La Corte Suprema no trata reclamo contra el Impuesto a las Ganancias

La Corte Suprema de Justicia eludió intervenir en el debate sobre si los jubilados deben pagar el Impuesto a las Ganancias.

Para el Gobierno, implica una demanda habitual de vastos sectores y que el máximo tribunal eludió mediante el artículo 280, una de las máximas expresiones de discrecionalidad con la que cuentan los justices que los faculta a ni siquiera tratar determinados casos.

En el oficialismo se monitoreó de cerca la decisión de la Corte en un caso que involucraba a un particular que clamaba por la inconstitucionalidad del tributo. La conclusión se interpretó como otro gesto del tribunal orientado a apaciguar los ánimos en plena campaña.

El pago de Ganancias asoma, una vez más, como un desafío hacia afuera y hacia el interior del Poder Judicial. En el primer plano, por los efectos en la política económica ya que se entiende que si la Corte invalida el pago de Ganancias de jubilados, luego podrían surgir nuevas limitaciones en cuanto a la población laboral activa. En el segundo aspecto, es un conflicto espinoso entre los propios magistrados que todavía no han llegado a un acuerdo sobre el pago de Ganancias, tema, que particularmente obnubila al actual signo político y que ha merecido pasajes en alocuciones presidenciales.

Ricardo Lorenzetti, Eugenio Zaffaroni y Elena Highton de Nolasco en su momento se mostraron a favor del pago del tributo. Para el presidente de la Corte se trata de un debate necesario pero que requiere de una ingeniería muy especial para que ese cambio no desemboque en una batería de juicios contra el Estado efectuados por jueces que alegaran que se ha afectado su intangibilidad. A fines de 2012 Lorenzetti había iniciado una serie de encuentros para tratar la cuestión que luego se vería superada por otros focos de conflictividad con el Gobierno.

El listado de conjueces de la Corte fue dejado sin efecto por el tribunal este año ya que los jueces entendieron que esa nómina requiere los 2/3 del Senado. Sin los conjueces -que son abogados de la matricula- es imposible que se discuta sobre aspectos salariales. 

Cuando la Corte anuló ese listado, que nunca volvió a votarse en el Congreso, también evitó posibles escaladas especialmente si el kirchnerismo hubiera cumplido con su plan de sólo prestarles acuerdo a aquellos candidatos a jueces que se manifestaran a favor del pago del tributo. En la apertura de la Asamblea Legislativa de 2014 la Presidente aludió directamente a Carmen Argibay, a quien señaló por una supuesta resistencia a debatir sobre Ganancias. En tanto, en 2003 y 2004, cuando se sustanciaron los juicios políticos contra jueces de la Corte, uno de los cargos que les endilgaban era el no pago de Ganancias, señala Ámbito.

El plano tributario es otro costado sensible de cara a la próxima administración porque estos reclamos seguirán llegando a la Corte. Un tendido de cuestiones que afectan a la economía y que tienen corolario en la constitucionalidad del cepo cambiario. Imposible no trazar el paralelismo con los albores del kirchnerismo, cuando el punto de fricción con la Corte eran los casos que cuestionaban la pesificación de los depósitos.

Al igual que en ese entonces, la composición del tribunal volverá a asomar como una incógnita aún si el radicalismo, ante un eventual triunfo de Daniel Scioli en primera vuelta, facilita los votos en el Senado como para divir las dos sillas disponibles con el kirchnerismo antes del 10 de diciembre. Si ese fuera el escenario, la réplica sería audaz porque le daría letra a aquellos satélites del sciolismo dedicados a la Justicia y que apoyan una Corte ampliada, de por lo menos siete miembros bajo la consigna de que el debate en la cima del Poder Judicial no puede acotarse a tres voluntades.