Se refuerza el control de los dólares y la AFIP endurece el cerrojo importador con polémica medida

El ministro de Economía, Axel Kicillof, se encargó en los últimos días de ratificar, una y otra vez, que la Argentina "no está en default".

Sin embargo, la realidad está mostrando otra cosa, dado que algunas de las consecuencias por haber entrado en este peligroso terreno, ya se están palpando en la realidad.

Las agencias calificadoras de riesgo le bajaron la nota al país y desde varias cámaras comenzaron a alertar por los riesgos de un automático encarecimiento del crédito internacional para el sector privado.  

Además, grupos empresarios como Carrefour, adelantaron que reevaluarán sus planes de expansión, temiendo que el default impacte en variables como el consumo.

Adicionalmente, desde un amplio espectro del gremio de los economistas, advierten que esos dólares que se esperaba lleguen vía inversiones o a través de organismos internacionales, quedarán en buena medida "freezados" hasta tanto el Gobierno no resuelva el litigio con los holdouts.

El interrogante, mas que por qué lado vendrá la solución, pasar por saber cuánto tiempo se extenderá este escenario.

Para las consultoras, cuanto más se demore un arreglo con los fondos buitre, peores serán los efectos sobre aspectos cruciales como crecimiento, ritmo de actividad, tipo de cambio, inflación y consumo.

Desde Econviews, por ejemplo, prevén un dólar oficial a $9 a fin de año sólo si se soluciona cuanto antes esta crisis. En cambio, de dilatarse durante los próximos meses, la divisa no bajaría de los $10, dada la necesidad del Gobierno de incrementar el ritmo de emisión ante la ausencia de fondos frescos.

En la misma línea, estiman que, en un escenario optimista, las reservas se ubicarían cómodamente por encima de los u$s30.000 millones. Pero si la Argentina mantiene colgado el cartel de "default", éstas podrían desmoronarse hasta los u$s25.000 millones, con el problema de tener que enfrentar compromisos por más de u$s10.000 millones el año próximo.

Es en este contexto en el que la escasez de dólares se convirtió en el principal foco de preocupación para la administración K que, hasta tanto no logre sacar al país de la cesación de pagos, deberá apostar por la fórmula de "vivir con lo nuestro".

El problema que subyace a la actual coyuntura es que el potencial aporte de la soja, uno de los grandes "escudos" de la última década, está en franco declive: el precio para la posición noviembre está por debajo de los u$s400 la tonelada, lo que disparó las alarmas entre los funcionarios.

En términos de "plata", desde Econviews estiman que hasta fines de 2015, de no mejorar la cotización, a la Argentina dejarían de ingresarle u$s5.500 millones.

A esto se suma que las exportaciones no levantan cabeza: vienen cayendo un 10%, con el rubro automotor al tope del ranking, que está desplomándose por encima del 20%, de la mano de un Brasil cada vez más frío.

Así las cosas, el superávit comercial hoy está lejos de ser esa "maquinaria" lista para proveer billetes verdes: en los primeros seis meses aportó apenas u$s3.700 millones, cuando en las épocas de "gloria" de la súper soja, dicho saldo llegó a premiar al Gobierno con casi u$s10.000 millones en el mismo período.

A "raspar la olla"

Ante estas perspectivas, y no teniendo a mano prácticamente ninguna herramienta para obtener billetes verdes "frescos" de manera inmediata, el Gobierno está intnentando "raspar la olla" apelando a distintas iniciativas. 

Para ello, está poniendo el foco en dos frentes: por un lado, limitándole a los particulares la compra de dólares para atesoramiento, con el riesgo de quitarle trasparencia a la pequeña flexibilización del cepo con la que había avanzado a comienzos de año.

Por otro, el Gobierno empezó a apretar el "cerrojo" a las importaciones -como en las mejores épocas en que Guillermo Moreno estaba al frente de la Secretaría de Comercio Interior-, con la novedad de que está por implementar un nuevo y duro sistema de control, vía AFIP, que amenaza con complicar la actividad de las empresas.

Respecto al primer punto, trascendió que a partir del día viernes la entidad restringió la adquisición de billetes con fines de ahorro. Se estima que, para un gran número de operaciones, apenas permitió un tercio de lo que venía otorgando durante los meses anteriores.

La decisión oficial se habría tomado por la fuerte demanda que se registró en la página del organismo de control, debido a que era el primer día hábil del mes, que coincidía con el clima de incertidumbre vivido tras conocerse que la Argentina había entrado en terreno de default.

Esto marca un claro contraste con lo sucedido en el mes de julio cuando se registrara un récord de compra de billetes verdes por parte de ahorristas. 

Claro que dicho "retaceo" no sólo lo están enfrentando los particulares: desde la Cámara de Importadores alertaron que el Banco Central comenzó a negar divisas para cancelar grandes compras en el exterior.

En determinados días, todas las órdenes de embarques que se ubicaban por encima de los u$s300.000 fueron rechazadas o repactadas.

En general, están viéndose afectadas automotrices, productoras de alimentos, fabricantes de motos, compañías agroquímicas y hasta grandes firmas textiles, entre otros rubros.

De hecho, en los últimos días se hizo público que una de las "víctimas" fue la automotriz Renault, que anunció a su red de concesionarios que suspenderá al menos por lo que resta del año la importación de vehículos provenientes de Brasil, debido a que la entidad que conduce Fábrega no le vende las divisas necesarias para hacer frente a esas compras.

Pero no es la única avanzada oficial. Por el contrario, la AFIP está a pleno en su estrategia para fortalecer aun más el cerrojo importador.

Para ello, el organismo que conduce Ricardo Echegaray está implementando un complejo sistema de control que, a partir de ahora, deja sometidas a todas las empresas que intenten ingresar un producto del exterior a un nuevo sistema de cruzamiento de datos que determinará si está habilitada o no para realizar la operación.

Cómo es la nueva medida de la AFIP

A partir de ahora, las compañías que traen artículos de afuera, podrían quedar obligadas a demostrar el origen de los fondos con los que se les pagará al proveedor, como así también tener que informar de manera detallada los gastos de la compañía asociados a su operatoria diaria, tales como pago de alquileres, impuestos y personal.

Lo que está generando alerta entre los empresarios es que, una vez reglamentada la medida -a la que tuvo acceso iProfesional-, todas las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación -el trámite que se debe iniciar para obtener el permiso para ingresar desde un tornillo hasta una cosechadora-, quedarán completamente "freezadas" hasta tanto el organismo pase las solicitudes por este nuevo "filtro". 

"Estamos expectantes. Tememos que se trate de otro instrumento que pueda utilizarse de manera discrecional, como las Declaraciones Juradas de Importación y que, a partir de criterios poco claros, se inhabilite a una firma a realizar un embarque legítimo pese a cumplir con todas las exigencias fiscales", disparó un alto directivo del sector que pidió estricto off the record por temor a represalias.

Los nuevos controles están basados en la instrucción general 959/2014 (norma interna) que aún no fue publicada en el Boletín Oficial y que hoy por hoy sólo se puede consultar a través de la red intranet del organismo a cargo de Echegaray. Para acceder al texto completo de la norma haga clic aquí.

Puntualmente, la norma establece que la totalidad de las Declaraciones Juradas -primera traba implementada por la AFIP- serán bloqueadas en forma automática.

Luego, se aplicará sistémicamente una serie de nuevos cruces de información en base a los datos que posee el fisco nacional.

"Cuando, como resultado de la aplicación de los controles cruzados, se detecten inconsistencias respecto del importador, se observarán las DJAI presentadas por el mismo, las que permanecerán bloqueadas hasta que el área operativa respectiva finalice las tareas a realizar por las áreas de investigación y fiscalización", establece la instrucción 959/2014.

Para "destrabar" el bloqueo, el importador deberá concurrir al área de investigación de la Dirección Regional de su jurisdicción.

Lo que más preocupa a los empresarios es que aun cuando el fisco no detecte inconsistencias, esto no implicará que una compañía pueda importar con total libertad. Por el contrario: las Declaraciones Juradas continuarán bloqueadas en estado "Oficializada" por el término de 10 días corridos, plazo durante el cual el organismo de control podrá "observarlas".

Transcurrido el mencionado plazo, si no se produce una observación, el bloqueo será revertido.

Según diversas fuentes, el Gobierno habría elaborado este nuevo sistema de control ante la posibilidad de que un default restrinja el ingreso de dólares frescos. 

Para ello, con esta norma, apunta en dos direcciones: 

1.Evitar que los importadores adelanten compras para hacer stock y demanden, consecuentemente, más dólares del BCRA, fenómeno que suele darse en momentos en que crecen los temores a una devaluación.

2.Evitar la proliferación de prácticas ilegales, como la sobrefacturación de importaciones, maniobras por las cuales -en connivencia con su proveedor del exterior- una empresa "infla" la factura a pagar para poder sacar más dólares del país "a precio oficial".

En este contexto, empresarios consultados advirtieron que la norma podría complicar las compras en el exterior de miles de empresas que operan en el marco de la ley.

Controles polémicosPuntualmente, los controles que se comenzarán a implementar una vez reglamentada la normativa, son los siguientes:

• Antigüedad de inscripción ante la AFIP: el fisco verificará que el contribuyente posea una antigüedad mínima de inscripción de 18 meses en el Impuesto a las Ganancias.

En diálogo con iProfesional, Miguel Ponce, gerente de la Cámara de Importadores (CIRA), advirtió que "este punto en particular genera mucha preocupación".

El directivo se preguntó: "¿Cómo va a hacer una empresa nueva para importar maquinaria e iniciar un proceso productivo? Creemos que esto atentará contra la inversión".

• Relación débito/crédito Fiscal: las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado (IVA) presentadas en los últimos 12 meses deberán arrojar un promedio de relación superior a 1,20 (se establece una presunción del 20% mínimo de marcación sobre el costo de mercadería vendida).

• Se controlará que toda empresa importadora que efectúe pagos anticipados de mercaderías al exterior (sin registro aduanero) posea, al menos, un despacho de importación a consumo en los últimos 180 días.

• Se controlará que los giros al exterior por todo concepto de los últimos 12 meses no superen el 80% de las ventas consignadas en las declaraciones juradas de IVA del mismo período.

• En igual sentido, los investigadores y fiscalizadores podrán verificar el domicilio fiscal de la empresa importadora y a sus directivos, así como la capacidad económico-financiera de todos ellos.

• También, podrán solicitar información sobre los proveedores del exterior y clientes locales con el objeto de constatar la viabilidad del negocio que se pretende efectuar.

• Según se desprende de la norma, en algunos casos, para que se apruebe la operatoria, el importador deberá aportar permisos de embarque y fechas de entrega de mercadería por parte del proveedor del exterior.

• Asimismo, se podrán verificar las condiciones de venta pactadas con la empresa de afuera, la real existencia de la misma (mediante accesos a Internet o demostración del importador) y la relación de las mercaderías involucradas con la actividad efectiva que desarrolla el importador.

• No sólo eso: la AFIP estará en condiciones de exigirle a la empresa importadora documentación sobre el flujo de fondos con los que le pagará a su proveedor, al tiempo que podrá ordenar la verificación del origen de dichos fondos, así como de aquellos destinados al normal funcionamiento del negocio (pagos de alquileres, impuestos, servicios, compras, personal).

Según Ponce, "hasta ahora, obtener una Declaración Jurada es una condición necesaria y suficiente para poder importar. Pero si se implementa esta medida, ya no será así. Todo esto, lógicamente, está generando muchísima preocupación en el sector".

El Gobierno dice que el default no existe, pero las consecuencias... que las hay, las hay.