Tras la reunión con los sindicatos, Macri vuelve a la carga para que el Congreso analice el proyecto de Empleo Joven

El Gobierno volverá a insistir con tratar la Ley de Primer Empleo o Empleo Joven que sufrió el rechazo del arco opositor durante su debate en comisiones de la Cámara de Diputados.

Eso quedó en claro tras la reunión que mantuvieron los ministros de Trabajo, Jorge Triaca, y de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay con los representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT) para escuchar los reclamos sindicales y desactivar la amenaza de un paro general.

Allí, los funcionarios macristas prometieron instrumentar refuerzos para los sueldos de los estatales y las asignaciones de los jubilados y de sugerir al empresariado para negociar con cada gremio montos extra de fin de año.

Además, analizan eximir de Ganancias el medio aguinaldo. Este punto sería clave entre las reivindicaciones sostenidas por la central obrera.

Pero, a cambio, pidieron que el sindicalismo no se oponga al proyecto de Empleo Joven, que contempla exenciones y beneficios para la contratación de nuevo personal.

Este punto deberá ser analizado por los gremios, ya que junto a las distintas bancadas peronistas ya que en un principio consideraron que se trata de una especie de “flexibilización laboral” que alienta el reemplazo de trabajadores con antigüedad, experiencia y mayores sueldos, por jóvenes.

En concreto, los “dipusindicales” –muchos de los cuales forman parte de la nueva conducción de la central obrera- consideran el proyecto “precariza porque le da la posibilidad a las grandes empresas de deshacerse de un trabajador antiguo, con más de 30 años de antigüedad, con experiencia, para cambiarlo por un trabajador nuevo porque el proyecto no exige un listado de trabajadores que sigan siendo parte de la empresa” cuando incorpore "al empleado joven".

De esta forma, que se le daría a los empresarios una herramienta para “reemplazar trabajadores de mayor categoría, mayor experiencia y costo laboral, por uno dócil, para poder formarlo de acuerdo a sus necesidades”.

Y remarcan que la rebaja de aportes no incentiva la creación de nuevos puestos de trabajo y que es la política económica del gobierno de Cambiemos la responsable de la destrucción de empleos.

Por ese motivo, durante los próximos días, el Gobierno pondrá manos a la obra para que sus legisladores reactiven las negociaciones en el Congreso, tras el traspié sufrido a principios de mes.

En aquella oportunidad, el ministro Triaca se encontró con la resistencia de toda la oposición y parecía que la vida del proyecto se terminaba a poco de iniciarse el debate.

El ministro indicó que el proyecto de Primer Empleo apunta al 24% de los jóvenes de entre 18 y 24 años de la población económicamente activa (PEA) –los que están en condiciones de trabajar y tienen o buscan empleo- que están desocupados.

Según el funcionario oficialista, este es el “sector más vulnerable” de la PEA: “es casi más del doble de lo que le pasa a cualquier otra persona en Argentina que está buscando un empleo”.

Abel Furlán, diputado del Frente para la Victoria y dirigente de la UOM, destacó que no tienen en la agenda este proyecto de ley porque consideran que hay otros problemas más complejos que necesitan una solución urgente, entre los que mencionó la inflación, la “destrucción de puestos de trabajo y los tarifazos”.

El titular de la comisión de Legislación del Trabajo, el sindicalista Alberto Roberti,  perteneciente al Bloque Justicialista, remarcó en aquella oportunidad que el proyecto se presentó en abril y que recién comenzó a debatirse en septiembre porque hubo reuniones de asesores y luego señaló que “no están dadas las condiciones para aprobar el proyecto pero tampoco para rechazarlo in limine (sin tratamiento)”.

En principio, la idea del Gobierno es que salga tal como está redactado, pero el Bloque Justicialista y el Frente Renovador impulsarán modificaciones a la iniciativa antes de que llegue al recinto.

Desde el macrismo, consideran que todavía hay tiempo para negociar e incorporar otras herramientas. Estipula que el proyecto debería estar sancionado antes de fin de año.

Puntos del proyecto

Propone exenciones impositivas (se descontará un porcentaje de las contribuciones patronales) y subsidios para las empresas que contraten a jóvenes de entre 18 y 24 años

Los empleadores deberán demostrar que no despidieron personal en los últimos meses, presentando sus plantillas de personal a diciembre de 2015.

Los opositores sostienen que esta propuesta es una réplica de la flexibilización laboral de los 90 y que está comprobado que la rebaja en los aportes patronales no contribuyó a la creación de empleo.

Para el experto Juan Carlos Cerutti, socio del estudio Cerutti, Darago, Luppi & Asociados, es un proyecto que debe ser sancionado, “con algún agregado o corrección que integre a personal de la construcción y personal doméstico”.

El proyecto es distinto a lo que hemos visto hasta ahora, ya que fomenta una zona en particular del país (las provincias del Norte) que son las de mayor índice de desempleo e informalidad.

“Quizás se queda un poco “corto” ya que no hay exenciones a las contribuciones que hace el empleado y en ese sentido es un costo adicional a la contratación”, agregó Cerutti.

En algún punto coinciden tanto el especialista como los asesores legislativos consultados por iProfesional: consideran que el proyecto tiene algunas cosas que “faltan definir” y que será un decreto reglamentario el que tenga la última palabra, por lo que sería beneficioso para el debate tener cierta certeza de su probable contenido.

Primer golpe para el Gobierno

Hace pocos días, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo anuló el convenio que el Gobierno había firmado con la cadena de comidas rápidas McDonald´s y consideró que ese acuerdo viola "el derecho internacional y la propia Constitución  Nacional".

La resolución judicial fue consecuencia de un amparo interpuesto por un grupo de diputados nacionales y dirigentes de la CTA.

El convenio firmado el 13 de mayo entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y la empresa Arcos Dorados Argentina establece que esta última incorporará jóvenes pobres y desocupados bajo la forma de practicantes "con posibilidad de progreso".

Los mismos iban a recibir una remuneración de $4500, siendo ese valor inferior al salario mínimo, vital y móvil. Por ese motivo, la Justicia dio por tierra con ese acuerdo.