Son los "agoreros K" y polemizan sobre si la Argentina puede revivir un "Rodrigazo"

El Gobierno los llama "agoreros" del modelo, falsos pronosticadores e integrantes de la cadena nacional del desánimo.

La lista engloba a economistas de renombre, como Roberto Lavagna, Domingo Cavallo, Martín Redrado o Alfonso Prat Gay. Todos tienen un denominador común: han sido ex funcionarios, conocen "la trastienda del poder" y los números finos de la economía.

Pero también se volcaron a la política, son opositores y entonces sus palabras revisten cierto grado de subjetividad.

Recesión, inflación, devaluación, ajuste, distorsiones de precios, presión impositiva y modelo agotado forman parte de su habitual vocabulario.

También hacen referencia al atraso tarifario y al estado crítico que atraviesan las empresas energéticas, con algunas de ellas en default o al borde del colapso.

Uno de los que fue más allá en sus pronósticos fue Lavagna, cuando hizo referencia a un "fantasma" que sobrevuela en estos días y que data de 1975.

Ninguno que sea menor de 50 años tiene recuerdo directo de él, pero casi todos oyeron hablar, porque la marca que dejó en quienes lo vivieron fue inolvidable.

Se trata del llamado "Rodrigazo", el gran mega-ajuste de la historia económica argentina, y que inició la serie de planes que siempre incluían la fórmula "devaluación y tarifazo" para corregir distorsiones.

Su advertencia apunta a que se están acumulando similitudes en la economía argentina que la asemejan al momento previo a ese recordado período.

Según el ex ministro, en algunos "cenáculos iluminados" está empezando a surgir la tentación de corregir de una manera drástica las distorsiones de un plumazo, como en aquella oportunidad histórica.

"¿Se acuerdan de 1975, un gobierno de una presidenta peronista? Todo junto, todo rápido, supuestamente para ‘ordenar' el caos de precios relativos que, como no podía ser de otra manera, desató una guerra distributiva. Y después... lo que ya sabemos", había señalado Lavagna tiempo atrás.Recuerdo traumático

El "Rodrigazo" hace alusión a un plan aplicado en junio de 1975 por el entonces ministro Celestino Rodrigo, durante el gobierno de Isabel Perón, que había asumido la presidencia tras la muerte de Juan Domingo Perón en 1974.

Implicó una devaluación (suba del dólar) del 160%, un aumento de los combustibles de un 180% y de todas las tarifas públicas en un 100%.

Las deudas en pesos, naturalmente tuvieron una enorme licuación.

Los salarios se ajustaron un 45%, lo cual era, de hecho, una brusca disminución del poder adquisitivo.

La presión sindical llevó a que luego hubiera nuevos ajustes, que de todas formas quedaron licuados porque la inflación se disparó por encima de un 180% anual.

El plan tenía su explicación: había que oxigenar la economía que enfrentaba restricciones externas (léase se había quedado sin dólares) y se hacía impostergable sincerar los precios artificialmente reprimidos.

Pero la forma brutal en que se hizo llevó a empresas a la bancarrota, hundió el poder adquisitivo, produjo bruscas transferencias de recursos entre sectores por la devaluación. Y, por cierto, agregó nafta a la hoguera de la violencia política imperante en aquella época.¿Es comparable semejante conmoción con la situación argentina actual? Ese es el debate que se generó a partir de la advertencia de Lavagna. No faltó quienes lo acusaron de exagerado pero, sin embargo, quedó flotando la sensación de que puede estar incubándose el germen de un desagradable ajuste a futuro.

El argumento central de Lavagna es que, como en los comienzos de la década del '70, existe una inflación reprimida.

Y la tapa de esa olla a presión sería el tipo de cambio -que no refleja la verdadera productividad de la economía- y las tarifas de los servicios públicos, muy retrasadas frente al resto de los precios.

Como en los años '70, señala, el dólar bajo y los servicios baratos posibilitan un alto consumo que permite un crecimiento económico... hasta que las inconsistencias ya no pueden ser disimuladas.

"El resultado es que datos vitales de la economía están lejos de lo que debería ser un conjunto de ‘precios relativos' racional para un país mediano con productividad intermedia, que necesita mantener tasas de crecimiento y de inversión altas", alertó Lavagna.Algunos hechos parecieron darle la razón sobre la gravedad del momento. Como, por ejemplo, la difícil situación del sector energético, que quedó en evidencia con el reciente default financiero de Edesur.

La principal distribuidora de Capital Federal no pudo hacer frente a un vencimiento de $31 millones, una cifra relativamente menor en relación con sus ingresos.

Y no es la única que sufre las consecuencias de tener costos crecientes y tarifas congeladas. La distribuidora mayorista Cammesa registra deudas impagas por $360 millones, con situaciones complicadas también para las empresas Edenor y Edelap.

También en el gas, la mayor distribuidora, Metrogas, que había reprogramado su deuda hace dos años, está nuevamente en problemas para pagar sus obligaciones por u$s250 millones, y corren los rumores de estatización.

Esta situación ha hecho que regresaran las versiones sobre la eliminación gradual de subsidios para los servicios públicos, un camino que el Gobierno había comenzado a recorrer a comienzos de año pero que luego detuvo, preocupado por el malhumor social que podría generar la ampliación de la medida.

Lo cierto es que el costo de dichos subsidios a empresas prestadoras de servicios públicos (energía y transporte, principalmente) asciende a casi $90.000 millones anuales, una cifra cada vez más difícil (o imposible) de sobrellevar.

Para tener una referencia de lo que implica para el Estado, este rubro cuadruplica lo que se recauda por el controvertido Impuesto a las Ganancias.

En la medida que esta situación se exacerba, el fantasma de una corrección brusca en los niveles tarifarios deja de ser una hipótesis descabellada en los análisis de los economistas, que empiezan a dudar sobre la posibilidad de ejecutar un ajuste gradual sin que se genere una conmoción política.

"Las anclas nominales (dólar, tarifas) no se pueden perpetuar en el tiempo porque perjudican a los sectores que quedan retrasados. El avance de la inflación acrecienta la distorsión de precios y hace que aquellos que están regulados comiencen a mostrar síntomas de debilidad", advierte la consultora Economía & Regiones.Similitudes y diferenciasAtraso cambiario, escasez de divisas, dificultades para financiar el gasto público, tarifas congeladas de servicios, distorsiones de precios relativos... y todo en un clima de incertidumbre social.

Las semejanzas con el momento previo al "Rodrigazo" son innegables.

Sin embargo, hay expertos que restan dramatismo sobre una inexorable repetición de la historia, y observan que hay algunos atenuantes que juegan a favor de la situación actual.

Por caso, Daniel Artana, economista jefe de la fundación FIEL, destaca que no existe el desabastecimiento de productos que había en los '70. Y, sobre todo, que el déficit fiscal de hoy, en torno del 4%, es la tercera parte del que había en aquella época.

"Todavía se pueden corregir los desequilibrios sin que se produzca una mega crisis porque nos ayuda el contexto externo favorable", indicó, aunque admitió que el paso del tiempo va complicando las cosas.

Mientras tanto, el economista Andrés Méndez pone el foco sobre las reservas del Banco Central -medidas por su capacidad de repago de la deuda externa-, que hoy son cuatro veces más altas que en aquel entonces.

También el economista Miguel Bein destaca una situación más desahogada: "El nivel de reservas actual equivale a casi ocho meses de importaciones, mientras que en ese entonces apenas alcanzaban para cubrir poco menos de dos meses".

De todas formas, Bein reconoce que la distorsión de precios relativos actual, si bien no es tan aguda como la de 1975, no es para despreciar: "Un análisis simplificado de ajustar de una vez las tarifas de servicios públicos, por el aumento del resto de los precios que componen la canasta de inflación, resulta en un aumento de 403%", señala el analista, para quien un ajuste de este tipo es "políticamente inviable".

Pero a la hora de marcar diferencias con 1975, la principal es el entorno internacional.

En aquel momento, la Argentina sufría el golpe de la caída de los precios de las materias primas, como consecuencia de la crisis petrolera de 1973. Ello implicó una abrupta disminución en la entrada de dólares al país, y por lo tanto las reservas del Banco Central disminuían a un ritmo de dos tercios en un año.

Claro que, en ese entonces, la palabra "soja" era casi exótica para los argentinos, que hoy tienen en este cultivo su principal producto de exportación, con precios que siguen altos y una demanda firme por parte de los países asiáticos. Sin embargo, nadie garantiza que el "viento de cola" de la soja, a más de u$s600 pueda durar eternamente.

Pero, aun bajo la hipótesis de que las cotizaciones agrícolas sigan beneficiando al país, empieza a haber cierto consenso entre los economistas en el sentido de que no hay contexto internacional, por más bueno que sea, que pueda compensar un escenario doméstico con agudas distorsiones de precios y preocupante falta de inversiones."Insistir por este camino, a la espera de que el ‘Lotosoja' provea más dólares, que reaparezcan los ‘20.000 millones de dólares de los chinos' o que particulares ‘negocios' con algunas petroleras modifiquen rápidamente el escenario energético, sin alterar los precios locales de la energía, resulta una apuesta extremadamente peligrosa", advierte el economista Enrique Szewach."Un tsunami hecho por hombres"

En definitiva, aun reconociendo que hay diferencias históricas que hoy "blindan" a la economía contra los ajustes, hay quienes recomiendan no confiarse en exceso en las bondades de la soja y reconocer el riesgo real de una distorsión que necesite correcciones drásticas.

Como Manuel Solanet, de la fundación Libertad y Progreso, quien pone la lupa en los parecidos con otra crisis histórica: la de 2001, cuando colapsó el "uno a uno" entre el peso y el dólar.

Destaca que mientras que en aquel entonces el gasto público era un 30% del PBI, hoy asciende al 43 por ciento.

Y hace una observación inquietante: "Se entiende por qué el Gobierno está angustiado tras los dólares. Es que, bien computadas, las reservas se muestran insuficientes para seguir pagando con ellas los vencimientos de la deuda pública".

En la misma línea, Jorge Colina, economista jefe de la Fundación Idesa, señala que el peligro es que el "modelo K" ha tenido, como característica principal, "una vertiginosa expansión del tamaño del Estado".

"Prueba de ello es que el gasto público más que se duplicó en términos reales al cabo de una década", observa Colina, para quien no deben cargarse las tintas exclusivamente sobre el Gobierno.

Su argumento es que los principales desequilibrios de la economía surgen de medidas que han tenido amplio consenso de varios sectores: "Se trata de las estatizaciones de empresas, de jubilaciones otorgadas sin aportes con las moratorias, del no ajuste de las tarifas de los servicios públicos o del nombramiento masivo de empleados estatales".

En definitiva, los temores de los analistas económicos ya no son que se produzca una "noventización" por el retraso del tipo de cambio, ni una "ochentización" por el desborde inflacionario, sino una "setentización" por las condiciones parecidas a las que dieron lugar al temido "Rodrigazo".

Tanto que por estos días muchos están repasando aquella página de la convulsionada historia reciente.

Así lo describe el ensayista Daniel Muchnik: "Una irrealidad que abruptamente, de la noche a la mañana, aflora en la superficie con fuerza inaudita y cambia todo, la economía, la sociedad, la producción, los modos de vida y evapora todos los contratos. Una especie de tsunami, pero creado por hombres".

Y observa lo que todos sienten: 2012 no es 1975, pero a medida que el tiempo pasa, el margen para evitar que la historia se repita es cada vez menor.