Operativo Feliz Navidad: con guiño a Iglesia y piqueteros, Macri arma red de contención para evitar estallidos

Varios de los barrios, villas y asentamientos del país aparecen como una "mancha" en el mapa.

Son zonas de alta densidad de población y, sin embargo -en la era de las bicisendas y los smartphones- siguen sin ser urbanizadas y carecen de acceso al agua potable.

Allí es donde el Gobierno ya puso la lupa. Con el fin de año más cerca y los reclamos a flor de piel, lanzó un plan de contención social que apunta a evitar estallidos, como los ocurridos en más de una ocasión desde diciembre de 2001.

Si los timbreos son la vía para acercarse a los votantes, el "diálogo" se convirtió en la nueva estrategia para tener más cerca a gremios, piqueteros, intendentes y punteros.

Muchos de ellos están insertos en las zonas carenciadas y aspiran a ser interlocutores del Gobierno. Sobre todo en medio del vacío virtual que dejó un peronismo sin liderazgo claro, como lo reflejaron la decena de festejos del 17 de octubre.

Pero también ante lo que visualizan como un panorama social crítico. Por caso, la pobreza en el conurbano alcanza al 40% de la población.

Ese cuadro, acompañado por crecientes amenazas de protestas, fue lo que motivó la apertura de una mesa con la CGT, otra con los movimientos y un encuentro entre el Presidente y el Papa en Roma, donde parece tejerse una parte de la política argentina.

En esa línea, la Casa Rosada instruyó medidas específicas dirigidas a las organizaciones piqueteras.

Incluyen la negociación de beneficios sociales, un relevamiento en barrios en conjunto con la militancia y, según pudo saber iProfesional, un plan de viviendas ahora en etapa de prefactibilidad.

"Con un 32% de pobres como hay en el país es necesario trabajar codo a codo, más allá de las diferencias", reconoció el lunes la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley.

Lo hizo al encabezar un acto junto al denominado "triunvirato piquetero" y la Iglesia.

La preocupación oficial pasa por descomprimir la situación "tensa" que se vive en los territorios más desatendidos de la Argentina.

En esos lugares, las agrupaciones barriales advierten que la asistencia estatal no alcanza. Como prueba, exhiben la explosión de su padrón de afiliados.

Sólo en los últimos 10 meses la Corriente Clasista y Combativa (CCC) pasó de 40.000 a 65.000 miembros, un crecimiento de más del 50%.

Con más de 700 comedores en todo el país, la organización maoista ligada al Partido Comunista Revolucionario lo atribuye a las crecientes necesidades de la gente.

"Hay una situación bastante tirante. Estamos en contra de los saqueos, pero tienen que dar más asistencia para que no haya sectores oportunistas que quieran un desmadre", dijo a este medio el líder de la CCC, Juan Carlos Alderete.

El temor no es injustificado. El fin de semana pasado, la interrupción del servicio nocturno del tren Sarmiento derivó en protestas en Once y Castelar. Los pasajeros atacaron a piedrazos las boleterías frente a Plaza Miserere, mientras que en Castelar rompieron los vidrios de la fachada de la empresa, quemaron basura y se dio el saqueo de una verdulería.

Por otra parte, movimientos y centrales sindicales ya anunciaron al menos siete reclamos hasta diciembre, con una lista que incluye la reapertura de paritarias, un bono de fin de año, una Ley de Emergencia Social y bolsones de comida a los supermercados.

Del cajoneo a la contención

Lejos de los augurios oficiales, la conflictividad se mantuvo en el segundo semestre. En septiembre se registraron 100 piquetes más que en el mismo mes del año anterior.

Se trata de un aumento del 24% y un récord para ese mes, desde 2009 a la fecha, según la consultora Diagnóstico Político.

La provincia de Buenos Aires y la Capital Federal fueron los distritos que más protestas registraron. Entre ellas aparecen los cortes y ollas populares que impulsaron en julio, septiembre y el 5 de octubre pasado el "triunvirato piquetero".

Se trata de la Corriente Clasista y Combativa, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y Barrios de Pie, organizaciones que con matices estuvieron cercanas al kirchnerismo y que hoy conforman el ala más dialoguista de la militancia callejera.

Hasta hace poco, la política adoptada por el Ejecutivo era vista como un "cajoneo" de los reclamos. Los funcionarios recibían a los dirigentes de dichas organizaciones pero los pedidos quedaban trabados por trámites burocráticos, señalan en dichas agrupaciones.

Sin embargo, la unidad del "triunvirato piquetero" forzó al Gobierno a pegar un giro hacia una estrategia de contención.

Del mismo modo que con la CGT, se abrió una instancia de negociación institucional, que llevó a que esos movimientos disminuyeran la presión en las calles.

La muestra más contundente de ese cambio quedó expuesta el lunes pasado, durante el acto en el que se anunciaron los primeros resultados de una suerte de censo que los movimientos iniciaron el 3 de octubre en 700 villas de todo el país, con el asesoramiento de la ANSES.

En el plano técnico, la iniciativa apunta a conocer la llegada de los planes y hacer un catastro de dominio.

El Gobierno calcula que podría haber 1 millón de personas que todavía no recibe la AUH y la pensión por vejez.

Pero la movida, además, tiene una intencionalidad política que quedó a la vista en ese acto.

En el cartel oficial de fondo podía leerse el logo de Presidencia y el de la ANSES junto a los sellos de la CCC, CTEP, Barrios de Pie, Caritas y la ONG internacional Techo.

De hecho, la "chapa" de ANSES aparece también en las pecheras de los militantes que recorren barrios pobres de todo el país para realizar el relevamiento. Después de todo, los técnicos del titular del organismo, a cargo de Emilio Basavilvaso, son quienes instruyeron a los censistas.

En sus actos la expresidenta Cristina Kirchner ya había apelado a ese recurso, cuando convocaba al palco a dirigentes sociales.

La diferencia, señalan en el oficialismo, es que ahora no son aplaudidores.

"No son ONGs necesariamente afines al Gobierno. Por eso Marcos (Peña) habla de superar las diferencias por un objetivo en común", dijo a iProfesional una fuente de Presidencia.

Operativo Feliz Navidad

Confiada en el diálogo, Stanley descartó de plano la posibilidad de que haya conflictos a fin de año.

La funcionaria fue la encargada de explicitar el giro en la política social del Gobierno en el foro de IDEA realizado semanas atrás.

Ante el auditorio de empresarios, criticó la "despareja" distribución social, les pidió colaboración y revalorizó los subsidios controlados por el Estado.

"Porque aún con todo lo malo que tiene, es el puntero el que hace llegar las cosas que se necesitan. No hago una apología del puntero; pero si lo vamos a sacar, pensemos qué ponemos ahí", se sinceró.

De ese modo, se distanció de aquellos primeros anuncios del Ejecutivo en que la poda de subsidios parecía comprender también a los planes sociales.

En el último mes, la Rosada incluso puso en marcha una suerte de operativo Feliz Navidad de cara a fin de año que incluyó:

- Un bono de $1.000 para beneficiarios de AUH y jubilados que cobran la mínima

- Un alivio en Ganancias para el medio aguinaldo en sueldos de hasta $55.000 brutos, con un techo en el descuento de $15.000

-  Un acuerdo voluntario para que sindicatos y cámaras negocien un bono a partir de los $2.000

Desde la otra vereda, los grupos territoriales de izquierda ven un avance tipo pinzas para "institucionalizar" a los movimientos, para el cual el Estado necesitaría tanto del sindicalismo peronista como de Francisco.

"Hay un operativo en marcha desde la Iglesia y la CGT en conjunto con el Gobierno para tener preparada una red de contención frente al impacto del ajuste, el tarifazo, la carestía y la desocupación", aseguró el Guillermo Kane, diputado vinculado al Polo Obrero.

Kane trazó un paralelo entre la intención de evitar la reapertura de paritarias y el paro, mediante una mesa con la principal central obrera del país, y el objetivo oficial de extender cierta asistencia para contener a los piqueteros dialoguistas, mientras "hay millones de pobres".

Tensión social

Con todo, la estrategia oficial enfrenta serios desafíos. Por empezar, los empresarios se resisten a discutir el bono con la CGT, lo que reactivó las amenazas de medidas de fuerza.

Los bancarios, por caso, ya anunciaron un paro para este viernes, en reclamo de la reapertura de paritarias.

Disconformes con el "diálogo", el 3 y el 4 de noviembre, las dos CTA se movilizarán a Plaza de Mayo, una protesta a la que se sumarían CCC, CTEP y Barrios de Pie. Será para exigir una compensación salarial frente a la inflación y el fin de los despidos.

El "triunvirato piquetero", a su vez, exige que el bono social "no sea por cabeza sino para todos los chicos", junto con un aguinaldo social y un incremento en los montos destinados a los programas de empleo. Un síntoma de que todavía desconfían de los gestos del oficialismo.

"Le señalé a Peña y a Stanley que lo que han propuesto de cara a fin de año es menor respecto de los padecimientos. Si no tenemos respuesta, tenemos planteada una movilización muy grande", dijo a este medio el líder de Barrios de Pie, Daniel Menendez.

En efecto, la CCC, CTEP y Barrios de Pie tenían previsto este miércoles una nueva reunión con la cúpula de la CGT. La idea es que la central se sume a una movilización hacia el Congreso a mediados de noviembre, en reclamo de una Ley de Emergencia Social.

El proyecto presentado por el senador Juan Manuel Abal Medina prevé la creación de 1 millón de puestos de trabajo y un aumento del 15% en los valores de la AUH y la asignación por embarazo.

También contempla conformar un Consejo de la Economía Popular, integrado por dos funcionarios y representantes de organizaciones para "proponer un salario social complementario".

Semanas después habrá una movilización a los supermercados, con los cuales varias organizaciones ya empezaron a negociar un bolsón de fin de año.

Si no hay respuesta del Gobierno, los movimientos amenazan incluso con realizar 1.000 cortes de ruta en diciembre.

La CCC viene de realizar esta semana una asamblea de 1.200 personas en La Matanza. En ese distrito, bajo el control de la peronista Verónica Magario, la agrupación lleva adelante la construcción de viviendas.

Sin embargo, la corriente denuncia que los problemas en las obras abarcan a varios municipios. "En las que tenemos participación, el 80% están paralizadas", dijo Alderete.

No solo son viviendas, sino también redes troncales de aguas y cloacas. Y todos son proyectos aprobados que no avanzan. Ese es el caso de Florencio Varela, Quilmes, Berazategui, Lomas de Zamora, Tigre, Moreno, Pacheco, Pilar, todas localidades bonaerenses.

El ferrocarril también es motivo de protesta. La asamblea de vecinos de Brandsen, San Vicente y Chascomús prevé realizar la semana próxima una marcha al Ministerio de Transporte para reclamar por la vuelta de los trenes de larga distancia sacados de circulación. El pedido se extiende a Tandil, Junín, Lobos y Berazategui.

Por otra parte, las organizaciones de izquierda preparan medidas por su cuenta. El Polo Obrero se movilizará este viernes por puestos de trabajo y analiza una protesta conjunta con el resto de agrupaciones piqueteras para los próximos días.

Así las cosas, todo anticipa un fin de año caliente que pondrá a prueba la red de contención dispuesta por el macrismo y, sobre todo, su vocación real para destinar recursos a los sectores más vulnerables, aun en contra de sus metas fiscales.