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Buitres le hacen un favor al "relato": para Cristina, la recesión es culpa de una conspiración geopolí­tica

El Gobierno aplicará la ley antiterrorista a la imprenta Donnelley por "alterar del orden financiero" y afirmó que holdouts están detrás de la maniobra.
15/08/2014 - 09:54hs
Buitres le hacen un favor al "relato": para Cristina, la recesión es culpa de una conspiración geopolí­tica

Los que sostienen que Cristina Kirchner se siente cómoda en la situación de default y que ve la pelea con los "buitres" como una oportunidad de rédito político habrán sentido ayer que el discurso de la Presidenta justifica su tesis.

Al anunciar un nuevo plan de viviendas sociales, Cristina Kirchner dejó en claro su nueva estrategia comunicacional: vincular a los "buitres" con los problemas derivados de la recesión

Así, el cierre de la imprenta Donnelley -que dejó a 400 empleados en la calle- y se erigió en símbolo del momento recesivo, fue mencionado como un cierre inducido por motivaciones geo-políticas, con la mano de Paul Singer forzando una quiebra fraudulenta.

Además, el desplome de la inversión y las suspensiones de empleados, según la visión presidencial, no obedecen a problemas reales de la economía sino a un manejo interesado de las expectativas, por parte de medios de comunicación y de asesores económicos que quieren sabotear al Gobierno.

Esta no es, por cierto, una estrategia nueva en la política comunicacional del kirchnerismo: ante cada evidencia de problemas derivados de la política económica, el "relato" siempre se las ingenió para encontrar un nuevo culpable. 

Así, cuando el ajuste vino por la vía de la devaluación, se dijo que era una conspiración de los bancos que intentaban un "golpe de mercado".

Luego, cuando la caída en el nivel salarial fue por una aceleración inflacionaria, se argumentó que era por causa de "los grupos concentrados" y las cadenas retail que aprovechaban el contexto de nerviosismo para aumentar su tasa de ganancia. 

Y ahora, cuando ya es inocultable el fantasma de la recesión-lo cual se traduce en forma preocupante con el aumento del desempleo-, se instaló un nuevo argumento: la culpa es de las empresas, que son desagradecidas, porque antes ganaron mucho dinero y ahora se niegan a incrementar su nivel de inversión.

Parecía que ese punto ya no podía ser superado. Pero Cristina encontró la forma de que la teoría conspirativa ya no quedara dentro de fronteras sino que se globalizara

Fue inestimable, para esos fines, el aporte del fondo Aurelius y de Mark Brodsky con su declaración: "El pueblo argentino ya pagó un significativo precio por la desmesura de sus dirigentes. Con la Argentina defaulteando sus bonos otra vez, tememos que lo peor está por venir".

El tono amenazante vino como anillo al dedo para consolidar el "relato" conspirativo.

Y el caso de la imprenta estadounidense Donnelley terminó siendo una suerte de "bálsamo": gracias a esta situación, la Presidenta se las ingenió para dar un extenso discurso sobre la situación económica sin tener que hacer mención a que la siderúrgica Acindar suspendió su personal por segunda vez en un mes.O que Paraná Metal -propiedad del empresario oficialista Cristóbal López- suspenderá 150 trabajadores durante tres semanas en las que la planta permanecerá cerrada, ante la caída de las ventas.

Ley terrorista ante una quiebra sospechosa

En este contexto, la mandataria anunció este jueves que denunció penalmente a Donnelley y aplicó por primera vez la Ley antiterrorista por "alterar el orden económico y financiero".

Durante un acto en la Casa Rosada, afirmó que la empresa creó "un

estado de quiebra que no es tal, para estafar o generar temor en la población". 

Además, vinculó a la empresa con el fondos de inversión "Black Rock" relacionado -dijo- a Paul Singer.

Y denunció que "su situación patrimonial era buena y, sin embargo, pidió la quiebra", por lo que consideró el cierre de la firma como un hecho "casi mafioso", un caso "de manejo fraudulento, de intento de aterrorizar a la población". 

La filial argentina de la multinacional Donnelley cerró el lunes su planta de Garín y dejó a más de 400 empleados en la calle, tras presentar la semana pasada un pedido de quiebra ante la Justicia.

En ese contexto, denunció a quienes quieren "crear un clima de temor, de pérdida de trabajo", al tiempo que aclaró que el caso de Donnelley "no tiene nada que ver con el tema de (la autopartista) Lear, que es un problema vinculado a un tema gremial".

"La quiebra la pide un viernes 8 de agosto y el auto de quiebra salió el lunes 11. Fue una quiebra exprés. Hasta Thomas Griesa es más lento", ironizó la mandataria.

Fue entonces cuando anunció que el Gobierno, por primera vez, aplicará la Ley Antiterrorista y agregó además que "la AFIP se presentó ante el juez de la quiebra para que la revoque y se extraigan testimonios para el delito de defraudación".

La Ley antiterrorista fue sancionada por el kirchnerismo en diciembre de 2011 y generó una fuerte polémica en la oposición y en organizaciones sociales.