de hecho. Sucede que las cadenas y retail redujeron en los últimos años sus plantillas para recortar costos, lo que redundó en la multiplicación de tareas sin importar la categoría del empleado.

En el sindicato reconocen que para favorecer inversiones hicieron la "vista gorda" sobre estos cambios del convenio. Pero ahora Cavalieri los resiste con protestas.

En el sector aeronáutico, la autorización de nuevas rutas incluye negociaciones entre empresas y sindicatos para avanzar en convenios "low cost".

Flybondi, que comenzará a volar en noviembre, o Avian (la sucursal local de la colombiana Avianca), que ya opera con viajes no regulares a Tucumán, buscan una mayor flexibilidad en el manejo de las tripulaciones y dotaciones, de modo que puedan realizar tareas "complementarias" o múltiples.

La industria automotriz tampoco se queda atrás. El titular del gremio metalmecánico Smata, Ricardo Pignanelli, acaba de cerrar un acuerdo para reubicar 80 trabajadores de Volkswagen en Mercedes Benz.

Así, la mano de obra sobrante por la caída de la línea que producía la Amarok es utilizada por su competidora para colocar la Sprinter en Estados Unidos. Es un entendimiento similar al firmado por VW y Toyota en marzo pasado.

No son los únicos cambios. Luego de rubricar el acuerdo automotor en marzo, las fabricantes de autos pretenden importar el "modelo español", que los empresarios y sindicalistas de UOM y Smata conocieron de primera mano en febrero pasado durante la gira de Macri por el país ibérico.

El plan incluye el banco de horas, vacaciones fraccionadas, mayor polivalencia, menor cantidad de delegados por planta y una baja en las cargas sociales.

Con todo, la mira está puesta en reducir el ausentismo. En medio de las suspensiones extendidas en el sector, algunas firmas ya empezaron a reformular los premios de asistencia, un incentivo que los gremios industriales habían incorporado durante el kirchnerismo para alentar la producción y el empleo, a cambio de ritmos más intensos de trabajo.

"Toyota introdujo a fines del año pasado un premio muy agresivo", explicó una fuente de la industria.

En el Estado, los empleados de UPCN negociaron este año por primera vez una cláusula que ata el aumento salarial al presentismo.

El cambio más audaz, sin embargo, no llegó a través del convenio, sino con los controles biométricos, dispuestos por las autoridades para registrar el ingreso y egreso del personal, y las evaluaciones de desempeño. El sistema alentado por el Ministerio de Modernización alcanza a docentes y médicos en el interior.

Pero las medidas de vigilancia también despiertan resistencia: tanto ATE como los gremios de maestros denuncian descuentos automáticos -incluso por enfermedad- y el riesgo de la caída de los contratos, una modalidad extendida en el Estado.

Por otra parte, el salto tecnológico estimula la discusión de nuevos convenios en la energía eólica, la industria audiovisual y el rubro informático.

En este último, el debate es impulsado paradójicamente por los delegados. Es que la ausencia de un marco propio -y de paritarias- le permite a la mayoría de las empresas del "Sillicon Valley" argentino definir los salarios por medio de evaluaciones de desempeño, que miden el rendimiento en lugar de actualizarlos por inflación. 

Una modificación importante tuvo lugar en la rama de atención domiciliaria de Sanidad, un rubro en alza por el déficit de camas en las clínicas, la búsqueda de menores costos y la demanda de servicios puerta a puerta.

En enero pasado, el convenio 743/16 incorporó la jornada por prestación médica, que engancha el salario a la productividad (la cantidad de inyecciones aplicadas, por ejemplo) en lugar de la cantidad de horas trabajadas.

Antigradualistas

¿Y si los sindicatos se reúsan a ceder beneficios? En ese caso, los asesores de empresa proponen "apercibir" a las organizaciones gremiales.

No descartan desempolvar aquel capítulo de la fracasada Ley "Banelco" que fijaba un plazo de dos años para negociar convenios: una vez vencido el lapso sólo regía la Ley de Contrato de Trabajo, en general menos favorable que los acuerdos, en los que aún subsisten "conquistas" previas a la dictadura.

Los abogados laboralistas, en cambio, sostienen que el Ministerio de Trabajo ya se embarcó en una política de "disciplinamiento".

Horacio Meguira, asesor de la CTA Autónoma, lo observa en la demora y obstaculización de trámites regulares (certificación de autoridades, estatutos, personería e inscripciones), la impugnación de elecciones fuera de plazo y la intervención de cinco sindicatos.

En el ámbito de la negociación colectiva, los síntomas del cambio se reflejarían en la dilatación de las homologaciones, la dificultad para la expresión de las posturas sindicales en las actas, el dictado de conciliaciones sucesivas en un mismo conflicto, la no intervención en conflictos en los que las organizaciones son débiles y la represión de las protestas encabezadas por delegados "combativos".

Otro capítulo aparte es el goteo de fondos a las obras sociales, la ley de ART y los recientes fallos de la Corte Suprema, que empiezan a marcar un rumbo más a tono con las quejas presidenciales contra la "mafia" judicial y sindical.

Para los empresarios, sin embargo, no es suficiente. El CEO de Mercado Libre, Marcelo Galperín, lo hizo explícito al advertir la semana pasada que si el Gobierno evita el modelo brasileño se irán "millones de empleos" hacia el país vecino, donde el "unicornio argentino" también tiene oficinas. En la mesa chica del poder económico más de uno desea ver un Presidente más decidido.

"Queremos una ley de reforma laboral porque negociar cara a cara es más difícil", reconoció a este medio un directivo de la UIA.

Pero los ejecutivos saben que ni Macri ni el peronismo quieren "pagar el costo político". Brasil desarmó medio siglo de legislación laboral, solo después de la polémica designación de Michel Temer, quien llegó a la presidencia sin pasar por las urnas gracias a la interrupción del mandato constitucional de Dilma Rousseff. El impacto de los cambios es de final incierto.

El otro factor disuasivo es el poder sindical. Hasta los dirigentes más conciliadores de Azopardo vieron con sorpresa la débil resistencia ofrecida por sus pares brasileños a la ofensiva contra el sistema laboral y los gremios.

En cambio, el sindicalismo local aún goza de fortaleza: mientras en Brasil el 58% de los trabajadores en relación de dependencia está bajo convenio, la cifra en Argentina llega al 83%. Por encima también de Colombia (15%) y Chile (10%).

Así las cosas, las expectativas privadas están puestas en las elecciones legislativas. Los hombres de negocios entienden que el ritmo de la reforma laboral depende del espaldarazo que reciba el oficialismo en las urnas.

Un mayor protagonismo del Ejecutivo vía decreto o acuerdos en el Congreso le permitiría a las compañías evitar un choque frontal con los sindicatos. Como sea, las presiones "antigradualistas" ya están en marcha.