En España ya sospechan de dos "maniobras" a las que apelará la Argentina para no pagarle ni "un peso" a Repsol

"La gran habilidad de los abogados del Estado argentino es reconocida en los tribunales de arbitraje internacional. Y es que, no en vano, el país es el que más demandas acumula en el mundo por expropiar empresas (casi medio centenar), la mitad de las cuales han terminado en condena", señala el reconocido periódico español Cinco Días.

Fuentes jurídicas afirmaron al medio que, a la vista de los antecedentes, dos serán las vías judiciales que intentará el Gobierno de Kirchner para lograr que el árbitro acepte la expropiación de YPF sin tener que pagar ni un dólar a Repsol, que poseía el 56% de las acciones de la petrolera.

Por un lado, que sea condenada por algún tipo de delito ecológico (algo que ya ha comenzado a denunciar en algunos campos).En otro orden y, sobre todo, demostrar que en torno a la privatización de YPF, que se cerró en 1999, hubo coimas.

Existe un caso en el que se basarían ahora los letrados argentinos: el de la expropiación de una licitación ganada por Siemens AG en el país, por la que no tuvo que pagar nada tras demostrarse que la compañía alemana había sobornado al Gobierno de Carlos Menem.

La empresa alemana reconoció haber pagado comisiones ilegales para ganar el concurso convocado por el Gobierno argentino en 1996 para la impresión de los nuevos documentos nacionales de identidad (DNI) electrónicos; los padrones electorales y la informatización de los pasos fronterizos.

Según las mismas fuentes, la norma en el campo del arbitraje internacional es que "sólo puedes pedir indemnizaciones si tienes las manos limpias".

A este respecto, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, aseguró al día siguiente del anuncio de la expropiación e intervención de su filial argentina que la empresa española, frente a lo que puede ser habitual en estos países, "jamás pagó comisión alguna". De hecho, añadió, "es quizás por esto por lo que estamos pagando ahora esta factura".

En todo caso, el objetivo del Gobierno de Kirchner es no tener que pagar nada por el momento y, de tener que hacerlo, que sea no antes de cinco años, señaló CincoDías.

Las opciones de Repsol

Una cuestión relevante respecto a los plazos es saber si, como señala el acuerdo de promoción y protección recíproco de inversiones (Appri) que mantienen España y Argentina, la denunciante del tratado debe realizar antes, y durante 18 meses, "una acción en los tribunales nacionales".

Repsol podría librarse de este trámite si apela al llamado caso Maffezzini, un pequeño empresario argentino que denunció hace más 10 años al Reino de España ante el Banco Mundial (más concretamente, en el Tribunal de Arbitraje del Ciadi, organismo que promueve las inversiones en países no desarrollados) para reclamar los avales de una pequeña inversión que había perdido en Galicia.

Maffezzini apeló, "en un golpe de genialidad" a una cláusula del acuerdo, la de nación más favorecida, que le permitió que se aplicara el Appri que España mantenía con Chile y que no incluía dicho requisito de los 18 meses. El caso de Maffezzini pasó a la historia por esta razón y lo aplican la mayoría de los árbitros.

Repsol podría optar también por ir a los tribunales argentinos para denunciar el incumplimiento de la ley de privatización de YPF (que obliga a lanzar una opa y pagar un precio tasado, que valora el capital de la empresa en 18.500 millones de dólares) o de la propia Constitución argentina (que establece el derecho a la propiedad privada).

Sin embargo, según fuentes empresariales, el recurso a alguna de estas vías impide a la vez acudir al arbitraje.