Investigan el delito de fraude económico más importante de Argentina que culminó con el lavado de $40 M

El Juzgado Federal N° 2 de Santa Fe, a cargo de Francisco Miño, analiza el requerimiento que hicieron el fiscal federal, Walter Rodríguez; el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, y el coordinador del Área de Fraudes Económicos y Bancarios de ese organismo, Pedro Biscay, quienes solicitaron la indagatoria de 49 imputados en lo que en Santa Fe se conoce como la "causa Bolsafe".

Se investiga el funcionamiento de una estructura que durante años captó ahorristas a los que despojó de sus títulos y valores y que, sólo durante 2012, culminó con el lavado de "al menos 40 millones de pesos", según el dictamen que firmaron de manera conjunta los fiscales.

En diálogo con Infojus Noticias, Gonella sostuvo que en la Procelac se están investigando "casos de lavado de dinero, en algunos casos estafas de mil millones de dólares", pero señaló que "en cuanto a delitos de defraudación económica es la causa más importante que llevamos y que se haya investigado en la Argentina".

"Es una maniobra muy grande que aparenta ser compleja pero no lo es. La primera etapa era la captación engañosa de inversores que tenían títulos, que tienen un valor nominal expresado en dinero. Hubo una estrategia de marketing a través de la cual Mario Rossini (titular de Bolsafe Valores) ofrecía a estos inversores negocios con sus títulos, orientándolos al alquiler de los mismos. Ese alquiler estaba prohibido por el organismo que se encargaba, supuestamente, de controlar las operaciones, que es Mercado de Valores del Litoral", precisó.

Entre las víctimas hay personas que habían depositado su indemnización por juicios laborales o por ser víctimas del terrorismo de Estado, jubilados, pequeños ahorristas, que eran seducidos por el gran prestigio del que gozaba Rossini en la zona.

En este punto los fiscales sostienen que "para consumar la captación, Rossini se valió de una estrategia consistente en la utilización de medios radiales, televisivos y gráficos como procedimientos de difusión masiva para atraer clientes".

Gonella agregó que los títulos "fueron transferidos a otra empresa (BV Emprendimientos) que estaba autorizada para operar en el rubro informático, no bursátil". "Ahí aparece otra irregularidad, porque BV no estaba autorizada para negociar con títulos. Además, no hubo consentimiento de los inversores para la transferencia.

Esos títulos, que les fueron despojados a los clientes, aparecieron en una sociedad de bolsa del Banco Galicia. Ahí se consuma la estafa y aparece el lavado de dinero, porque el Galicia tiene normas que respetar en el sistema antilavado, que consisten en conocer el origen de los títulos, y no se cumplió. Se legitimó algo ilegal", remarcó.

Rossini no actuó en soledadA lo largo de su escrito los fiscales reconstruyen de qué manera funcionó durante más de diez años "una planificación criminal orientada a defraudar el patrimonio de una inmensa e indeterminada cantidad de ahorristas a partir de una mecánica continuada de captación de activos", que tenía como cara visible a Mario Rossini, titular de Bolsafe Valores y BV emprendimientos, pero que contó con la necesaria participación de las autoridades del Mercado de Valores del Litoral, organismo que debía controlar a esas dos empresas (principales operadoras de bolsa de la zona) y del Banco Galicia.

La investigación tiene como punto de partida el 1° de septiembre de 2003, fecha en la que entró en vigencia "la prohibición de operaciones de alquiler de títulos valores y el ofrecimiento de éstos por cualquier medio de comunicación", dictada por el propio Mercado de Valores del Litoral, de acuerdo con las normas de la Comisión Nacional de Valores.

En sus argumentos los fiscales destacan que "ni Rossini, ni sus empleados, ni sus productores ponían en conocimiento a los inversores sobre el carácter prohibido de la locación de títulos".

El Mercado de Valores del Litoral conocía de cerca cómo operaba Rossini, a tal punto que Bolsafe Valores nació comercialmente en el propio edificio del organismo que debía controlar sus operaciones. Es decir que el MVL estaba al tanto de estas irregularidades.

Ese conocimiento quedó expuesto en la resolución 34/2006 del propio organismo, cuando luego de una auditoría "detectan" que Bolsafe Valores y BV Emprendimientos funcionaban en el mismo domicilio (San Jerónimo 2005), que existían "oficinas centrales de atención a los inversores" y que "allí se desarrollan entre otras actividades de su objeto social la operatoria de alquiler de títulos".

Pero en lugar de exigirle a Rossini que finalice esa operatoria prohibida por ley, se intimó a Bolsafe Valores a que "adopte las medidas necesarias a los efectos de diferenciar su domicilio legal, fiscal y comercial de los de la sociedad BV Emprendimientos".

Los fiscales afirman que la "resolución demostró que a los directores del Mercado de Valores del Litoral sólo les interesaba desligarse de la posible responsabilidad futura que le pudiera caber frente a las irregularidades que realizaban las empresas de Rossini, más no proteger al público inversor".

¿Cómo siguió operando Rossini a partir de esa resolución? Los inversores iban a las oficinas de Bolsafe Valores y allí los empleados les sugerían que se dirigieran a las oficinas de BV Emprendimientos, ubicada a tan solo 50 metros. Si algún inversor preguntaba el motivo, se le respondía que esa expansión se debía "al crecimiento de la empresa". Si las preguntas eran más insistentes, se los tranquilizaba con la frase "es todo lo mismo, lo maneja Rossini".

¿Cómo pudo sostenerse en el tiempo este tipo de operaciones? Según los fiscales, "el gran volumen operado le permitía a Rossini, con la intermediación de la cuenta comitente de BV Emprendimientos en el depositante Banco Galicia, reintegrarle a los clientes a su requerimiento títulos de la misma especie y en la misma cantidad que los que tenía, pero, en verdad, pertenecientes a otro cliente". "Así pudo durante años mantener la confianza en la sociedad y permitir que el negocio fraudulento siguiera funcionando", agregan.

Protección al descubierto

La responsabilidad de Mercado de Valores del Litoral, para los fiscales, es clara en cuanto a que sabían que Mario Rossini era accionista y presidente tanto de Bolsafe como de BV Emprendimientos y "que esta última desarrollaba la prohibida operatoria de alquiler de títulos no obstante lo cual decidieron omitir de modo sistemático y sostenido en el tiempo, adoptar recaudos eficaces para impedir la maniobra".

"De lo dicho podemos afirmar que la conducta de los funcionarios y directivos del Mercado de Valores resulta demostrativa de una convergencia de voluntades dirigida a la consecución de objetivos delictivos comunes, compatible con un aporte a título de complicidad", destacan.

En el escrito hay un dato que llama la atención y desnuda la intención de los responsables de Mercado de Valores del Litoral de despegarse de las maniobras fraudulentas: el 27 de noviembre de 2012, cuando Rossini ya había caído en desgracia, dictaron una "suspensión preventiva" de sus actividades.

Esa decisión, para el fiscal Rodríguez, "sólo puede explicarse como un intento del directorio del MVL de librarse de responsabilidades ante los ahorristas a los que no había protegido antes".

En consecuencia, los fiscales consideran que Rossini organizó y lideró "una asociación ilícita destinada a la comisión de una indeterminada cantidad de delitos financieros y patrimoniales" de la que también formaron parte María Mercedes Leiva, Andrea Boetti, Flavia Sánchez, Jorge Sandoval, Omar Santos Francisco Rossini (de Bolsafe Valores), Julio César Yódice (BV Emprendimientos) y los integrantes de Mercado de Valores del Litoral Luis Ángel Puig, Alfredo Calabrese, Juan Luis Catuogno, Jorge Ghiano, José María Candioti (ex Ministro de Hacienda de Carlos Reutemann), Rubén Fink, Marcelo Fink, Alfio M. Re, Pablo Guillermo Tabares (actual Secretario de la Producción de la Municipalidad de Santa Fe), José Nestor Tabares y José Luis Renzulli.

"Todos ellos tomaron parte en la misma contribuyendo con su participación al logro de los objetivos delictivos desplegados por aquel", afirman los fiscales.

En el escrito se hace hincapié en que la maniobra delictiva no sólo generó "un grave daño social al afectar los intereses de cientos de pequeños y medianos inversores, despojándolos de sus ahorros", sino que el "el daño ocasionado trascendió así con creces los meros intereses individuales comprometiendo al orden público económico".

"Como fiscales estamos conformes, consideramos que pudimos reconstruir testimonios y documentos y hemos superado ampliamente el standard que se requiere para este acto que hemos solicitado y que es tan relevante para la investigación como la indagatoria. Somos optimistas con la decisión que pueda tomar el juez", concluyó Gonella.