El "ajuste K" suma su último ingrediente: tras la devaluación, suba de tasas y caí­da salarial... el tarifazo

La secuencia viene cumpliéndose tal cual indican los manuales de las crisis argentinas: cuando llega el momento en el que la distorsión de precios se hace insostenible, entonces viene la devaluación, la suba de tasas de interés, la reducción de salarios -que ajustan por debajo de la inflación-... y el tarifazo.

En estos días se está viendo cómo todas estas situaciones clásicas se están repitiendo. Aun cuando los funcionarios K habían dicho que nunca incurrirían en un ajuste tradicional, la cruda realidad es que las malas noticias vienen llegando, una tras otra.

Sólo falta que se critalice la última para que el cuadro se complete: el aumento de los servicios públicos, sea por una suba de las tarifas o por una quita de los subsidios. Pero finalmente llegará, como insinuó ayer con toda claridad la presidenta Cristina Kirchner.

Lo extraño es que es la medida de ajuste más anunciada -hace años que el Gobierno viene amagando con concretarla- pero, sin embargo, es la que está quedando para el final.

El motivo es claro: hay temor al malhumor social que se pueda generar. Tanto que se le teme más a una factura de gas que a una suba del dólar o a una aceleración inflacionaria.

Y lo cierto es que, ante cada colapso del sistema, en vez de reaccionar con un recorte de subsidios que permita mejorar la inversión, el Gobierno ha tenido la reacción exactamente inversa.

La primera vez fue en 2008, cuando se produjo un fuerte descontento en sectores de la clase media por el impacto de más de 200% de aumento en las tarifas de gas y electricidad.

En aquel momento, el ministro Julio De Vido explicó que la medida sólo afectaría a una minoría de altos ingresos, que el recorte sería gradual y progresivo y que para el Estado implicaría un ahorro de unos u$s200 millones. Pero el malestar social y las acciones legales de los consumidores obligaron a dar marcha atrás.

Tres años después, a fines de 2011, con el enorme respaldo político del recién logrado triunfo electoral de Cristina Kirchner, se anunció un recorte de subsidios para todos aquellos que no pudieran demostrar una necesidad real de contar con ayuda estatal para pagar los servicios públicos.

Pero, una vez más, la Presidenta temió por las consecuencias políticas. Lo que en un comienzo iba a ser una aplicación "casi universal" terminó siendo un plan delimitado a los habitantes de los countries. La explicación: el accidente ferroviario de Once había cambiado súbitamente el clima social.

Hoy el monto destinado a los subsidios de servicios públicos representa un 20% del presupuesto estatal, y equivale a casi un 5% del PBI nacional. Si se recortara por completo, desaparecería el déficit fiscal, algo nada desdeñable para un Gobierno que debe hacer frente a una oleada de reclamos salariales en el sector público.

Una vuelta de tuerca al relato

Paradójicamente, fue la emergencia económica la que terminó dándole al "relato" la vuelta que necesitaba como para justificar el tarifazo ante el "núcleo duro" de la militancia K.

Lo dejó en claro la propia Cristina Kirchner al explicitar algo que había insinuado antes Jorge Capitanich: que el hecho de que hubiese asalariados con capacidad de destinar un 20% de sus ingresos para comprar dólares era una prueba evidente de que había gente que ya no necesitaba recibir una ayuda estatal.

De manera que el ajuste que se viene intentará ser presentado como parte de la política de mejora en la redistribución del ingreso.

"Se ve que tan mal no les va", dijo Cristina en referencia a los ahorristas en dólares, algo que a los más veteranos les trajo la memoria aquella frase célebre de Raúl Alfonsín: "A vos no te va tan mal, gordito", dicha a un ciudadano que lo increpaba porque la hiperinflación condenaba a parte de la sociedad al hambre.

Demasiadas semejanzas con los años ochenta, luego de los cortes de luz, los saqueos, el descontrol inflacionario y los rumores de cambio de Gobierno anticipado.

Pero Cristina dejó en claro que, pese a su discurso radicalizado, tomará las medidas de ajuste que sean necesarias.

La suba del precio en los servicios públicos acaba de anotarse en esa lista de medicinas amargas. Como primer paso, se comenzará por quitar el subsidio a los compradores de dólares.

Esta situación trajo una solución al debate interno sobre cuál sería el mejor criterio para determinar los recortes -si al volumen de consumo o si al valor del inmueble, o a un mix de ambos-.

Pero no se descartan medidas adicionales, como la aplicación de nuevos cargos por importación, como el que se estableció a fines de 2012 para las facturas de gas.

"Es necesario abordar los problemas. Políticas de ajuste no, políticas de equidad", explicó Cristina a sus militantes que acudieron a la Casa Rosada para escuchar su "reafirmación" del modelo kirchnerista.

Y, mostrando un trabajador fotografiado en la tapa de Página 12, afirmó que "no es justo que este señor esté así con la ristra de chorizos y otros compren dólares y se les subsidie la luz y el gas".

Asumiendo la realidad

La postura de la Presidenta implica, de esta manera, la aceptación de uno de los puntos que más se venía criticando: la escandalosa injusticia que implicaba el hecho de que los subsidios estén concentrados en los segmentos de mayores ingresos.

Lo cierto es que ni siquiera la reconocida habilidad retórica de Cristina logra ocultar estos datos:

*El subsidio al gas por cañería llega sólo al segmento de clase media y alta de Capital y las grandes ciudades. Un 70% de los hogares del interior no tiene acceso a la red de gas y debe pagar el precio de mercado por la garrafa.

"Mientras la mayoría de los hogares pobres sufre severas carencias de infraestructura básica -por ejemplo cloacas- inaceptables para un país en el siglo 21, se derrochan enormes cantidades de recursos fiscales en subsidiar un consumo al que la gran mayoría de los pobres no puede acceder", afirma un documento de la Universidad Católica.

*Del monto que el Estado destina a subsidiar el sistema eléctrico, casi el 43% va al quinto estrato más rico de la población, mientras que el quinto más pobre apenas recibe 6,4%, según una estimación de Jorge Gaggero, economista del Plan Fénix.

*Sólo el monto de gasto público destinado al subsidio del gas para la clase media y alta representa el doble de lo destinado a la Asignación Universal por Hijo, la gran credencial kirchnerista de la asistencia a la población marginada.

La situación había llegado a tal punto que las críticas ya no provenían de los economistas críticos sino de los propios intelectuales que apoyaron la fase inicial del "modelo".

Como el economista Aldo Ferrer, que planteó el tema sin ambigüedades: "Este es un tema de calidad de gasto, porque si el gasto público estuviera destinado a la inversión o a la política social tendría sentido, pero subsidiar cosas que no se debería es un desperdicio de recursos. Entonces creo que hay que hacer un toque fuerte en esto".

También el filósofo Ricardo Forster, directivo del grupo Carta Abierta, apuntó a una autocrítica luego de la devaluación: "Quizás antes deban haberse tomado medidas en materia energética, que significa una erogación de divisas muy importante para el país, quizás se demoró mucho en avanzar en un cambio en la política de subsidios".

La devaluación encarece la energía

La sensación que está cobrando cuerpo en estos días es que el Gobierno ya se quedó sin margen para los debates sobre si es un buen momento o no para realizar el ajuste tarifario.

Lo que argumentan los analistas es que ahora no hay forma de evitarlo, porque la devaluación cambió drásticamente un panorama que ya venía complicado.

Al contrario de lo que ocurría en otros tiempos, cuando una depreciación de la moneda ayudaba a licuar el gasto público, ahora el fisco pierde con la devaluación porque se encarece la compra de hidrocarburos.

"Con la presión tributaria en un nivel insoportable, no hay otra alternativa que un recorte sensible del gasto. Por ello, la quita de subsidios es hoy más pertinente que nunca. Si se aspira a evitar una espiral nominal descontrolada, el fisco tendrá que trasladar a los usuarios el costo de la energía importada, precisamente cuando ésta se encarece sensiblemente por cortesía de la devaluación", observa el economista Federico Muñoz.

Estas compras de energía, que representan el 16% del total de importaciones, es considerado por los analistas como "inflexible a la baja". Es implica que no hay forma de recortarlo, incluso cuando la economía esté más fría, y por lo tanto implicará:

* Un mayor esfuerzo fiscal, medido en pesos -en la misma proporción en que el peso se devaluó-.

* La necesidad de recortar importaciones en otros rubros -la caída llegará a casi 6% según estima el Estudio Bein.

En definitiva, la revisión de los subsidios se está transformando en una materia obligada para aquellos que están preocupados por la pérdida de reservas del Banco Central.

"Son medidas desagradables, pero necesariamente van a tener que hacer algo. Cuando se devalúa se obtienen más ingresos en pesos por envíos al exterior, pero los subsidios se comen todos los beneficios de la devaluación. La única forma de aprovechar esto es incrementar las tarifas", afirma Francisco Gismondi.

Lo cierto es que en los últimos días se han multiplicado los síntomas de que el tarifazo es inexorable. Sin ir más lejos, las acciones de Edenor en la bolsa de valores tuvieron una suba de 40% en lo que va del año.

No será por su brillante balance ni por su negocio próspero, dado que es una compañía que pierde unos 350 millones de pesos por trimestre, tiene un margen bruto negativo -es decir que pierde plata incluso antes de pagar sus sueldos-, apenas puede realizar inversiones de mantenimiento y sus títulos de deuda tienen una calificación de "bonos basura".

La suba de su cotización se debe, pura y exclusivamente, a la percepción del mercado bursátil sobre una mejora en el flujo de caja, producto de un recorte de subsidios a los usuarios.

¿Cuánto es mucho?

La pregunta clave, como siempre, es cuánta dosis de ajuste será necesaria. ¿Alcanzará con retirarle el subsidio solamente a los 439.000 usuarios que compraron dólares?

¿Será suficiente un nuevo cargo para compensar los aumentos de las importaciones de gas?

En principio, todo indica que ya no queda margen para el gradualismo. Un informe de la consultora Econométrica señala que para bajar un tercio el déficit fiscal es necesario reducir un 20% los subsidios en términos reales. Hablando en plata, esto significa que las facturas de gas y electricidad deben tener aumentos nominales del 50%.

"Es posible que los incrementos de tarifas estén atados a la existencia de nuevas tarifas sociales o incrementos de jubilaciones y asignación universal, buscando mitigar el impacto sobre la población más vulnerable. Pero si el 35% de la población está por debajo de la línea de pobreza según estimaciones privadas, no tiene sentido subsidiar al 100%", indica Ramiro Castiñeira, analista de Econométrica.

Los detalles de la nueva política tarifaria se irán conociendo en los próximos días. Pero lo que ya está claro es que el ajuste K tendrá también el ingrediente que le faltaba para seguir la tradición argentina.