El controvertido spot publicitario del Gobierno por el conflicto del subte llegó a la Justicia

Legisladores porteños del PRO denunciaron una "malversación de caudales públicos" para la difusión de un spot televisivo, que atribuyó la responsabilidad del subte y de sus conflictos laborales a la Ciudad de Buenos Aires.

La publicidad pudo verse a lo largo de las transmisiones del Fútbol para Todos durante el último fin de semana, cuando todavía estaba en pie el paro de subtes decretado por los metrodelegados. Fue emitido por la TV pública, pero también aquellos canales que transmiten los partidos en vivo.

El anuncio enumeraba una serie de argumentos para concluir que, debido al proceso de transferencia acordado por la Nación y la Ciudad en enero, es el gobierno de Mauricio Macri el que debía tomar pleno control del subterráneo. Y con ello -sostenía- estaba la responsabilidad de dar una solución al conflicto gremial que mantuvo el servicio interrumpido durante 10 días.

Tras las críticas que despertó en el macrismo, dos legisladores de esa fuerza, Daniel Presti y Cristian Ritondo, decidieron llevar el caso a la Justicia.

En su denuncia, los diputados exigieron que se investigue "al ministerio de Interior y Transporte de la Nación y a las demás dependencias que resulten ser responsables de la emisión de ese comercial emitido durante el ciclo Fútbol para Todos".

Reclamaron, además, que se identifique a los responsables del aviso y se les tome declaración indagatoria.

"El Poder Ejecutivo Nacional utilizó fondos que pertenecen al Estado Argentino, no para dar a publicidad actos de Gobierno, sino para emitir una opinión absolutamente subjetiva y propia del partido que preside la gestión actual", señalaron.

Según los legisladores, ese "accionar configura un delito tipificado en el Código Penal, y éste es el de malversación de caudales públicos".

El ministro de Desarrollo Urbano porteño, Daniel Chain, ya había hecho una presentación contra el spot al considerar que presentaba inexactitudes que llevaban a conducían a la discriminación y el hostigamiento. Entonces, la jueza Gabriela Zangaro ordenó levantar su difusión y emprendió una investigación.

También durante el fin de semana, el gobierno porteño respondió con su propio aviso, en el que presenta como una "mentira" varias de las afirmaciones del anuncio de Presidencia.