La noticia oculta detrás del blanqueo: viene una nueva reforma jubilatoria para "sustentar" al sistema

Algo opacada por el ruido del blanqueo de capitales, las contramarchas del tarifazo, los escándalos en la AFA y los otros debates calientes de la actualidad argentina, pocos notaron que el Gobierno de Mauricio Macri empezó a sentar las bases de lo que tal vez sea su reforma estructural más importante: un nuevo sistema jubilatorio.

Algunos puntos están contenidos en el proyecto de "reparación histórica" a los jubilados que acaba de ser enviado al Congreso.

Pero, sobre todo, lo que los expertos perciben es que la propia inviabilidad del sistema -tal cual está planteado- es lo que llevará a una inexorable revisión de cómo se financia la seguridad social en el país.

Un informe de la consultora Macroview, dirigida por Rodolfo Santángelo -el socio del actual titular del Banco Nación, Carlos Melconian- hace una descripción lapidaria.

Afirma que la Argentina se encamina a ser el país con mayor gasto en jubilaciones y pensiones del mundo, medidos en términos de PBI.

"Si el Congreso aprobara el paquete oficial, el gasto previsional subiría a 11 puntos del PBI en 2016 y hasta 13 puntos en 2017, pasando a constituir un récord mundial absoluto", argumenta el informe.

Recuerda que sólo los países altamente desarrollados -con acceso al financiamiento barato- y con tradición de un fuerte Estado de bienestar tienen gastos por encima de los 10 puntos.Francia lidera la tabla -con 12,2 puntos- seguida por Gran Bretaña, que tiene 11,5%.

De modo tal que la Argentina, con 13 puntos, pasaría a ocupar cómodamente el primer puesto mundial.

Los analistas recuerdan que las naciones europeas con alto gasto previsional -aun sin haber llegado al nivel del de Francia - son las que precisamente han visto explotar su situación de deuda. Como Grecia, que ostenta un índice del 11,5%.

Esa tasa cae a niveles de entre 6% y 7% cuando se pone la lupa sobre países comparables con la Argentina, como los europeos de la zona este o los vecinos del Mercosur.

Pero hay más. La advertencia de los analistas no se limita a mostrar el liderazgo argentino en el ranking mundial.

Argumentan que aun cuando el blanqueo de capitales resultara exitoso, el dinero que entre al país no alcanzará para financiar la "bomba fiscal" que se está gestando.

"Pedirle al poderoso blanqueo de capitales que, con un ingreso por única vez, financie semejante globo de gasto, que será permanente, es cuanto menos inconducente", afirma Santángelo.

Este analista calcula en $90.000 millones -unos 6.300 millones de dólares- el pago retroactivo de deuda a jubilados que le habían ganado juicio al Estado por ajustes mal hechos.

Sin embargo, no es esa la parte realmente pesada del proyecto de ley que impulsa el gobierno de Macri.

Más bien, la "bomba" es el flujo futuro que tendrá que soportar el sistema jubilatorio, al que se le agregará un gasto de $110.000 millones por año (nada menos que 7.700 millones de dólares).

Hoy día -antes de que se vaya a producir este enorme salto en la erogación-, el peso del sistema previsional viene siendo de 10 puntos sobre el PBI.

De manera que un incremento de tres puntos en apenas dos años no sólo neutralizará el esfuerzo de ahorro que se está haciendo en estos momentos por la vía del "tarifazo", sino que además lo superará y por lejos.

En el mejor de los casos, el aumento en las boletas de luz y gas reducirá el déficit fiscal sólo un punto y medio, según la propia estimación del ministro Alfonso Prat Gay.

La previsión de los analistas es que -aun suponiendo que el blanqueo de capitales fuera exitoso y que ingresaran más de u$s30.000 millones-, surgirán grandes dificultades a la hora de tener que financiar la parte de la deuda retroactiva.

De este modo, es casi seguro que habrá que echarle mano al "botín" que en su momento Cristina Kirchner capturó de las viejas AFJP. Una suma que asciende a u$s6.000 millones en acciones bursátiles de grandes empresas.

Lo que sí no tendrá financiación segura es el "flujo futuro" del nuevo sistema, que surgirá del incremento nada menos que del del 45% en el pago a los jubilados que han sido perjudicados por el desconocimiento del fallo de la Corte Suprema que hizo el gobierno anterior.

Lo paradójico del caso es que el sector más ortodoxo de los economistas -y obsesionado con el déficit fiscal- termina coincidiendo con el argumento que siempre daba Cristina Kirchner para justificar su negativa a reconocer ese fallo: decía que eso haría colapsar al sistema.

En todo caso, lo que parece claro es que una vez aprobado el proyecto de "reparación histórica" a los jubilados, empezará el otro debate. El de cómo financiar al sistema y, de manera inexorable, cómo reformularlo.El eterno retornoSerá, por cierto, una reforma desprovista de la impronta ideológica que tiñó el debate jubilatorio en los años 90, cuando toda América latina siguió el ejemplo del caso pionero de Chile.

Los países de la región, unánimemente afectados por una altísima inflación (originada en un agujero fiscal imposible de financiar) habían seguido una solución "thatcheriana": sólo con un esquema privatizado podía ser viable mantener el sistema jubilatorio.

La Argentina, siempre proclive a los cambios pendulares, pasó de haber sido el caso más radicalmente privatista de la región a liderar el regreso al estatismo.

Acaso, porque:

1. Diseñó un sistema que le dio todo el protagonismo a las administradoras privadas, a diferencia de otros países como Uruguay, que prefirió un esquema mixto (con una parte de los descuentos salariales para un fondo estatal de reparto y otro dirigido a una cuenta individual).

2. No volcó la masa de aportes al financiamiento de planes de vivienda e infraestructura, lo que hacía más fácil de justificar políticamente el esquema privado, como sí lo hizo Chile (que "inventó" el sistema).

3. No pudo resistir una de las tentaciones más antiguas de los gobiernos argentinos: ante una emergencia fiscal, distorsionar el esquema original. En este caso, obligó a las AFJP a comprarle bonos al Estado (aun con altísima probabilidad de default) y alteró las tasas de contribución. Esto es lo que lo hicieron los mismos creadores del sistema, empezando por Domingo Cavallo.

En consecuencia, no fue de extrañar que nadie haya llorado mucho cuando Cristina Kirchner, en 2008, anunció la reestatización del régimen jubilatorio.

Esto, tras la sugerencia de quien era el titular de la Anses, Amado Boudou que, a partir de ahí, empezó su meteórica carrera a la vicepresidencia.

Desde entonces, el costo del sistema en términos de PBI se incrementó cuatro puntos en los ocho años de la gestión de Cristina, producto de moratorias que facilitaron el acceso a todos aquellos que no tenían los años suficientes de aportes.

Los mecanismos de contrapeso con los que contaba el gobierno anterior eran:

-La discrecionalidad en los ajustes que, en años recesivos, solía ir por debajo de la inflación.

-La discutida retención del 15% de la coparticipación de impuestos a las provincias, que fue destinada a financiar el sistema.

Pese a todo, no se pudo evitar el acelerado desfinanciamiento de la Anses.

Según una estimación del economista Federico Muñoz, el fallo de la Corte Suprema (que obliga a devolver ese 15%) llevará a que en el mediano plazo el organismo deba transferirle a las provincias recursos por el equivalente al 1,1% del PBI.Lo que viene¿Cómo será el nuevo sistema? El Gobierno no ha dado pistas, aunque sí dejó deslizar que funcionará un nuevo Consejo de Sustentabilidad Previsional, en el ámbito del ministerio de Trabajo.

Este organismo tendrá como función proponer "un nuevo régimen previsional, universal, integral, solidario y sustentable", que deberá estar listo y operativo en tres años.

Por supuesto, la palabra clave es "sustentable".

Por lo pronto, hay medidas propuestas que van en el sentido de morigerar el incremento del gasto del sistema previsional ocurrido en los últimos años.

Por caso, está la suba de 60 a 65 años en la edad de retiro para las mujeres que no tengan la cantidad (en años) de aportes suficientes.

Hasta ahora, el trámite podía iniciarse a los 60 y se accedía a un pago, que no podía ser menor a la jubilación mínima, tras saldar una deuda.

Si la persona no es capaz de pagar el faltante por no contar con 30 años de aportes, entonces sólo accederá a la pensión universal a la vejez, cuyo monto es 80% de la jubilación mínima.

Los críticos del proyecto afirman que, en aras de beneficiar a una minoría de jubilados con mayores niveles de aportes, se escatimarán recursos para el resto.

Según esa visión, habría un sistema con jubilados "de primera y de segunda", en el que todos aquellos que pudieron trabajar en blanco -y el tiempo suficiente para contar con los aportes completos- gozarán de una retribución notoriamente superior a los que se desempeñaron en el sector informal.

Es de prever un debate caliente, en el que se pongan sobre la mesa el concepto de solidaridad hacia los trabajadores precarizados, en contraposición al de la justicia de garantizar un ingreso más alto a quienes hicieron mayores aportes.

Será allí cuando el Gobierno deberá exhibir su "muñeca" política para diseñar un sistema mixto.

Concretamente, que permita incorporar cuentas de capitalización individual sin que ello aparezca ante la opinión pública como un retorno a la reforma de los años '90.

En el fondo, como siempre, estará la duda sobre la viabilidad del sistema, dadas las condiciones demográficas del país, habida cuenta de que sigue bajando la tasa de trabajadores activos sobre los pasivos- y de las dificultades para generar empleo privado.

Pero, sobre todo, está el mientras tanto. Es casi inexorable que el 13% del PBI que en breve costará el sistema deba ser parcialmente financiado con endeudamiento externo y con licuación inflacionaria.

Una fórmula que, por cierto, no es nueva y que nunca tuvo un final feliz.