Impulsarán un proyecto de ley para que los "fuera de convenio" no queden excluidos de lo acordado en paritarias

Tras un 2013 "relajado" por las elecciones legislativas, este año el Congreso ha reanudado, con más bríos, su actividad habitual. En estos días, por lo pronto, se constituirán las comisiones encargadas de analizar los proyectos de ley.

La nueva composición de las cámaras, que comenzó con sus labores el pasado 10 de diciembre, es muy similar a la del año pasado. Es decir, en caso de que el bloque oficialista decida debatir alguna iniciativa, tendrá quórum propio, si se le suman sus aliados, tanto en Diputados como en Senadores.

En este contexto, durante su exposición en la conferencia "Salarios y Conflictividad Laboral" organizada por iProfesional, el diputado oficialista Héctor Recalde adelantó que se volverán a tratar ciertos temas claves que habían quedado "archivados".

Entre estas iniciativas -que se acaban de presentar en el Congreso- figuran algunas de gran relevancia para el mundo empresario y los empleados, como la que busca poner fin al uso de las sumas no remunerativas en los salarios, nuevos plazo de licencias parentales, protección de testigos en juicios laborales y disposiciones en cuanto a la tercerización.Fuera de convenio, sin solapamiento

El diputado oficialista señaló que este año impulsará un proyecto para que "fuera de convenio" no queden excluidos de lo acordado en paritarias y así evitar el solapamiento salarial.

De acuerdo con la iniciativa que se analizará en la comisión de Legislación del Trabajo de la cámara baja, que preside el mencionado legislador, se estipula que la remuneración mensual de los dependientes no encuadrados deberá ser superior en al menos un 20% al salario que por todo concepto perciba el trabajador mejor remunerado incluido en el convenio colectivo de la actividad.

"Hay que fijar pautas de mínima razonables que plasmen que a mayor responsabilidad y jerarquía corresponde también una mayor remuneración", señaló.

En este sentido, la jueza Estela Ferreirós, quien integró uno de los paneles de expositores junto al diputado Recalde, recordó que antes había 60 reclamos mensuales por sala de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, pero que ese número ahora se elevó a 300.

"Subieron muchísimo las demandas por discriminación. Para las empresas, lo más riesgoso son los reclamos de esta índole en el ámbito individual (género o edad, por mencionar algunos ejemplos) o colectivo (que atentan contra la libertad sindical)", señaló la magistrada.

Sobre este punto, la presidenta de la sala VII de dicho tribunal consideró que "los reclamos de personal fuera de convenio van a terminar siendo un factor importante de discriminación". Polémica iniciativa

Las empresas son conscientes de que este año se agravará el problema del solapamiento salarial.

Ni siquiera el cobro de los bonos ayudará a bajar el descontento que produce entre los profesionales el hecho de recibir remuneraciones iguales e incluso inferiores a la de personal de menor rango en la pirámide organizacional, beneficiados por los acuerdos colectivos de trabajo.

"Tras los ajustes y la devaluación, las compañías mantienen en un 25% sus proyecciones de incrementos para los fuera de convenio, a diferencia del 30% que otorgarán a los convencionados", aseguró Marcela Angeli, directora de Towers Watson.

Serán pocas las compañías que puedan trasladar el mismo incremento que se acuerde en paritarias al resto del personal. Desde el ámbito judicial señalan que estas diferencias han comenzado a gatillar reclamos por discriminación.

"Uno de los fraudes recurrentes, que ocasionan efectos distorsivos, viene dado por la exclusión injustificada de personal de jerarquía media en la aplicación de los convenios colectivos", señaló al respecto Recalde.

Los expertos consultados por iProfesional reconocieron que este proyecto del diputado oficialista, si bien es loable, puede agravar la situación financiera de un gran número de empresas.

Para Sergio J. Alejandro, especialista de elDial.com, en muchos casos, "el solapamiento no se origina solamente en la disminución de la brecha remunerativa, sino que se le suman otras cuestiones, como por ejemplo, la antigüedad del personal en convenio y el incremento automático del plus por ese concepto que, en algunos acuerdos, presenta un crecimiento que no es lineal sino progresivo".

Por lo tanto, si una firma tiene que afrontar para todos los no convencionados un salario que sea como mínimo 20% superior al del trabajador bajo convenio que más gana, debería contar con una "espalda económica" muy grande, lo que pondría en grandes aprietos a las pequeñas y medianas firmas.

En tanto, Eugenio Maurette, titular del estudio Maurette & Asociados, afirmó que el problema se soluciona "asumiendo que si hay incrementos para unos trabajadores también debe haberlos para quienes no están representados por un sindicato".

"Si bien no existe un derecho de los empleados no convencionados a mantener una diferencia salarial -precisa e inamovible- respecto a los que sí están amparados, los únicos principios constitucionales que deben respetarse son los de "igual remuneración por igual tarea" y el de "igualdad de las partes o no discriminación", explicó el especialista.

Respecto a este último concepto aclaró que no hay una violación aunque los porcentajes de incrementos sean diferentes "siempre y cuando no haya solapamiento salarial", recalcó. 

Quien sí se mostró a favor de la iniciativa impulsada por Recalde es el abogado Juan Cerutti, que expresó: "Ayudaría al personal fuera de convenio y en particular a quienes ganan lo mismo que los dependientes que tienen a cargo, o bien quienes no poseen algunos beneficios que sí tienen los sindicalizados".

Topes

Por otro lado, el legislador anunció que buscarán eliminar los topes indemnizatorios e incluir, en la base del cálculo del resarcimiento por despido, diversos rubros que se abonan con periodicidad distinta a la mensual y que, en la actualidad, no se consideran como remuneratorios, tales como el bono anual.

Además, se buscará avanzar en que la indemnización nunca pueda ser inferior a dos meses de sueldo.

Esta iniciativa beneficiará a los empleados jerárquicos no amparados por convenios colectivos de trabajo, ya que los límites que hoy están vigentes producen una importante licuación del crédito indemnizatorio.

En la actualidad, el artículo 245 de la LCT establece que, en caso de despido sin causa, debe abonarse un resarcimiento equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor a 3 meses, tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último período o durante el tiempo de prestación de servicios, si éste fuese menor.

Es decir, de ser aprobada la reforma del diputado oficialista, todos los bonus, sean estos anuales, trimestrales o de cualquier otra periodicidad, deberán ser "mensualizados" e incorporados en la base de cálculo de la indemnización por antigüedad.Sumas no remunerativas

Por otro lado, Recalde anunció un proyecto para lograr una conversión escalonada y progresiva de los montos extra salariales pactados en los convenios.

Las cifras no remunerativas se irán convirtiendo en remunerativas en un 25% en períodos bimestrales, hasta alcanzar su totalidad.

Además, según la iniciativa, las obligaciones de pago al empleado que surjan de las negociaciones paritarias pasarán a revestir esta última índole (remunerativas) salvo los casos previstos expresamente por la Ley de Contrato de Trabajo.Licencias

Recalde señaló que se retomará el debate de la iniciativa que propone que quede prohibido el trabajo del personal femenino durante los 49 días anteriores al parto y hasta 49 días después del mismo, en lugar de los 90 actuales y que aumentará la licencia para los padres por nacimiento de hijos.

Dicha propuesta logró obtener media sanción, pero luego perdió estado parlamentario.

Por otro lado, el proyecto del diputado oficialista (que llegó a tener dictamen de comisión el año pasado) amplía el plazo de protección "anti despido" de la dependiente a los 8 meses y medio anteriores o posteriores a la fecha de parto. En caso de ser desvinculada, se presumirá que la ruptura del vínculo se debió a su estado de gravidez o maternidad reciente.

Esta violación le dará derecho a la empleada a reclamar las indemnizaciones agravadas previstas en el artículo 182 (trece sueldos), además de las previstas por antigüedad, o a pedir su reinstalación en su puesto con el pago de los salarios caídos.

Esta presunción también se aplicará a los casos en que no se haya notificado el embarazo pero éste sea notorio, y la protección será extendible al empleado varón y a las situaciones de guarda con fines adoptivos.

Para una adopción, la madre o en su defecto el padre adoptante podrá solicitar una licencia de treinta días por crianza cuando le sea entregado en guarda con estos fines un menor recién nacido o de hasta un año de edad, donde la relación laboral quedará suspendida.

Además, prevé una licencia de 30 días por año para la dependiente que se someta a técnicas de fertilización asistida y la reincorporación gradual con jornadas de 4 horas y remuneración proporcional.Protección de testigos

Por otra parte, el diputado oficialista especificó una iniciativa que apunta a proteger a los empleados que fueron testigos, en el marco de un juicio laboral contra la compañía que los contrató, en tanto hayan sido despedidos dentro del año de haber formulado su declaración.

El legislador explicó que, en caso de ser parte en un juicio laboral, "el empleado se encuentra frente a una opción dilemática perversa".

Por un lado, señaló, el dependiente podría tener que "declarar contra la empresa y, en consecuencia, asumir el riesgo de sufrir una represalia".

O bien, "si lo hiciera a favor de la firma bajo promesa de mantenimiento de las condiciones laborales o del empleo mismo, podría verse en la situación de tener que faltar a la verdad por ese motivo".

Por último, señaló que en los casos de tercerización propondrá que se aplique la norma más favorable al trabajador tercerizado, se otorgue un subsidio por desempleo a los asalariados en negro y se creen guarderías para hijos de dependientes -hasta cuatro años de edad- en las compañías que tienen más de 50 empleados.