La difí­cil meta de la paz social: el Gobierno sufre la doble presión del "cí­rculo rojo" y las organizaciones piqueteras

No es la inflación ni la ausencia de "brotes verdes". Lo que empezó a preocupar al "círculo rojo" es el rumbo político del oficialismo, presionado por los movimientos sociales, los gremios y la oposición a hacer concesiones a cambio de gobernabilidad.

Esa percepción de debilidad política -que se observa especialmente tras el reconocimiento del "salario social" y otros beneficios en el marco de la ley de Emergencia Social- se transformó entre los empresarios en un motivo de queja mayor aun que los malos indicadores económicos. 

"La preocupación no es tanto la economía, vamos a repuntar el año próximo. El tema es político. El Gobierno negocia y entrega $30.000 millones. Y estamos en el primer año", señaló a iProfesional un alto dirigente de la Cámara de Comercio durante el brindis anual que realizó la entidad el viernes pasado.

Cuando todavía no se habían disipado esas críticas, causó polvareda mediática una declaración pública del empresario Enrique Menotti Pescarmona, quien criticó las políticas asistenciales -dijo que las adolescentes de barrios marginales se embarazaban para poder cobrar la Asignación Universal por Hijo- y sostuvo que buena parte de la población en situación de pobreza es "inempleable".

La controversia que sigue a este tipo de frases hace que no muchos se animen a manifestar en público sus críticas al asistencialismo social, pero sería un error afirmar que la de Pescarmona es una postura en solitario.

En todo caso, deja en claro que el "círculo rojo" tiene una creciente desconfianza hacia las políticas macristas y está dispuesto a poner límites.

Por otra parte, el Gobierno ni siquiera tiene el consuelo de que la paz con las organizaciones sociales esté garantizada. Después del acuerdo firmado con la Coordinadora de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Barrios de Pie, hubo nuevas muestras de tensión.

El dirigente del Movimiento Evita, Fernando "Chino" Navarro, advirtió en los últimos días que "si el Gobierno no cumple, va a haber movilizaciones". Su agrupación forma parte de la CTEP. Mientras que la CCC marchó el martes a la sede de Carrefour en Glew, en Almirante Brown, para pedir una "colaboración" para las fiestas.

El acuerdo contempla una suba en los montos de los programas sociales y la declaración de la Emergencia Social, que autoriza al Ejecutivo a reasignar $25.000 millones del Presupuesto 2017 hasta el 31 de diciembre de 2019, con la posibilidad de añadir $5.000 millones más.

A cambio, las organizaciones se comprometieron a abstenerse de "cualquier situación conflictiva", según reza la versión del acuerdo firmado con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, al que tuvo acceso iProfesional.

Pero lo que genera más incertidumbre entre los directivos de empresas no es el volumen del gasto en sí mismo, sino el acelerado giro del oficialismo, que en siete días pasó de amenazar con vetar lo que consideraba una "dinamita" a justificar su respaldo como "un acto de madurez".

En ese lapso, además, fue sepultada la reforma electoral y la oposición forzó al PRO a convocar a sesiones extraordinarias el miércoles 6 de diciembre para discutir la Emergencia Social y Ganancias, un impuesto al que Sergio Massa intenta hacer cambios incómodos para el Gobierno.

Fue esa combinación de golpes en varios frentes lo que alimentó una fuerte interna en el macrismo en torno a la política económica y las bases de sustentación de la alianza Cambiemos, dos temas que los ministros discutieron este juueves y viernes en su retiro en Chapadmalal.

El Presidente convocó al cónclave para limar asperezas en el elenco gobernante. El titular de Diputados, Emilio Monzó, las reavivó en los últimos días con su llamado a ampliar el armado político hacia el PJ, incluyendo a exfuncionarios K, de cara a las elecciones de 2017.

¿Y dónde está el modelo "M"?

Así las cosas, lo que parecía ser una muestra de "real politik" por parte del macrismo para negociar con sus rivales generó costos políticos inesperados.

Es que la lectura crítica del "diálogo social" no se limita solo al empresariado, sino que se extendió hacia otros sectores afines.

Los economistas liberales salieron con los tapones de punta a cuestionar el impacto fiscal de la Emergencia Social.

"Es una inmoralidad reventar a impuestos a los mansos que trabajan para pagarles a los piqueteros", disparó José Luis Espert.

Según el oficialismo, la iniciativa no implicaría un mayor gasto social que el previsto en el Presupuesto 2017 porque se trata de una reasignación, que utilizará recursos de programas del Ministerio de Trabajo y de Desarrollo Social. 

Sin embargo, la opinión de Espert sintetiza el estado de ánimo de un grupo de analistas ortodoxos y titulares de consultoras privadas que hace rato miran con malos ojos la política de endeudamiento para sostener el actual nivel de gasto, y promueven un ajuste más radical.

Las últimas medidas generaron más críticas.

"Con los Kirchner era emisión monetaria. Con Macri es deuda pública. Lo que no cambia es lo único que importa, el déficit fiscal", señaló el economista. 

Las luces de alerta de los "Chicago boys" no solo son seguidas de cerca en el ámbito privado sino que también resuenan en el ala "dura" del Gobierno, conformada por el titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, o su par del Banco Nación, Carlos Melconian, menos adeptos al gradualismo.

De hecho, Melconian advirtió la semana pasada que si el país se "pasa de rosca" con la emisión de deuda externa, "terminará teniendo razón" el ex ministro de Economía Roberto Lavagna, quien había dicho que esa política con altas tasas y bajos salarios podría provocar un "colapso".

El titular del Nación precisó, además, que "es mucho mejor tomar deuda para infraestructura que para gastos corrientes o déficit fiscal". Así, desestimó el uso de recursos públicos para asistiencia social y le metió más leña a la interna.

En los primeros 10 meses del año, las transferencias al sector privado o a la asistencia acumularon $95.000 millones. Se trata de un incremento nominal del 56% frente a una inflación del 39% estimada por el IPC de Córdoba, que equivale a una variación real del 17%.

Esta cifra, según el economista del Iaraf, Ariel Barraud, contrasta con la evolución negativa seguida por otros rubros del Presupuesto.

"Todos los gastos del Gobierno nacional cayeron en términos reales, excepto las transferencias sociales", señaló a este medio Barraud.

Lluvia de recursos

En los despachos oficiales afirman que la decisión de acompañar la Emergencia Social demuestra su preocupación por los más vulnerables y reconocen que, si bien "en algún momento se debería dejar de dar subsidios, con 13 millones de pobres sería una locura".

Desde los movimientos, en cambio, aseguran que el entendimiento reflejó su capacidad de "imponerle" la agenda al oficialismo para habilitar una "lluvia de recursos", tal como lo expresó el líder del Evita y exfuncionario kirchnerista, Emilio Pérsico.

En los últimos días, las organizaciones piqueteras habían advertido a Macri que si vetaba la iniciativa podrían ocurrir "desbordes" en los barrios, donde las agrupaciones territoriales recordaron que cumplen la función de garantizar la "contención" de los sectores más humildes.

Pero el Presidente no tiene el mismo margen político que en mayo, cuando vetó la Ley antidespidos.

En ese caso, su decisión fue un gesto de fortaleza que desactivó las amenazas de paro de la CGT, tras el frágil compromiso de 200 empresas a no efectuar cesantías por tres meses.

Ahora, la situación es diferente. Por un lado, las fiestas están más cerca y eso eleva las expectativas de consumo. Por otro, el Gobierno ya no puede argumentar que el veto busca proteger el empleo: su único motivo es defender la caja.

A la presión en las calles, hay que sumar el acercamiento de la Iglesia a movimientos y sindicatos para capitalizar los beneficios de esa sociedad en los barrios, donde los curas también tienen incidencia.

Todos esos condicionamientos empujaron al macrismo a aceptar gran parte de los reclamos. Entre los principales puntos, se acordó un paquete social de fin de año consistente en:

1) La actualización de los programas Argentina Trabaja, Ellas Hacen y Trabajo Autogestionado de $3.600 a $4.000 a partir de diciembre, a los que se suman un "aguinaldo" de $2.030. El beneficio alcanzará a más de 200.000 cooperativistas.

2) Una suba del 40% en las partidas de alimentos a los comedores y del 63% en aquellas destinadas a los merenderos.

3) 1 millón de canastas navideñas que Desarrollo Social repartirá a nivel nacional.

4) El bono social de $1.000, acordado en octubre, para cada grupo familiar incluirá un adicional de $250 a partir del segundo hijo.

En cuanto a la Emergencia Social, se creará un registro nacional de trabajadores informales y el Consejo de Economía Popular, dependiente del Ministerio de Trabajo.

Este organismo, de carácter consultivo, estará compuesto por tres miembros del Ejecutivo y tres de los movimientos, que fijarán el salario de los cooperativas barriales, de modo análogo al Consejo del Salario Mínimo.

Se financiará con $25.000 millones (más un posible extra de $5.000 millones) durante los tres próximos años, en lugar de los $50.000 millones previstos en el proyecto original.

La condición que puso el oficialismo fue borrar el artículo que planteaba crear 1 millón de puestos informales. Pero las organizaciones afirman que el gasto comprometido generará 600.000 empleos en las cooperativas.

"Que el árbol no nos tape el bosque, estamos ante la primer paritaria de la economía popular de la historia de nuestro país", señaló exultante el diputado del Evita Leonardo Grosso a través de un comunicado difundido por las redes sociales.

Gradualismo fiscal

El viraje oficial para evitar un diciembre convulsivo sorprendió a más de uno. Pese a las diferencias iniciales, el bloque kirchnerista en Diputados salió en las últimas horas a comprometer su voto a favor de la Emergencia Social.

En cambio, desde la izquierda apuntaron contra el acuerdo por considerar que busca "institucionalizar" la protesta. No solo por el compromiso de los grupos firmantes a "contener" la conflictividad, sino porque el proyecto refuerza a los piqueteros dialoguistas.

"El macrismo está haciendo más asistencialismo todavía que el kirchnerismo", porque están "muy preocupados por contener las posibles revueltas populares", disparó el legislador del Frente de Izquierda, Nestor Pitrola.

Desde principio de año, el Gobierno decidió apuntalar a los movimientos que hasta hace poco eran "soldados de Cristina".

Stanley lo hizo a través de la creación de los Entes Ejecutores, órganos financiados por su Ministerio y dirigidos por los piqueteros.

Con sede en municipios claves de Buenos Aires y el Interior, los entes son los responsables de administrar los subsidios y realizar talleres de capacitación para los trabajadores de las cooperativas nucleadas en los programas que dependen de Desarrollo Social.

Pero la extraña convergencia de intereses entre oficialistas y opositores -que el miércoles se repitió al aprobar en Senado el Presupuesto 2017- motiva críticas también entre los simpatizantes de Cambiemos.

Es que el aumento del gasto es visto como un desvío preocupante en la estrategia oficial delineada a principio de año, cuando se privilegiaron medidas a favor de la inversión y los empresarios, en lugar de aquellas destinadas al consumo.

Cercano al Gobierno, el economista Nicolas Dujovne alertó sobre el "peligro" de que el gradualismo fiscal desemboque en un aumento gradual del déficit.

De cada 10 pesos que gasta el Estado, 6 van a los sectores humildes y 4 de esos 6 a los jubilados, según informó a iProfesional el diputado del PRO Daniel Lipovetzky. Pese a la mayor asistencia, la caída de la economía derivó en un aumento del desempleo y la pobreza.

Por ello, un informe de Elypsis se pregunta "¿Dónde estás, segundo semestre?". La consultora de Eduardo Levy Yeyati, actual titular del Consejo de la Producción, señala que la recesión es similar a la de 2014, con la diferencia de que esta vez el rebote no está llegando.

El interrogante es si los paliativos serán suficientes para aguantar sin sobresaltos hasta las elecciones de 2017.

A poco de que se firmara la emergencia, nuevas agrupaciones salieron a protestar el miércoles y el jueves por su bono social. Otro síntoma de los límites que enfrenta Macri.