Los contadores reclaman soluciones para los problemas que dificultan su tarea diaria

La Federación Argentina de Graduados en Ciencias Económicas (FAGCE) elevó una extensa nota ante múltiples organismos para pedir una "urgente solución" para los diversos problemas que complican el "día a día" de los contadores.

Puntualmente, la nota fue enviada a la Corte Suprema de Justicia, a la Cámara de Diputados y Senadores, al Ministerio de Economía, a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y a la Unidad de Información Financiera (UIF).

Como puntos salientes, los profesionales denuncian la sobrecarga de datos que requiere la AFIP, la obligación de denunciar en causas penales y los inconvenientes meramente tecnológicos.

Entrando en detalle, la FAGCE detalla los siguientes problemas:

El traslado de una importante carga de trabajo adicional por parte de los organismos de control, con la consecuente asignación de responsabilidades y la precarización profesional que conlleva;
La imposición que le fija a los contadores públicos el nuevo Código Procesal Penal de la Nación-como obligados a denunciar casos de fraude, evasión impositiva, lavado de activos, trata y explotación de personas-;
El carácter de “sujeto obligado” que le impone la UIF a los profesionales que actúan como auditores o síndicos –debiendo reportar por operaciones sospechosas del lavado de dinero de sus clientes ante ese organismo-;
Las incomodidades de los contadores en los lugares de atención, en particular los que ejercen la profesión en el interior del país, donde se requiere refuerzo en la infraestructura satelital y conectividad informática para que hasta el pueblo más lejano tenga las mismas posibilidades acceso para el cumplimiento de las normas;

A continuación, el texto completo presentado por la FAGCE:

Desde la FAGCE advierten que "los contadores públicos enfrentan, para dar cumplimiento en tiempo y forma a sus tareas técnicas impositivas, severas dificultades que atentan tanto contra el cumplimiento de su cometido con profesionalismo como de la preservación de elementales condiciones de calidad de vida".

"Las mayores dificultades se originan en una transferencia altamente significativa de carga de trabajo desde la AFIP hacia el sector privado, lo cual impacta no solamente sobre los pequeños y medianos contribuyentes sino también sobre los contadores públicos actuantes que los asisten", señalan los expertos.

Secreto profesionalEn la misma línea, el nuevo Código Procesal Penal de la Nación le impone a los contadores públicos la obligación de denunciar "los casos de fraude, evasión impositiva, lavado de activos, trata y explotación de personas" de los que se enteraran, excepto aquellos que queden amparados por secreto profesional.

Obviamente, de esta manera se convierte a los contadores públicos -junto a los Escribanos- en generadores de una obligación ajena a su ejercicio. Lo cual por otra parte se constituye en una situación inequitativa y discriminatoria en relación a otras profesiones y a los ciudadanos -en general- ya que no recae sobre éstos la obligación de denunciar delitos de los que toman conocimiento.

"Prestigiosos abogados especialistas en derecho penal sostienen que la exigencia de esa denuncia es absolutamente inconstitucional", explicaron los expertos.

Asimismo, las disposiciones vigentes de la UIF obliga a los contadores públicos matriculados que actúan como auditores y síndicos a implementar controles especiales vinculados con la actividad de lavado de dinero y, de esta forma, cuando detecten operaciones sospechosas en sus tareas de control deberán informarlas.

La detección de operaciones inusuales y el reporte de operaciones sospechosas se constituye en el aspecto más relevante de la normativa, básicamente porque todo el esquema de control que establece la UIF está destinado a que los profesionales, en cuanto sean "sujetos obligados", detecten y reporten operaciones sospechosas de lavado de dinero a este organismo de control.

"Se coloca al contador que debe mantener el secreto profesional que es la base del vínculo cliente-profesional en una suerte de delator encubierto lo que resulta inadmisible", aseguran desde la FAGCE.

"Se le impone así al Contador Público más presión con responsabilidades adicionales a las que le son propias y la conflictiva situación de informar cada operación que pudiere considerarse sospechosa sin comunicársela a su cliente", concluyen desde la entidad que reúne a los contadores.

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