Otra interna por la nafta: Aranguren quiere aumento pero el "ala blanda" cree que ya no hay margen para más ajuste
El Día de los Trabajadores podría llegar con un nuevo aumento en los precios de las naftas. Por lo menos, eso es lo que pretende el ministro de Energía, Juan José Aranguren.
La sola intención de volver a modificar las tablas de los surtidores ya generó un contrapunto más en el gabinete nacional.
La idea de Aranguren es que los valores vuelvan a incrementarse este fin de semana y nada menos que un 10%. De acuerdo con fuentes oficiales, la decisión se tomará este viernes.
Se trataría del cuarto ajuste en lo que va del año. Las últimas tres correcciones fueron en enero, marzo y abril. En cada una, el aumento rondó el 6%.
Según Energía, las empresas petroleras deben recomponer sus balances, tras haber sido golpeados por la devaluación de diciembre último. También entienden que la propia dinámica inflacionaria torna imprescindible un nuevo reacomodamiento de los precios.
El pedido de Aranguren a Mauricio Macri levantó voces críticas de los funcionarios, sobre todo los del "ala política".
Preocupados por cómo la imagen pública del Presidente ha caído, Marcos Peña, jefe de Gabinete, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, creen que llegó el momento de remontar en las encuestas y que ahora es necesario dar vuelta la página de malas noticias.
El Gobierno viene prometiendo una mejora de la economía para la segunda parte del año. Ese bienestar, claro, debería llegar con la estabilidad cambiaria y con una desaceleración de los precios.
Justamente, un impulso alcista en las naftas pondría en riesgo el objetivo central de la Casa Rosada: la baja del ritmo inflacionario.
De manera que, según la decisión que finalmente se tome, se podrá medir la "temperatura" del debate interno. Hasta ahora, quedó claro que en la puja entre "halcones" y "palomas" vienen ganando los primeros.
Es decir, prevaleció la opinión de quienes creían que un ajuste duro y "de golpe" en el inicio de la gestión era preferible al dolor "en cuotas" de ir realizando mini-ajustes paulatinos.
Macri se terminó de convencer de ello tras su encuentro con el presidente estadounidense, Barack Obama, quien le recomendó que era conveniente tomar las medidas desagradables al comienzo de modo tal de facilitar una recuperación económica más temprana y con mayor ímpetu.
Así, contradiciendo las versiones sobre un ajuste gradual, el Presidente dio su visto bueno a las subas de tarifas en el gas y en el transporte de colectivo, medio que utilizan los sectores de menores ingresos.
Sin embargo, según fuentes oficiales consultadas por iProfesional, la percepción en el seno del Gobierno sobre el humor social está cambiando.
Cada vez son más los funcionarios que argumentan que la cuota de malas noticias -al menos por este año- ya está cumplida.
De hecho, así lo han insinuado los funcionarios, que prometieron el final de los aumentos de precios y de los recortes en las plantillas de personal del Estado.La paradoja del petróleo baratoEn medio de esta controversia entre volver a aumentar las naftas o posponer la decisión, Aranguren también tiene su argumento "social".
Afirma que sin un nuevo incremento se corre el riesgo de una "explosión de desempleo" en las provincias petroleras.
El litro de la súper en las estaciones YPF de Capital Federal se ubica en $15,52 mientras que la premium se expende a $17,50. En tanto, la diesel común cotiza a $14,12 y la de mayor calidad, a $16,20.
Consciente de que los últimos ajustes en las tarifas erosionaron fuertemente el poder adquisitivo, el ministro Alfonso Prat Gay había prometido que no iba a haber retoques adicionales en las boletas de luz, gas y agua potable.
Si bien los combustibles no están incluidos en esa lista, sus valores también están regulados por el Estado. De modo tal que un nuevo incremento dará lugar a posteriores aumentos en los alimentos.
De hecho, varias compañías formadoras de precios han venido sosteniendo en estas últimas semanas que se ven forzadas a hacer remarcaciones por los mayores costos de logística, rubro que, claro está, incluye a los combustibles.
Según Aranguren, la explicación a la necesidad de tener que retocar nuevamente los precios hay que buscarla en el contexto internacional.
La persistencia de un barril de petróleo cotizando en niveles tan bajos -en torno de los u$s40- le quita incentivos a las empresas del sector para que inviertan.
Paradójicamente, la mayor presión para la suba que promueve Aranguren está dada por el bajón del precio en el mercado global.
A contramano de lo que puede pensarse intuitivamente, un nivel bajo del crudo a nivel mundial no favorece una baja de las naftas en el mercado argentino.
¿Por qué? porque internamente las empresas que extraen el crudo le venden esos barriles a las refinadoras (que son las que elaboran los combustibles que luego irán a las estaciones de servicio) a un valor fijo mucho más alto (u$s67).
En términos porcentuales, es casi un 70% más. Esto, amparado por el Gobierno, para no verse impactadas negativamente por el bajo precio que rige en el exterior.
"A las compañías que extraen hay que darles un estímulo extra para que no levanten los equipos de exploración y producción, porque si lo hacen se produciría una ola de despidos", afirma a iProfesional un estrecho colaborador del ministro de Energía.
"No queremos agravar la situación social en la Patagonia, una región que no tiene manera de reemplazar una actividad por otra. Si no sos petrolero, literalmente quedás en el desierto", completa.
Esta dura realidad que se da en el sur convive con la de los consumidores de todo el país que observan cómo los precios de los bienes y servicios no paran de subir.
Para atenuar ese impacto, el ministerio de Hacienda dio el visto bueno a la importación de petróleo a un valor sustancialmente inferior, de modo tal que el bajo precio externo contribuya a promediar a la baja el alto valor interno.
De hecho, el próximo 27 de mayo llegará a las costas argentinas un buque petrolero cargado con un millón de barriles de crudo denominado Bonga, proveniente de Nigeria.
La operación, por unos u$s44 millones, tiene como principal objetivo amortiguar la presión alcista en los precios.
El cargamento fue adquirido por Axion, la petrolera de la familia Bulgheroni y la china CNOOC y será compartido con Shell, Oil y Petrobras.La interna financieraEste cortocircuito en el elenco de funcionarios -que ahora se da por el precio de los combustibles- no es el primero.
De hecho, se suma al que ya evidenciaron Alfonso Prat Gay y Federico Sturzenegger por el nivel de tasas de interés y al conflicto suscitado entre este último y Carlos Melconian a raíz de los créditos hipotecarios.
En relación con el primer punto (tasas), para el ministro de Hacienda y Finanzas ya es tiempo de iniciar un proceso de baja en el costo del dinero.
Considera que estar ofreciéndole al mercado títulos Lebac que pagan un 38% anual atenta contra cualquier recuperación de la economía.Prat Gay afirma que Sturzenegger debería alinearse a la iniciativa del Gobierno de conseguir un mayor caudal de inversiones productivas.
Ese fue, precisamente, el reclamo que le ha formulado el propio Mauricio Macri a los empresarios, actitud que imitó el ministro las dos veces que se presentó en conferencia de prensa.
El temor del equipo económico es que se pierda el tiempo de recrear la confianza generada por el cierre del default. Y la oportunidad de que este buen clima se propague desde mercado financiero a la economía real.
Como nadie, Prat Gay sabe que será imposible que haya inversiones si no se impulsan líneas de créditos a tasas más bajas.
Es lo que está sucediendo ahora. Si se mantiene en el tiempo la restricción crediticia, cualquier recuperación de la actividad quedará abortada.
Por ahora, el titular del BCRA sigue privilegiando la pelea contra la inflación. Considera que reducirla es condición necesaria para que la economía vuelva a crecer y es por eso que esta semana optó por dejar el costo del dinero en niveles altos.Prat Gay no discute el fondo de ese argumento, pero sí cree que además deben darse señales claras tanto a los particulares como a las empresas.
Por ese motivo, señala entre sus íntimos que en la misma semana en la que el Presidente pidió colaboración a los ejecutivos de distintas empresas, Sturzenegger tendría que haber mostrado una actitud más audaz.
Estos entuertos sobre la política económica tuvo otro antecedente cercano: el lanzamiento que llevara a cabo el Banco Central de los créditos hipotecarios que indexan por UVI (Unidades de Viviendas).
En esa oportunidad, Sturzenegger "se cortó solo" e hizo el anuncio sin antes asegurarse la necesaria desaceleración inflacionaria, contradiciéndose a si mismo con su postura de mantener altas las tasas.
Sin ese logro, este tipo de líneas pierde atractivo y su éxito queda bajo grandes signos de pregunta. Esto hizo que Carlos Melconian -presidente del Banco Nación y asesor de Macri- se desenganchara de ese anuncio.
A punto tal, que se terminó dando la paradoja de que el principal banco estatal de la Argentina no participe de la medida oficial. Es decir, directamente no ofrece estas líneas hipotecarias.
No sólo eso. Melconian hizo "rancho aparte" y anunciará en los próximos días su propio plan de créditos para la vivienda.
Se diferenciará del sistema UVI en un aspecto fundamental: no habrá un mecanismo de indexación ligado a la inflación.
Más allá de la interna política entre los distintos funcionarios, la cuestión de fondo refiere a la manera en que se busca encaminar a la economía.
Por un lado, están quienes pregonan la aplicación de medidas de ajuste tipo shock, "de un saque". Por el otro, aquellos que prefieren el gradualismo.
El ala política del Gobierno, también Prat Gay, han argumentado a favor de esta segunda opción.
Esta visión también se impuso hace unos días, cuando se anunciaron incrementos en los subsidios al transporte para las localidades del interior del país, de manera de evitar un ajuste más impactante en las tarifas.
A punto de cumplir los primeros cinco meses de gestión, el Gobierno se pone a prueba: ¿hasta cuándo pueden absorberse las malas noticias?
Este interrogante no sólo se plantea en la opinión pública. También genera fuertes conflictos entre los propios funcionarios.