Apenas el 4% de las causas penales son elevadas a juicio

Los casos en que la justicia penal resuelve una causa con una sentencia de un tribunal oral son mínimos. En la ciudad de Buenos Aires, sólo 4% de los expedientes llegan a ser elevados a juicio y cuando finalmente llegan, la mayoría se cierra con un acuerdo antes del juicio propiamente dicho.

En los pocos casos en que sí hay juicio, 82% de las pruebas con las que se juzga son las mismas que ya había aportado el denunciante o la policía en la instrucción.

Estos datos surgen de una investigación del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. El relevamiento fue dado a conocer, en un acto con el ministro de Justicia, Germán Garavano.

"Hemos presentado muchos proyectos de ley, algunos ya sancionados, que van a modificar parte de esta realidad que el informe presenta", dijo el ministro, que mencionó la ley de flagrancia y el proyecto de traspaso de la justicia penal a la órbita de la ciudad de Buenos Aires. "Ese proceso tan difícil de traspaso", dijo.

Se trata de un proyecto que genera una fuerte resistencia en los tribunales y que tensó la relación entre el Gobierno y la Asociación de Magistrados, la más representativa de las agrupaciones de jueces.

Con base en este estudio, Garavano se refirió además a "las demoras de los tribunales" y sus dificultades para resolver los casos más complejos. "Generalmente lo que llega a juicio son los casos de flagrancia, bastante simples", afirmó.

El relevamiento muestra también que la mayor parte de los imputados (63,7%) son defendidos por abogados públicos. En el 79,6% de los casos estudiados, el abogado no presentó ni solicitó ningún elemento de prueba en favor de su defendido durante toda la instrucción, al menos mediante una presentación formal en el expediente. Los abogados casi nunca estuvieron presentes durante la recolección de pruebas de la instrucción ni presentaron recursos en defensa de su cliente contra medidas tomadas por el fiscal o el juez.

La ley argentina prohíbe a la policía interrogar al imputado; sin embargo, en 4,2% de los expedientes de esta muestra lo interrogó igual.

El estudio relevó 456 expedientes tomados al azar de la justicia nacional en lo criminal y correccional de la ciudad de Buenos Aires, entre 2011 y 2014.

Garavano participó del cierre de la jornada junto con el rector de la universidad, Aníbal Jozami. Horas antes, disertaron la jueza de Casación Ángela Ledesma, el fiscal general de la ciudad de Buenos Aires Luis Cevasco y el profesor Alberto Binder.

"Es la farsa del juicio", dijo Ledesma. Según el informe de los expedientes que son elevados a juicio, llegan efectivamente a realizarse audiencias orales sólo en el 23,5% de los casos; el 39,8% termina antes en un juicio abreviado, y el 36,7%, en una suspensión del juicio a prueba.