Por pedido de la oposición, podrí­a postegarse el acuerdo fiscal con Uruguay

La oposición uruguaya le pedirá al Gobierno de José Mujica que posponga para 2013 el debate del acuerdo para el intercambio de información tributaria y para evitar la doble imposición que ambos países firmaron el 23 de abril en Colonia y que -aunque ya ingresó al Congreso oriental- aún no inició su tratamiento.

Tanto oposición como referentes del turismo y la construccin del vecino país concuerdan en que éste no es el mejor momento para seguir adelante con este pacto. El argumento que esgrimen es que la Argentina canceló sus acuerdos similares -en lo relativo a la doble imposición- con Chile, España y Suiza y que habría que esperar a que se renegocien estos tratados para sentarse de nuevo a conversar. 

El senador colorado Pedro Bordaberry se reunió el viernes pasado con la ministra de Turismo y Deporte del Uruguay, Liliam Kechichian, para conversar sobre los posibles efectos que tendría este proyecto en la economía oriental.

"La Argentina va a renegociar sus tratados, es una mala señal para nosotros. Por eso sería bueno esperar a ver lo que hacen Chile y España para luego ver qué hacemos nosotros", explicó. 

Sin embargo, existe un matiz clave. El especialista tributario Carlos Loaiza -quien asesoró al Gobierno oriental en estas materias- explicó al matutino Ámbito Financiero que si bien la Argentina puso fin a sus acuerdos con estos tres países, tuvo el rol de denunciante.

Es decir, en el caso chileno, explicó el jurista, "se incumplió porque el país trasandino no adecuó todos sus protocolos de intercambio de información a la estructura que solicita la OCDE".

Con España -indicó- "existiría una evasión a través del holding Entidad Tenedora de Valores Extranjeros que la Argentina denuncia, y con Suiza sería porque la nación helvética se rehúsa a entregar ciertos datos importantes".

De comprobarse, el incumplimiento vendría por parte del otro país en cuestión. Lo que podría objetarse, señaló Loaiza, es que "la Argentina aplica los acuerdos de doble tributación con una agresividad inusual".

Si bien desde la oposición dicen que el Gobierno oriental escuchó sus reclamos y que se va a tomar todo el tiempo necesario para analizarlos en profundidad, fuentes cercanas al Ejecutivo señalan que se aprobará antes de fin de año.

Las señales políticas coinciden: la semana pasada el ministro de Economía uruguayo, Fernando Lorenzo, explicó durante tres horas ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado los alcances de este acuerdo, ante los embates de la oposición.

"¿Hay una razón para llevar esto adelante a toda velocidad? ¿Existe una contrapartida? ¿Esto notoriamente se realiza más en beneficio de la República Argentina que del Uruguay? Lo digo por razones de corrientes inversoras", cuestionó el referente del Partido Blanco y exmandatario Luis Alberto Lacalle, tras la exposición de Lorenzo.

El acuerdo requiere de mayoría simple para su aprobación y el Frente Amplio cuenta con ella en ambas Cámaras. Una vez terminado el debate, entraría en vigencia 30 días después de su aprobación. Fuentes cercanas a los negociadores orientales sostienen que si existe alguna pequeña demora tiene que ver con que actualmente es una de las pocas herramientas de negociación que tiene el Gobierno de Mujica con vista a objetivos mayores, como son el dragado del canal Martín García y las trabas a las importaciones.

Más novedades pueden llegar a conocerse el 5 de septiembre, cuando se reúnan miembros del Gobierno con referentes de la oposición oriental en Colonia, invitados por la Cámara Inmobiliaria Uruguaya (CIU) para debatir el tema.

En tanto, la Liga de Fomento de Punta del Este, que concentra a referentes del sector hotelero y de la construcción, señaló a través de su titular Héctor Araujo que la preocupación pasa por la posibilidad de que se preste para realizar persecuciones (aunque la letra del acuerdo lo prohíbe).

"Uruguay podría perder la confianza de los (inversores) argentinos que tanto tiempo nos costó, porque no hay certezas de que lo vayan a respetar", sostuvo. Por esta misma razón, propuso Araujo, "Uruguay debería mandar una delegación a la OCDE para aclarar por qué se puede firmar con Brasil, Chile y Estados Unidos y con la Argentina no".