Evalúan implementar un nuevo "blanqueo impositivo" para financiar a YPF
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El panorama económico y financiero mundial aún no permite ser francamente optimista. El acceso a los mercados de capitales está todavía, pese al elevado nivel de liquidez imperante, complicado para cubrir las necesidades de financiamiento del Tesoro argentino.
Por ello, en los pasillos del Congreso se está perfilando un nuevo proyecto de blanqueo impositivo que apuntaría a dos objetivos.
Por un lado, obtener ingresos tributarios extraordinarios, pero por otro lado, y quizás el objetivo prioritario, ayudar a la petrolera estatal YPF a financiar su ambicioso plan de inversiones que requiere en los próximos cinco años unos u$s37.000 millones.
De modo que la iniciativa que está pergeñando un grupo de legisladores oficialistas se basaría, a diferencia de los últimos blanqueos, en permitir declarar fondos a través de la compra de emisiones de deuda nueva de YPF, según ambito financiero.
La petrolera comandada por Miguel Galuccio viene emitiendo deuda, vía obligaciones negociables (ON), y además lanzó el bono YPF que vino a competir en el segmento de los pequeños ahorristas de plazos fijos en pesos. El papel ofrece una tasa del 19% anual y el monto mínimo es de 1.000 pesos.
En cuanto a las ON, las últimas emitidas en dólares fueron en octubre del año pasado y pagaron el 5% a dos años de plazo y el 6,25% a 4 años. Los montos captados fueron de u$s130 millones y u$s293 millones, respectivamente.
Está claro que ahora el Gobierno, además de intentar obtener ingresos extras para el fisco, desea allanarle el camino a la petrolera estatal en su búsqueda de financiamiento en el mercado doméstico, que a raíz de los vaivenes del mercado cambiario informal y las bajas tasas de interés que ofrecen los bancos por plazos fijos, canalizan ahorros y excedentes en el dólar y en menor medida en bonos en dólares.
El último blanqueo de capitales (y también moratoria fiscal) fue en 2009; la AFIP informó que ingresaron más de 205.000 contribuyentes y se blanquearon más de $32.000 millones, de los cuales más de la mitad correspondieron a capitales no declarados.